La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió de forma unánime, que existen indicios suficientes para iniciar una acción penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), así como contra otros siete exfuncionarios de su entorno, por su implicación en una tentativa de golpe de Estado en 2022.
Los votos fueron emitidos el miércoles por los magistrados Alexandre de Moraes (ponente), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin.
De acuerdo con la resolución del STF, los acusados enfrentarán ahora cargos penales que podrían derivar en penas de prisión.
Las acusaciones
El magistrado Moraes, relator del caso, sostuvo que la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contiene pruebas suficientes para dar curso al proceso penal. Señaló que:
- Bolsonaro habría liderado un plan golpista.
- Atacó la credibilidad del sistema electoral.
- Participó en la redacción de un documento que pretendía justificar un golpe de Estado tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022.
Los acusados deberán responder por los siguientes delitos:
- Abolición violenta del estado de derecho: penas de 4 a 8 años.
- Intento de golpe de Estado: penas de 4 a 12 años.
- Organización criminal armada: penas de 3 a 17 años.
- Daño calificado contra el patrimonio público: de 6 meses a 3 años.
- Deterioro del patrimonio: de 1 a 3 años.
– A farsa da delação de Cid.
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 27, 2025
– PF, de orgulho à vexame.
– Fux desnuda A. Moraes.
– Peço divulgar. Obrigado. pic.twitter.com/AzLnrfdOR4
Además del expresidente, también fueron incluidos en esta etapa del proceso Walter Braga Netto, exjefe de Gabinete; Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional; Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Anderson Torres, exministro de Justicia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante personal de Bolsonaro.
El STF deberá ahora escuchar a los testigos de la defensa, conducir una investigación propia y evaluar la presentación de nuevas pruebas. Una vez finalizadas las diligencias, se abrirá el plazo para los alegatos finales, previo a decidir sobre la absolución o condena de los acusados.
BB con NA