Día tras día, desde el domingo 10 en que asumió, el gobierno de Milei gana la centralidad de la arena política, en un reguero de anuncios y gestos públicos. Siguió mostrando inconsistencias, improvisación y precariedad en la conformación del gabinete y el elenco de funcionarios, y en varias de sus primeras acciones. Sin embargo, la flamante administración derechista hoy tiene la iniciativa, ante una sociedad con amplios sectores esperanzados y muchos otros estupefactos, y un campo político en estado de desorden y reconstitución. En verdad, las medidas económico-sociales aún no alcanzan a tomar el nombre y las típicas articulaciones de un Plan. Antes que eso, lo que se suceden son declaraciones de intenciones y unas pocas medidas de efectividad inmediata.

Pero la orientación ya está definida. La Libertad Avanza en el poder intentará ser la cuarta experiencia neoliberal del último medio siglo. Sus antecedentes son obvios: el proyecto de la dictadura militar y su ministro Martínez de Hoz (anticipado con el Rodrigazo); el modelo de las reformas estructurales y la convertibilidad de Menem (continuado en otros términos por la Alianza); y el efímero y frustrado experimento gradualista del macrismo, el menos ambicioso. Milei pretende aprender de todos estos procesos, con el objetivo de ir más lejos y reformar in toto el capitalismo argentino, haciéndolo socialmente más regresivo y desigual, con mayores niveles de concentración de la propiedad, apertura comercial y desregulación, con nulos márgenes de intervención estatal y protección social. En este laboratorio, los libertarios requerirán de la aplicación de enormes cuotas de represión y medidas de disciplinamiento social y político contra los que se alcen en contra de sus tentativas refundacionales.

Las medidas en marcha se resumen en dos ejes: una fuerte devaluación de más del 100% y una ofensiva fiscalista para bajar el déficit, con un régimen de austeridad temerario. Los dos se conectan, en un ajuste de grandes proporciones. Por lo menos en los próximos cuatro meses la inflación se acrecentará a cifras que no se conocían desde los años ’80 y hasta principios de 1991. El gasto público podría bajar mucho. Por el momento, quizás no tanto por la vía de los despidos, pero sí por la licuación de los salarios (en situación de «congelamiento») de la enorme masa de empleados estatales. A ello también contribuiría la baja contundente de subsidios en el transporte y las tarifas de servicios públicos. Todo en nombre de la lucha contra aparentes privilegios y demagógicas prebendas del sector público. Quizás, de a poco, la «gente» comience ahora a tener una noción más rigurosa de lo que se entendía como el combate contra la «casta». 

Mirada histórica

Con la mirada hacia la historia, los lineamientos de Milei y Caputo (este último, probablemente un ministro «fusible» listo para ser cambiado una vez que su trabajo sucio inicial sea completado) resumen retazos de otros planes con los cuales la clase dominante argentina procuró salir de la recurrente crisis orgánica del sistema del capital, el «empate hegemónico» entre sus distintas facciones y de los péndulos y colapsos de la balanza de pagos, las caídas recesivas y los saltos inflacionarios.

La combinación entre devaluación y tarifazos con congelamiento salarial ahora anunciado se asemeja a lo que implantó el ministro Celestino Rodrigo en 1975. El entrelazamiento entre devaluación y retenciones agrarias de esta semana (para disgusto de la Mesa de Enlace) tiene gusto a Adalbert Krieger de 1967. Esta misma última fórmula, pero agregando aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar, que adelantó Caputo, es parecido a la salida de la convertibilidad con Remes y Lavagna de 2002-2003. Por fuera de esto, las iniciativas que apuntan a la liberalización y la apertura comercial, el achicamiento brutal del Estado y los inicios de una reforma laboral radicalizada rinden culto a la propaganda de la dictadura de Videla y del menemismo noventista. Por último, el actual escrupuloso compromiso en el cumplimiento de los pagos de la fraudulenta y onerosa deuda externa es común a todos los gobiernos desde hace décadas.

Los costos sociales del programa en curso, como lo fueron los anteriores, son y serán abrumadores. No en un futuro lejano, sino en el tiempo más inmediato, en el actual ciclo estival. Si el ministro Alsogaray hizo famosa su expresión «hay que pasar el invierno» en junio de 1959, para ganar tiempo con fin de imponer su plan de austeridad, las iniciativas de «Toto» prometen descargar lluvia ácida sobre los ingresos populares en estos meses de intenso calor, con las vagas promesas de una recuperación de cierto equilibrio a partir de las más templadas semanas de abril y mayo. Le resulta imperioso comprar tiempo. «Hay que pasar el verano» podría ser una consigna fácil de enunciar, pero encierra desafíos ciclópeos, en medio de esta estampida de los precios.

El gobierno de Milei comienza a evidenciar algunos signos de musculatura, muestras de flexibilidad para forjar acuerdos y capacidad de reclutar apoyos. Pero todo se combina con recelos e incredulidades. Logró respaldos del FMI y de sectores empresariales, de los que antes carecía, aunque el mantenimiento de ciertos impuestos, nuevos proyectos tributarios y postergaciones de medidas le sigue enajenando la confianza plena de otras fracciones de la burguesía. En términos políticos, empezando casi desde la nada, demostró destreza para expandirse a partir de crecientes apoyos moleculares. Pudo incorporar figuras de Juntos por el Cambio y dividir ese conglomerado, cooptando al sector de Bullrich y ahora distanciándose más del macrismo. Conquistó una inicial neutralidad opositora del radicalismo y de amplias expresiones de los peronismos provinciales, que se aprestan a negociar gobernabilidad desde el Congreso a cambio de concesiones. La primera victoria de Villarruel en el Senado es una señal. El kirchnerismo, la CGT y varios movimientos sociales impugnan discursivamente las novedades mileistas, pero no se disponen a concretar acciones de respuesta inmediatas.

En este impasse sobrevendrá el desafío de la marcha del miércoles 20 a Plaza de Mayo convocada por un centenar de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, sobre todo vinculadas a las izquierdas, que una ministra Bullrich imbuida de espíritu thatcherista se apresta a disolver e impedir. Será una primera prueba de fuego. Puede constituirse en un punto de confrontación. O no y, así, arribar a las fiestas, empalmar con el mayor letargo vacacional y postergar el mayor momento de definición para marzo. Ese no será un mes fácil, acumulando 100% de inflación desde diciembre con salarios planchados. Entramos en un verano caliente y de futuro explosivo. «