Uno de los aportantes de dinero a la Fundación SUMA, que encabeza la vicepresidenta, Gabriela Michetti, es socio del estudio del juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz. Se trata de Carlos Alberto Diez, abogado e integrante del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, del cual emergió (primero como frustrado aspirante a juez «en comisión» y luego con el procedimiento constitucional y acuerdo del Senado) uno de los dos integrantes del máximo tribunal designados por el gobierno de Mauricio Macri.
El estudio de Rosenkrantz representó, entre otros, al Grupo Clarín, La Nación, Cablevisión, América TV, Claro y McDonalds Corporation en diferentes expedientes. Y, según surge de su página en Internet, «ha actuado como testigo experto en derecho argentino ante tribunales norteamericanos, así como también ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Banco Mundial».
Rosenkrantz tiene su matrícula de abogado inactiva (no puede ejercer mientras sea juez), pero su último domicilio registrado coincide con el que consignó Diez en el Colegio Público de la Capital Federal: la Avenida Santa Fe al 1100, casi esquina Libertad.
El abogado Carlos Alberto Diez declaró ante el juez Ariel Lijo que es «abogado de manera independiente desde el año 1986», con «ingresos realmente muy variables» que estimó en «alrededor de 45 mil pesos» mensuales «aunque sinceramente puede ser más o puede ser menos».
Su amiga y coterránea Gabriela Michetti (ambos son de la ciudad bonaerense de Laprida) es la madrina de su cuarto hijo, que tuvo en su matrimonio con la también abogada Marcela Edith Layún.
Nunca antes Diez había aportado dinero a SUMA, más allá de comprar las tarjetas para las cenas de fin de año. Pero «un tiempo antes de la cena de 2015» (fecha que coincide con el robo que la vicepresidenta sufrió en su casa del barrio de Balvanera), aportó 7000 pesos, supuestamente para solventar gastos de organización de la gala anual de la fundación. Su mujer, Layún (íntima amiga de Michetti y madrina de su único hijo, Lautaro) también realizó un aporte en idénticas circunstancias, aunque algo más modesto: 5000 pesos.
Como ocurre con el resto de los testigos, no hubo recibos por esas donaciones. Y en estos casos, además, los aportantes ni siquiera saben si, como monotributistas, dedujeron esas donaciones de la declaración jurada por el Impuesto a las Ganancias. Es decir si las consignaron en su declaración impositiva.
Layún tampoco había donado nunca antes dinero a la Fundación SUMA. «La única contribución que hice a modo personal fue una por la suma de 5000 pesos, en efectivo, y la donación se la hice a Silvina (hermana de la vicepresidenta). Después he asistido a las galas anuales de recaudación y mi marido ha hecho también donaciones, incluso está inscripto en un débito automático mensual para contribuir con la Fundación, pero yo personalmente sólo hice aquella que mencioné», explicó a la Justicia.
Con sus más y con sus menos, todos los testigos declararon lo mismo: allegados a Michetti les pidieron una colaboración para la cena de fin de año de SUMA, todos entregaron dinero en efectivo, no recuerdan de qué cuenta ni cuándo lo extrajeron, o si lo tenían en sus casas. No les dieron recibo porque tenían confianza con la vicepresidenta y sus colaboradores, y tampoco lo reclamaron después, cuando se enteraron que lo que habían aportado había sido robado.
Ante ese escenario, el juez Lijo formuló a Layún una pregunta clave en la investigación. «Teniendo en consideración la categoría en la que se encuentra inscripta por ante la AFIP, ¿dedujo del Impuesto a las Ganancias la donación efectuada?». No es una pregunta menor: si lo dedujo, pagará menos de Ganancias; si no lo hizo, pagará más.
Layún respondió: «No tengo idea, eso lo maneja mi contador», cuyo nombre es «Oscar Diez». La testigo no aclaró si existe algún parentesco con su marido o se trata sólo de una coincidencia.
Lijo quiso saber más y preguntó si su marido sí dedujo la donación de su declaración de impuestos. «No, no lo sé.» «
