El tribunal que diseñó la teoría del cuentapropismo en el espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri afronta un nuevo desafío: cómo dejar sin efecto el único procesamiento que pesa sobre el ex presidente sin desdecirse, pese al agobio que le causan las abrumadoras pruebas en contrario, desde la reunión de la Gestapo hasta las declaraciones de los propios espías que consignan que sólo obedecían órdenes de la jefatura de la AFI.
La Sala de la Cámara Federal integrada por Leopoldo Bruglia y los dos padres del cuentapropismo, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, deberá resolver en los próximos días la apelación que presentó el abogado de Macri, el ex fiscal Pablo Lanusse, contra el procesamiento que dictó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en la causa por espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan.
En la causa principal –aquella en la que hay sobrada prueba de espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli- ese mismo tribunal consideró que las tareas ilegales las habían realizado espías ocasionales que se manejaron a espaldas de la conducción que ejercían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Pero los propios espías procesados, en su mayoría ex integrantes de la Policía Metropolitana y su sucesora, la Policía de la Ciudad, dijeron ante los jueces y en la Comisión Bicameral de inteligencia que ellos recibían órdenes que bajaban de la estructura jerárquica.
La aparición del video de la reunión en el Banco Provincia en la que se habló de una “Gestapo sindical” cuyo primer objetivo era el gremialista de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, terminó por malherir a la idea del cuentapropismo. Allí estaban tres jerárquicos de la AFI, funcionarios del gobierno de Cambiemos.
El martes, en la audiencia de apelación sobre el procesamiento de Macri, la abogada querellante Valeria Carreras hizo hincapié en esos hechos que desmienten el cuentapropismo.
Pero Lanusse, quien no asistió a la reunión virtual, presentó un escrito en el que deslizó cuál podría ser la salida para que el tribunal desprocesara a Macri sin meterse en el “emprendedurismo” del espionaje.
“Es evidente así que como lo dijimos desde la primera recusación, la actuación del Juez Federal subrogante Martín Bava estuvo signada -cuanto menos- de injerencia de factores externos y de intereses políticos que provocan, cuando eso se verifica, que la Justicia asustada, huya por la ventana del templo de los Tribunales. Y la solución a ello, para equilibrar el fiel de la balanza es sancionar con nulidad todo lo obrado por el nombrado para restablecer el valor Justicia y su credibilidad no solo en favor de mi ahijado procesal, sino de toda la sociedad interesada en su recto funcionamiento”, propuso Lanusse.
El defensor atribuyó la conducta de Bava a “la animosidad, los intereses extra procesales y la funcionalidad del Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en la persecución política contra mi asistido, el Sr. Mauricio Macri, todo lo cual bastardea la recta administración de justicia, el debido proceso y la defensa en juicio y requiere que se fulmine de nulidad todo lo actuado”.
La solución, entonces, es la nulidad. Si todo lo que hizo Bava es nulo, la causa queda reducida a la nada misma. El procesamiento se cae, el resto de las imputaciones también, y el tribunal no tiene necesidad siquiera de mencionar aquello que dijo al parir la teoría del cuentapropismo.
La abogada Carreras intentó contrarrestar la jugada advirtiendo que Bava ya no está al frente de la causa porque decidió desprenderse de ella cuando observó que todos los expedientes sobre espionaje ilegal aterrizaban, más tarde o más temprano, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
Pero lo cierto es que el único procesamiento que pesa sobre Macri lo dictó Bava. Y es justamente eso lo que está en discusión en Comodoro Py, ese ámbito en el que el ex presidente juega de local.
