La aprobación del proyecto que asegura el financiamiento a las universidades públicas significaría un costo fiscal equivalente a los beneficios que el Ejecutivo otorgó a través del paquete fiscal a los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales.

La iniciativa dispone que los fondos destinados para las casas de estudio del nivel superior se tienen que incrementar en 2024 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera retroactiva, e ir acompañando ese ritmo mediante una actualización bimestral.

Aun a pesar de ello, el gobierno tiene decidido vetar una eventual sanción de ese proyecto, que el Senado se apresta a tratar la semana próxima, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara por amplio margen (143 votos contra 77). Lo hará para mantener su decisión de revisar «toda sanción que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas» del sector público, según informó en su momento el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni.

El pretendido desequilibrio en los números fiscales es, en realidad, un impacto de $ 738.595 millones para todo el año 2024, según el cálculo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La suma equivale a 0,14% del PBI.

Allí se engloban los $ 441.600 millones que costaría el reconocimiento y recomposición de los haberes de trabajadores docentes y no docentes de las 61 universidades nacionales, que desde noviembre de 2023 hasta la actualidad resignaron más de un 40% de su poder adquisitivo, según los gremios del sector.

También se contemplan los $ 296.995 millones que asegurarán el funcionamiento tanto de los edificios universitarios, como de los hospitales que dependen del sistema, de los institutos de ciencia y técnica y de las demás actividades de extensión.

Según una estimación del CERA (Centro de Estudios para la Recuperación Argentina), que funciona en el marco de la Universidad de Buenos Aires, “el esfuerzo fiscal previsto para la actualización de recursos del sistema universitario es equivalente al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país (0,14%)”.

La alusión es a los cambios que dispuso el Ejecutivo en el impuesto a los Bienes Personales, que elevan el mínimo no imponible para ser alcanzado por ese tributo y también disponen una reducción de las alícuotas. Eso provoca que “la caída en la recaudación por bienes personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%. Así, la reducción impositiva a los sectores con mayores recursos de la sociedad equivaldría a la misma cuantía que la necesidad de presupuesto proyectada por el Congreso”.

El informe también advierte que “es importante aclarar que la proyección realizada es con las modificaciones inherentes al primer año del ejercicio fiscal sobre el que recae el impuesto, por lo que esta pérdida de recaudación se incrementará en el tiempo”.

Algo similar ocurre con el cuestionado régimen de promoción de Tierra del Fuego y en particular de su “subrégimen industrial”, que reglamenta el ingreso al territorio continental de productos elaborados en la jurisdicción fueguina. Según el CERA, esa legislación tiene deficiencias que no estimulan la incorporación de valor agregado en la isla. Ese ítem insume el 0,22% del PBI.

Así, de acuerdo al Centro, “el análisis del esfuerzo fiscal destinado a la actualización de los recursos del sistema universitario revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado. Con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”.