No hay sector vulnerable que no reciba un golpe. Este jueves llegó el turno de la población de electrodependientes. Mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó el registro de pacientes que necesitan financiamiento para adecuar su vivienda para la incorporación de una fuente alternativa de energía y estableció un plazo mayor para que las empresas –Edenor y Edesur- den respuesta. “El Estado se corre, ahora te dicen arraglate con la empresa”, resumió Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED).

La Resolución 330/2024 deroga las Resoluciones 97/2021, 254/2023 y 472/2023, que daban la posibilidad de registrarse ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para obtener financiamiento para realizar las reformas necesarias en las viviendas con personas electrodependientes ante la colocación de fuentes alternativas de energía (FAE).

“La ley establece la gratuidad del servicio para personas electrodependientes y otorga derecho a solicitar una fuente alternativa de energía, como un grupo electrógeno o batería. Cuando el ENRE reglamentó eso, estableció que había que presentar certificados de adecuaciones que muchas familias no podían pagar. Por eso, en la gestión anterior se creó un registro de personas que solicitaban financiamiento para esas adecuaciones en sus viviendas. Ahora eso lo eliminan, el Estado se corre. No le podés pedir nada al ENRE, tenés que pedir a Edesur o Edenor sin el Estado como intermediario”, explicó Stefanizzi en diálogo con Tiempo.

“Es un retroceso –definió- Pudimos avanzar hace tres años atrás con este sistema, con el financiamiento, el formulario por el cual lo solicitabas. Y el ENRE había creado una mesa de seguimiento y control donde participábamos junto a las empresas. Había un Estado presente, controlando, haciendo de intermediario y obligando a que se cumpla. Ahora quedamos otra vez a voluntad de las empresas”.

Estado ausente

Además, modificaron el tope de ingresos de quienes podían acceder a solicitar ese financiamiento. Hasta ayer, tenían derecho quienes no superaran tres canastas básicas y media. A partir de ahora, el tope es una CBT. “Estamos denunciando no solo que el Estado se corre, sino que además hay un ajuste. Hay gente que hasta ayer podía acceder y hoy no. Una familia que cobra 900 mil pesos hoy queda afuera”.

En tanto, la Resolución 329/2024 establece que las empresas distribuidoras disponen de más tiempo para responder a las denuncias de falta de suministro eléctrico en estas viviendas. “Antes tenían 48 horas y ahora, 48 horas hábiles. Si te agarra un fin de semana, tienen más días. No entiendo el sentido de eso, son menos derechos para nosotros y más para las empresas”, apuntó el titular de la AAdED.

“Ya sabemos cómo va a ser esto, porque ya nos pasó. En las empresas el personal no está capacitado. No es que se da en el marco de un programa que incluye capacitaciones. Sacan una resolución y listo. Pero en las empresas no están al tanto de las normativas y derechos de electrodependientes”, cuestionó Stefanizzi, autor de “Conectados por siempre”, donde narró su lucha por conseguir la sanción de la Ley 27.351 por los derechos de las personas electrodependientes, como su hijo Joaquín.

La salud según los libertarios: el registro de electrodependientes está en riesgo de sufrir recortes

Las novedades causaron indignación pero se veían venir. Entre otras cosas, por recortes de personal en el ENRE. “Estábamos recibiendo muchas consultas de familias diciendo ‘pedí el financiamiento, nunca me contestaron, no tuve respuesta, no contestan los correos’. Por eso pedimos una reunión y fuimos recibidos por el interventor –Darío Oscar Arrué, quien firma las resoluciones publicadas este jueves- Nos adelantó que iban a rever el esquema, porque no hay plata”.

Más allá del latiguillo del presidente Javier Milei con el que se justifican todos los recortes, el universo de la población electrodependiente es acotado. “Hablamos de muy poca gente. En el área de Edenor y Edesur hay aproximadamente 6000 electrodependientes. Potenciales beneficiarios del financiamiento podía haber mil o dos mil personas”, dijo Stefanizzi.

“Están impidiendo a muchos acceder a la fuente alternativa de energía en los términos de la Ley N° 27.351”, alertó la AAdED.