La petrolera Navitas Petroleum, de capitales israelíes, afirma que extraerá crudo del mar al norte de Malvinas desde finales de 2026 a partir de una licencia ilegal otorgada por el gobierno kelper. Además, la compañía prevé presentar en este primer trimestre de 2024 un informe de impacto ambiental a las autoridades isleñas.

El objetivo y el plazo para lograrlo surgieron de un estudio de la firma de consultoría Netherland Sewell & Associates (NSAI) encargado por Navitas. La misma consultora realizó un trabajo similar el año pasado. El actual adelantó en un año la fecha del llamado “primer petróleo”, que es el que surge cuando arranca el proceso de extracción.

Además, el informe de NSAI indicó que la cantidad de petróleo con elevadas posibilidades de ser extraído creció un 11% respecto del cálculo realizado un año atrás, al pasar de 712 millones de barriles a 791 millones.

El petróleo en cuestión se encuentra en el yacimiento denominado Sea Lion (león marino), ubicado en la cuenca Malvinas norte, a unos 280 kilómetros al norte de la costa de las islas. Navitas comparte la propiedad del depósito con Rockhopper Exploration.

La ecuación económica de Navitas y Rockhopper apunta a una inversión de U$S 1200 millones hasta lograr la primera extracción comercial de crudo. La producción se realizaría a partir de la perforación de 23 pozos que enviarían el petróleo a un tipo de nave en la superficie, conocida como FPSO, que almacena crudo para descargarlo luego en barcos tanque.

Los socios tomarán la decisión final de iniciar la producción este año. Mientras, evalúan opciones de equipos y naves FPSO disponibles.

El informe de NSAI calcula que el campo tendrá una vida útil de 15 años con una extracción diaria promedio de 55.000 barriles. El costo unitario de cada barril sería de U$S 25, de los que U$S 8 serían en concepto de gasto de capital y los U$S 17 restantes por el gasto operativo.

Con un precio del barril que oscilará entre los U$S 61 y los U$S 73 de acá a 2030, según la Agencia Internacional de Energía, la ganancia está asegurada desde el primer día de producción ya que solo el 40% del valor de cada barril estaría destinado a solventar los gastos de capital y operativos.

Según Rockhopper, el esquema “proporciona una economía muy sólida y un proyecto de menor riesgo con un punto de equilibrio atractivo por debajo de los 25 dólares por barril (en comparación con los 27 dólares reportados anteriormente)”.

Navitas ya presentó el plan de desarrollo de Sea Lion a las autoridades kelper y de acá a marzo entregará una Evaluación de Impacto Ambiental actualizada.

El plan prevé una segunda etapa de producción, a partir de 2031, que involucraría una inversión de otros U$S 1300 millones y que podría incluir un incremento de la producción.

Sanciones

En abril de 2022, la Secretaría de Energía declaró “ilegales” las actividades desarrolladas por Navitas Petroleum en la Plataforma Continental Argentina, próxima a las Islas Malvinas, por tratarse de una compañía que no figura en los registros como concesionaria y/o permisionaria para realizar exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

La medida se dispuso mediante la Resolución 240/2022 en la que se declaró a Navitas Petroleum “clandestina” por desarrollar actividades “sin estar habilitada para ello por las autoridades competentes argentinas”, y se la inhabilitó por 20 años para operar en exploración y producción de hidrocarburos en la Argentina.

Esa sanción incluyó contactos con la embajada de Israel en Buenos Aires, a fin de notificar a Navitas de la situación irregular en la que se encontraba. Si bien la embajada israelí recibió el pedido, no hubo respuesta.

El comportamiento de Navitas no solo viola la legislación petrolera argentina en tanto carece de licencia para operar en el territorio nacional. Además, lo hace a partir de una licencia ilegal otorgada por el gobierno ilícito instalado en Puerto Argentino.

En octubre de 2019, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que señalaba que las actividades de Rockhopper y otra petrolera, Premier Oil, “constituyen actos unilaterales contrarios al derecho internacional, tal como lo refleja la Res. AGNU 31/49”, que insta al Reino Unido y a la Argentina a “abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas, mientras estén pendientes las negociaciones recomendadas por Naciones Unidas”.

En ese entonces, las firmas habían realizado poco antes una exploración de Sea Lion con la plataforma Eirik Raude (foto), cuyos resultados fueron luego analizados por NSAI.