El economista Carlos Rodríguez, liberal ortodoxo y hasta noviembre del año pasado asesor de Javier Milei, acertó dos veces en sus posteos en la red social X en la última semana.

Primero, refutó los cálculos del presidente, quien afirmó que la nueva ley de jubilaciones implicaba “un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos”. Rodríguez observó que se trataba de “una elucubración totalmente incorrecta” porque asumía salarios por encima de la inflación de acá a la eternidad e ingresos de Anses congelados. Un absurdo: “Todo esto es muy poco serio”, remarcó.

Segundo, cuando Mauricio Macri salió a defender el veto a la ley, tras dar libertad de acción a los legisladores del PRO para que la aprobaran, Rodríguez lo castigó: “El ingeniero Macri se jugó a favor del veto de la ley que se votó con apoyo del PRO sin mencionar ningún número de costo fiscal. Ese movimiento suena a intercambio de favores”.

Esa impresión pareció volverse realidad este fin de semana en que circularon fuertes versiones en el sentido de que el gobierno ultraderechista estaría dispuesto a ceder posiciones en favor de alfiles de Macri. Concretamente, se habló de una próxima reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el hombre de Macri en el tema transporte, Guillermo Dietrich.

Rodríguez no fue el único economista del palo de Milei que lo criticó por mentir con las cifras relativas al impacto fiscal de la nueva ley jubilatoria. Ayer, Carlos Melconian, en diálogo con radio Mitre, dijo que Milei “sobreactúa” cuando asegura que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal.

Estas explicaciones desarman el corazón del argumento de Milei para vetar la ley previsional, que la norma no “determina la fuente de su financiamiento”.

Melconian llegó a recordar que casi el 30% del “ahorro fiscal” del que alardea el gobierno es producto del ajuste a las jubilaciones y pensiones. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la licuación de los haberes de los jubilados seguía siendo, a julio último, la base del ajuste del gasto público, contracara del superávit fiscal. CEPA calculó que en el acumulado enero-julio, ese retroceso fue del 27,7%, aunque en julio fue menor, del 15%, porque en ese mes el ajuste general del gasto fue menos abrumador que en los meses previos.

La licuación de los haberes jubilatorios se observa con claridad en una comparación: mientras que la inflación entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 fue del 144%, la suba de las jubilaciones llegó al 107%, es decir 37 puntos porcentuales menos. Si la mirada se extiende, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones alcanza a la friolera del 54% desde septiembre de 2017 a agosto de 2024.

Las cifras marcan la ilegitimidad del superávit fiscal, que recae sobre las espaldas de la población trabajadora, sea activa o pasiva, con más potencia que sobre cualquier otro sector social. Si esta población quisiera recomponer sus ingresos, debería enfrentar a Milei, para quien este superávit es “innegociable”. Al presidente no se le ocurre que el resultado fiscal se puede obtener de otra manera, por ejemplo, con impuestos progresivos sobre la riqueza y el capital, o reformulando el costo anual de los intereses de la deuda pública, que es diez veces superior al impacto fiscal de la nueva ley de jubilaciones.

La Corte Suprema colaboró con el planteo ultraderechista esta misma semana al rechazar el reclamo de un jubilado que en primera y segunda instancia logró el reconocimiento de un haber inicial que era equivalente al 70% del salario en actividad. Para llegar a esta decisión, los cortesanos se respaldaron en argucias técnicas y dejaron de lado lo fundamental: su propia doctrina histórica que rescata el alcance de la movilidad constitucional y el mantenimiento del nivel de vida digno, como explicó el ex juez Luis René Herrero, uno de los camaristas que en 2018 falló en favor de la demanda del jubilado.

“Si la Corte hubiese fallado en favor de la demanda le habría generado un fuerte dolor de cabeza a Milei”, dijo un analista, quien apuntó que de esta manera la Corte daba un aval al veto del gobierno a la nueva ley jubilatoria y eventualmente era un guiño favorable a Milei en caso de que recurriese a los tribunales para impugnar una reversión del veto en el Congreso.

Está por verse si el gobierno recurrirá a esta última carta. El acuerdo alcanzado con el PRO el viernes es, explícitamente para evitar que el Congreso revierta el veto.

Con esta decisión, la Corte estaría planteando su acuerdo con que la tasa de reemplazo (como se llama técnicamente al haber inicial del jubilado) esté muy por debajo de cualquier canasta de bienes esenciales, más aún cuando los salarios están deprimidos en términos históricos.

Esa jubilación históricamente baja es más parecida a una pensión a la vejez y un paso previo a la privatización del sistema previsional. El tema está en el punto 9 del “Pacto de Mayo”. Dice que los firmantes (el Poder Ejecutivo, 17 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño) impulsarán “Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. Pero esta es una versión negociada. La versión original, expuesta por Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, decía: “Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.

Los jubilados que el miércoles pasado fueron apaleados y gaseados por la policía ya advirtieron que volverán a marchar el próximo miércoles. Se abre un frente de conflicto que por sus alcances puede reconfigurar la relación de fuerzas sociales en escena. «