El titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, aceptó el requerimiento de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los DD.HH. durante el Terrorismo de Estado y dictó una medida de no innovar sobre el ex centro clandestino de detención La Perla chica. La medida significa un obstáculo objetivo a la enajenación y venta del predio propiedad del Estado nacional, luego de que se visibilizara la intención oficial de desprenderse del inmueble.

El decreto 950/24 publicado el 25 de octubre en el Boletín Oficial sacó a la luz pública una política pública de desguace del patrimonio estatal, poniendo a la venta 309 inmuebles en Caba y once provincias argentinas. En Córdoba el listado incluye un inmueble céntrico y una lonja de terreno en Malagueño, en la que funcionan la Sociedad Rural de Córdoba, el Mercado Cooperativo San Miguel y el sitio de memoria conocido como La Perla chica, Malagueño, La Escuelita o La Perlita, entre otros apodos.  

A los repudios de organizaciones políticas y de Derechos Humanos se sumó la acción formal de los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, quienes apenas se conoció el caso elevaron un escrito “pidiendo al Sr. Juez ordene con carácter de urgente una medida de no innovar en relación al sitio en el que funcionara como centro clandestino de detención conocido como “Perla chica “ o “Malagueño”, toda vez que es necesario preservar dicho sitio pues a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados con el mismo”.

Los firmantes recordaron que el sitio fue señalizado en noviembre pasado y que ello “implica que goza de la protección que brinda la ley 26.691 en cuanto a que se debe garantizar la preservación de los mismos a fines de facilitar las investigaciones judiciales y la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de estado en nuestro país”.

En tiempo record, apenas tres días hábiles, Sánchez Freytes hizo lugar al pedido. En la Fiscalía todo es satisfacción: Trotta señaló a Tiempo Argentino que “estamos muy conformes, se resolvió de acuerdo a lo que nosotros solicitamos, teniendo en cuenta los hechos que estamos investigando”. “Estamos juzgando hechos que se cometieron en ese lugar, que es un lugar reconocido como centro de detención durante la última dictadura cívico-militar en la megacausa La Perla, una sentencia que está firme. Es por ello que el juzgado manda que el lugar se preserve como se encuentra actualmente”, completó.