Este viernes el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy ratificó la condena a 13 años a la dirigente social Milagro Sala en la causa denominada «Pibes Villeros» que investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales. La resolución rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa y fue firmada por los jueces Laura Lamas, José Manuel del Campo y Federico Otaola quienes ratificaron el dictamen de la Cámara de Casación Penal.

Milagro continuará detenida en su casa del barrio Cuyaya y aún resta una instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según adelantó su abogado defensor están preparando este recurso.

La decisión se dio a conocer casi en simultáneo con el cumplimiento de los cuatro años de prisión de la líder de la organización popular Tupac Amaru y se descontaba que sería en esta dirección dada la cercanía del Poder Judicial y el político en Jujuy. El gobernador Gerardo Morales, señalado por la propia Milagro como su “carcelero”, expresó que “más allá de voces y opiniones, está actuando la justicia”.

El jueves, Sala reafirmó su compromiso militante: «Volvería a hacer lo que hice porque estoy convencida de que hay que cubrir la necesidad del otro. La gente está esperando que los dirigentes le resuelvan los problemas. Lamentablemente, hay muchos dirigentes que no le resuelven el problema al otro, pero sí el propio. Lo que más extraño, ahora que estoy encerrada en mi casa, y lo que más extrañaba en la cárcel es la militancia».

El ministro del Interior, Wado de Pedro, el jueves 16 caracterizó a Milagro Sala como “presa política”. En el mismo sentido se expresaron muchas figuras de la política y el mundo judicial, muchos haciendo referencia a la persecución política, judicial y mediática (lawfare) a la que fue sometida la dirigente social.

El dictamen del STJ además absolvió a Raúl Noro, esposo de la dirigente social, “por el beneficio de la duda”, y confirmó los fallos contra Javier Nieva y la exconcejal de San Pedro de Jujuy Marcia Ivone Sagardia, sentenciada a ocho años. También se ratificó la pena a siete años de prisión a María Graciela López, las hermanas María y Adriana Condorí por fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas. Además el STJ rechazó el recurso a favor de los imputados Patricia Cabana, Iván Altamirano, Miguel Ángel Sivila y Gladis Díaz, integrantes la cooperativa Pibes Villeros, quienes cumplen penas de entre seis y siete años de cárcel.