El gobierno advirtió que vetará la reforma al sistema de movilidad previsional, que implica un aumento en los haberes de jubilados y pensionados. La norma fue convertida en ley por el Senado, por 61 votos contra 8 en contra.

La advertencia fue hecha por múltiples canales en las últimas semanas, entre ellos los tuits del propio presidente Javier Milei, quien acusó de “degenerados fiscales” a los legisladores que voten a favor de los cambios.

El argumento oficial, repetido hasta el hartazgo por el ejército de trolls y voceros con que cuenta el gobierno en las redes sociales, es que un eventual incremento en los pagos complicaría la situación fiscal.

Sin embargo, los cálculos realizados por uno de los organismos más reputados en el tema, como la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), señalan que el incremento en el gasto podría ser absorbido sin inconvenientes por el fuerte superávit fiscal que, motosierra y licuadora mediante, viene obteniendo el gobierno libertario.

En líneas generales, la ley ratifica que los haberes se ajustarán según la inflación, pero otorga un aumento adicional de 8,1% para corregir la deficiencia del empalme entre el sistema introducido por el DNU 274/24 y el que rigió hasta marzo de este año. Además, dispone que una vez al año se compare el resultado con el índice de los salarios del sector registrado y, en caso de haber un faltante, se incorpore al haber el 50% de esa diferencia.

Al respecto, la OPC elaboró un estudio en el que señala que la medida implicaría entre un 0,44% y un 0,74% del PBI en lo que queda del año. La diferencia radica en la continuidad o no de los bonos discrecionales que la Anses viene otorgando a los haberes más bajos desde hace un año y que en los últimos meses quedaron congelados en 70 mil pesos mensuales.

“El impacto fiscal incremental determinado para el año 2024 asciende a 0,44% del PBI, bajo el supuesto de que se siguen otorgando bonos de $ 70.000 hasta fin de año y que, en caso de aprobarse el proyecto, el suplemento del artículo 4 sustituye a estos. Para 2025, dependiendo de los posibles escenarios a aplicar, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69% y 0,80% del PBI”, señala el trabajo.

El suplemento mencionado, dispuesto en la ley, garantiza que el haber jubilatorio mínimo alcance 1,09 veces el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) definida por el Indec para un adulto. Ese coeficiente, en teoría, garantiza las necesidades alimentarias específicas de un adulto mayor.

“Para el caso de inexistencia de bonos de $ 70.000 a partir de agosto de 2024, el impacto incremental se estima en 0,74% del PBI para 2024 y 1,14% y 1,25% para 2025”, agrega el estudio.

Las cuentas de Economía

De una u otra manera, las cuentas fiscales tienen margen para cubrir el mayor costo del sistema jubilatorio. Según informó el último viernes el Ministerio de Economía, entre enero y julio el superávit primario fue de 1,4% del PBI y se estima que hasta fin de año oscilará entre 2% y 2,5%, según lo prometido al Fondo Monetario Internacional. Esto implica que los recursos están disponibles y que el cumplimiento o no de la ley por parte del gobierno sólo depende de su voluntad política.

Como si fuera poco, otra estimación realizada por el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) valida la legitimidad de girar mayores recursos al sistema jubilatorio. Según el análisis publicado por el economista Nadín Argañaraz, director del Instituto, entre enero y julio los pagos de jubilaciones y pensiones fueron $ 6,2 billones menores (a valores actuales) a los del mismo período del año pasado. Esa cifra equivale a 1,5% del PBI, según el cálculo a valores corrientes hecho por el Indec en marzo de este año. Eso significa que no sólo el gobierno tiene recursos para pagar el aumento, sino que sólo estaría devolviendo una parte de lo que, a través de la licuación de haberes, le quitó al sector previsional.