Es rutina. Todos los años, las corporaciones del agronegocio difunden la misma falsedad: “Las cadenas agroindustriales generan un tercio del empleo del país”. Ese mito lo trabajan el Instituto de Investigaciones Económicas de la Sociedad Rural, AAPRESID y, sobre todo, la Fundación para el Desarrollo Agropecuario Argentino (FADA). El objetivo es legitimar los intereses económicos de la cúpula de los agronegocios. Esta vez se dan el gusto de hacerlo desafiando directamente los dichos del presidente Alberto Fernández respecto a que “la soja generó desempleo y hacinó a la gente en las ciudades”. Pero mal que les pese, el presidente tiene razón. Aunque en rigor no sea la soja por sí misma la que genera el desempleo, sino el modelo socioeconómico del cual ese cultivo es el símbolo máximo.

Toda la producción nacional de granos –soja, trigo, maíz, girasol, etc- no demanda más que 70.000 empleos en blanco en todo el país, según datos del Ministerio de Trabajo (de este gobierno y del anterior). Estos datos cuentan «altas de CUIL» por año. Esa cifra está muy lejos de los casi 400.000 empleos exclusivamente sojeros que pregonan los que esparcen el mito. Si sumamos a todas las actividades agropecuarias del país –ganadería, frutales, lechería, vitivinicultura, etc- el empleo rural formal sigue sin pasar los 340.000 puestos de trabajo registrados. Es decir, ni todo el empleo formal agropecuario alcanza lo que la cúpula del agronegocio atribuye sólo a la soja.

La cosa empieza a cambiar si contabilizamos el trabajo informal. Ahora sí: según estimaciones del INDEC en base al censo de población, habría 1,2 millones de asalariados y asalariadas agrarias en total (todo el país y todas las producciones). Pero de esto se desprenden dos conclusiones que no hablan bien del empleo agrario: en primer lugar, las y los obreros de todo el campo abarcan el 6% del total de las y los trabajadores en relación de dependencia del país (18.076.746 en todas las actividades económicas), y no “un tercio del empleo nacional” como se atribuye el empresariado sojero; en segundo lugar, la diferencia entre el empleo formal y el total muestra que dos tercios de los puestos de trabajo son informales, sin los derechos laborales que asisten a las y los trabajadores. Es el único sector de la economía donde el empleo informal supera al formal.

¿Cómo explican esta diferencia estos grandes empleadores rurales que intentan corregir al presidente pero le ocultan la verdadera cantidad de trabajadores que emplean?

Hace exactamente un año, junto a Diego Fernández y Bruno Capdevielle, publicamos «Los números rojos de la Argentina verde. El campo entre el conflicto por las retenciones y la gestión de Cambiemos», un estudio sobre las variables socioeconómicas del agronegocio entre el conflicto por la 125 y el gobierno de Macri. Descubrimos que entre 2010 y 2019, en la zona pampeana la superficie sembrada con granos había aumentado un 20% y las cosechas lo habían hecho en un importante 40%. Sin embargo, el empleo vinculado a la producción de granos bajó un 10% en ese período, dejando a 5500 familias sin fuentes de ingresos. De modo que los puestos de trabajo no aumentaron con la producción, ni mucho menos con la productividad. Tampoco con la baja de retenciones. Y todo esto a pesar de que los empresarios del agro cuentan con la ventaja de pagar salarios formales entre los más bajos de la economía. De hecho, con un mísero 13%, es el sector de la economía con menor participación de los trabajadores en la distribución del valor agregado sectorial. Además, las y los trabajadores no son los únicos excluidos: entre 2002 y 2018, con aumentos aún mayores de la producción, desapareció el 25% de los productores, en su mayoría pequeños y medianos, cuyas escalas de producción no alcanzaban niveles rentables de inversión.

Claramente, el campo no “somos todos”: si el modelo vigente ni si quiera es capaz de contener con dignidad a quienes ya se dedican a esa actividad, ¿cómo podría traccionar el empleo del conjunto de la economía o proponerse como una solución a la pobreza cuando tiende a generarla cotidianamente? Es lo que subrayó el presidente: la pobreza urbana no está disociada de los procesos de exclusión social en el sector rural.

La cúpula del agronegocio lo sabe y por eso habla de la “cadena” de la soja, y no sólo de la soja. Su trampa estadística pasa por incluir en esta “cadena” de la soja a fábricas de maquinaria, transporte, puertos, acopio, molineras, industria bioquímica, biodiesel, etc. Es decir, sectores no agropecuarios que vienen a comprobar lo contrario de lo que postula la fundación FADA: es la industria la que tracciona el empleo y agrega valor, y no el campo, que sólo provee materia prima con poco valor agregado, poco empleo y de mala calidad.

Ni si quiera es original el argumento ni el debate: ya hace 15 años la Fundación Producir Conservando publicaba un paper con los mismos resultados que hoy publica FADA. En ese entonces, el actual Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, el economista Javier Rodríguez, transformó ese paper en un papelón, al demostrar científicamente la inconsistencia estadística de esos datos.

De modo que, si FADA o Producir Conservando siguen circulando como referencias en los grandes medios o en logaritmos vinculados al agro, no es porque contengan verdad, sino porque tienen poder. Acaso sea la hora de que sepamos trocar esta verdad dicha por el presidente en poder para transformarla.