Mediante el decreto 149/25 el gobierno nacional dispuso la eliminación de los aportes que reciben las cámaras empresarias de parte de todas las empresas radicadas en el país cuya representación ejercen dichas entidades más allá de la afiliación o no que la unidad productiva haya decidido tener.

En rigor, el decreto dispone que a partir de junio de este año (90 días), la Secretaría de Trabajo no homologará acuerdos en convenciones colectivas que incluyan cláusulas que dispongan ese tipo de contribuciones. A la vez, autoriza a las empresas que estuvieran siendo alcanzadas por ese tipo de cláusulas, a denegar el pago de lo que catalogan como un “impuesto privado” en forma particular mediante una notificación a la entidad correspondiente.

Le decisión generó reacciones contradictorias entre las diversas entidades, en particular en el sector de Comercio.

En contra

Los fondos recaudados, en general, son presentados en los convenios suscriptos bajo la forma de recursos para financiar cursos de capacitación a empresarios y trabajadores o para la asistencia técnica de los mismos a cargo de las entidades representativas del sector. El ejemplo más notorio es el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INCAP) que, entre otras entidades, gestiona la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Por eso, la organización gremial emitió un comunicado repudiado la decisión y defendiendo su actividad.

Para la CAME, esos fondos “no sólo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para darle voz a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina”. Es que ese tipo de recursos, más allá de las cuotas de afiliación que las empresas realizan en forma voluntaria e individual, resultan gran parte de la base de sustentación económica de las entidades representativas de los empresarios.

La entidad mencionada, por eso, repudió el contenido del decreto y aclaró que la contribución “al no tratarse de un aporte personal, el trabajador no sufre ningún descuento en su salario” y que, por lo tanto, “la eliminación de su obligatoriedad en el caso de Comercio no implicará un incremento en el salario de bolsillo de los empleados”.

El presidente de la CAME, Alfredo González, cuestionado por otras entidades que pidieron la intervención del gremio.

En el mismo tono se pronunció la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que insistió en que «no es correcta la información que indica que estos fondos en parte se destinan al sostenimiento de entidades sindicales. Por el contrario, los recursos del INACAP son administrados exclusivamente por el sector patronal. Esto es, son recursos que aportan los empresarios y que son gestionados por las cámaras empresarias que los representan”.

La CAC asegura que el INCAP “ha permitido la capacitación de más de 8 millones de personas” y que “las formaciones en cuestión permitieron incrementar las calificaciones de empresarios y trabajadores, favoreciendo no solo la competitividad de las empresas, sino también el desarrollo personal de los estudiantes”. Sin embargo reconoció que “la normativa que regula su funcionamiento establece para éste otros propósitos, como fomentar la interacción con los distintos organismos del Estado en todos sus niveles, la promoción de la actividad comercial y el fortalecimiento del desempeño de las entidades empresarias en sus diversos grados. En definitiva, sostener el núcleo de la actividad gremial empresaria”. Por eso, aseguran, sin esos recursos, algunas cámaras, “probablemente no podrían subsistir”.  

El decreto, aseguran los representantes gremiales de la CAME, debilita la capacidad de negociación de los empresarios frente a los sindicatos.

¿A favor?

Entre las patronales, el decreto, generó reacciones diversas y exhibió una fuerte interna que llevó a que la Confederación Federal Pyme Argentina liderada por Mauro González pidiera la intervención de la CAME y la renuncia de su presidente Alfredo González sobre quien, aprovecharon para recordar, pesan “escandalosas condenas en la Justicia por acoso laboral y trabajo en negro”. 

Mauro González, de Confederación Federal Pyme aprovechó la ofensiva libertaria para cuestionar a la CAME.

La Confederación destacó el “revuelo en el sector mercantil” que generó el decreto porque, aseguran, “desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por “capacitación” por cada empleado, aunque no se capaciten nunca, lo que representa una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año”. La entidad asegura que “no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)”.

Esa entidad destaca que solo en el sector mercantil la contribución “alcanza a 1,2 millones de trabajadores por una cuota que en marzo “se incrementará a $4.725 por cada trabajador” equivalentes al 0,50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial.

Para Mauro González “la falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del INACAP, es más que notable”, es que, continuó, “no hay forma, como comerciante obligado a aportar mensualmente, de acceder públicamente a esta información”.

Los sindicatos en la mira

El DNU omite hacer referencia a las representaciones sindicales pero, objetivamente, resulta un antecedente ineludible para que el gobierno avance también sobre ese tipo de recursos de los que también se nutren las entidades sindicales. Lo hacen, como las cámaras, bajo la forma de cursos de capacitación o directamente bajo la forma de aportes “solidarios” a los sindicatos por el derecho a la firma de las paritarias que se aplica sobre el conjunto de los trabajadores de convenio y no solo sobre los afiliados a la entidad.

De hecho, un artículo de esa naturaleza estaba presente en el DNU 70/23 y se encuentra suspendido por una cautelar en la justicia laboral.

Entre bambalinas la medida genera estupor y alerta en los grandes sindicatos que, de un tiempo a esta parte, han orientado su estructura hacia este tipo de recursos y no a la afiliación de sus representados que, en muchos casos, pone en peligro su propia representación.

El caso más emblemático es el de los Gastronómicos de Luis Barrionuevo o el mismo gremio de empleados de Comercio de Armando Cavallieri.

Sin embargo, por el momento, la CGT optó por el silencio a la espera de una negociación particular en la que el gobierno intentará incluir el proyecto de reforma laboral, las paritarias, el dinero de las obras sociales y el proyecto de democracia sindical.