El 20 de mayo de 1999, en una conferencia de prensa en Washington, Kate Doyle, analista del National Security Archive, dio a conocer el “Diario Militar”: un documento secreto de la inteligencia militar guatemalteca, órgano clave del terrorismo de Estado en ese país. De esta manera, reveló un inventario prolijamente confeccionado de las capturas y las bajas causadas al “enemigo interno” entre 1983 y 1985, en la capital del país y otras ciudades el interior, durante la dictadura militar comandada por el general Óscar Humberto Mejía Victores.
En la sección principal, hay 183 personas identificadas con su nombre, foto, seudónimo, resumen de militancia, fecha, lugar y detalles de su captura y, en clave, su destino final: “300”, “se fue con Pancho”, o directamente “se fue(+)”, que indican asesinato. De las personas registradas, 103 tienen alguno de estos códigos: fueron ejecutadas. Casi todas están desaparecidas. La más joven, Juan Pablo Armira López, tenía 12 años. Muchas eran militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, comunista, como el autor de El tiempo principia en Xibalbá, el escritor “indio” Luis de Lion. Se trata del Caso 135. Destino final: 300.
Doyle afirma con seriedad que lo que tiene entre sus manos es un “relato del interior de los archivos secretos de la máquina de matar en Guatemala». En febrero, unos meses antes, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico había presentado su informe final: 200 mil víctimas del “conflicto armado interno” (1960-1996) -de las cuales 45.000 son desapariciones forzadas-; el Estado es responsable del 93% de los hechos; el 95% de los mismos se cometieron entre 1978 y 1984; las estructuras clandestinas de inteligencia fueron centrales en la política contrainsurgente. Contundente. La presión para desactivar los “poderes ocultos” que siguen operando aumenta a medida que se conocen los hechos que el Estado intenta silenciar. La aparición del DM es un golpe duro. Les duele más porque, según cuenta Doyle, fue ofrecido por un exmilitar guatemalteco a cambio de unos dos mil dólares. Fue en mayo de 1999. Habría que esperar hasta otro mayo pero de 2021 para que la Justicia guatemalteca tomara cartas en el asunto.
El Diario Militar expone con claridad el modus operandi: persecución, secuestro, detención ilegal, tortura y ejecución-desaparición. En Argentina, suena conocido: es el plan sistemático de desaparición forzada de personas. No es casualidad. Como viene investigando el Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la UBA, que cuenta con la dirección de Julieta Rostica, hay intercambio de ideas contrasubversivas, asesores militares argentinos en Guatemala y formación en inteligencia de militares guatemaltecos en Argentina desde, al menos, 1978.
Quienes han estudiado la inteligencia guatemalteca aseguran que su perfeccionamiento ocurrió entre 1978 y 1982, justo cuando las organizaciones revolucionarias guatemaltecas se propusieron establecer un escenario de lucha en la ciudad capital para restarle fuerza al Ejército en el campo donde lleva adelante un genocidio. La inteligencia militar estaba reformulando sus métodos. “De un momento a otro, todo cambió” me dijo un entonces comandante de las Fuerzas Armadas Rebeldes: “ya lo hicieron de otra manera, fueron más ordenados, fueron más disciplinados”. Efectivamente, desarrollaron una nueva lógica represiva. La que queda asentada en el Diario Militar, la que se cobró la vida de decenas de miles de guatemaltecos y argentinos.