El debate arrastra ya más de un mes y alrededor del mismo se han pronunciado varios funcionarios del gobierno y las distintas corrientes político-sindicales que intervienen en la CGT y las CTA.
Mientras los salarios siguen quedando por detrás de los precios y ya acumulan un retroceso interanual del orden del 3%, las distintas voces oficiales venían debatiendo públicamente el mecanismo a adoptar para intentar generar una mejora en los salarios del sector registrado. Es que a contramano de lo prometido por el gobierno al asumir, desde noviembre de 2019 los salarios registrados perdieron un 2% adicional de poder adquisitivo y ya acumulan una caída superior al 15% en términos reales.
Mientras Sergio Massa y Alberto Fernández adelantaron la intención de buscar “alguna herramienta” para recomponer los haberes de los trabajadores formales, el ministro del interior camporista, Wado De Pedro, se había pronunciado abiertamente en favor de otorgar una suma fija por decreto.
La ministra de Trabajo Kelly Olmos, luego de una reunión con la mesa chica de la CGT, desmintió a su compañero de gabinete y aclaró que el gobierno evaluaba el otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores registrados. Con todo, reconoció que la decisión final quedaría en manos del presidente de la Nación.
Días después, sin embargo, la vice presidenta Cristina Fernández en el plenario de la UOM insistió en la necesidad de otorgar una suma fija por decreto. Es lo que había hecho Alberto Fernández a días de asumir cuando definió la obligatoriedad de aumentar los salarios por un monto fijo de $4000 que impactaron de manera diferente en los haberes de los trabajadores registrados dependiendo del convenio y la categoría.
Ese argumento esgrimen los dirigentes mayoritarios de la CGT que aseguran que el mecanismo achata las pirámides y complica la negociación paritaria que defienden a rajatablas como mecanismo para actualizar los salarios y, claro, para poner en valor su propia existencia. La Corriente Federal de Trabajadores, por su parte, defendió la suma fija alegando que la misma resulta compatible con las paritarias que simplemente deberían discutir la forma de integrarla en sus propios acuerdos para evitar achatamientos en las categorías.
En el marco del debate, Pablo Moyano, se plantó en el medio reclamando “un bono o una suma fija”.
Desde Francia, el domingo el presidente puso fin al diferendo confirmando que la modalidad sería bajo la forma de un bono por única vez.
La diferencia entre uno y otro, sin embargo, no es menor. Mientras que un bono, más allá de su monto, implica un ingreso de dinero por única vez que una vez percibido no modifica el salario de convenio, una suma fija impacta en el salario de los trabajadores formales y, por lo tanto, se integra al convenio recomponiendo su poder adquisitivo aunque, es cierto, de manera heterogénea.
El bono, además, choca con los beneficios particulares que muchos gremios perciben tradicionalmente o ya acordaron en sus propias paritarias.
Si bien Alberto Fernández no detalló las modalidades ni los montos, sí definió que se tratará de un bono por única vez. Desde París el presidente se desmarcó de la posibilidad de una suma fija tal como le reclamaba la cúpula de la CGT: “en Argentina las paritarias funcionan plenamente, lo que hay que dejar es funcionar las paritarias”.
Para Fernández, a contramano de lo que él mismo había decretado en diciembre de 2019, “la verdad es que intervenir con una suma fija, a los salarios bajos, también generan muchos problemas en muchos lugares. Porque los salarios más bajos están en los municipios y los pequeños comercios” y, explicó, “el riesgo que se corre en ese caso, es generar un problema fiscal en los municipios y muchos pequeños comercios, que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad, pasándolos a la informalidad”.
Por eso adelantó que “en la emergencia, llegando fin de año, entendemos que hay salarios más postergados. A ellos vamos a tratar de ir en su auxilio con el bono. Cuando lleguemos a Buenos Aires lo veremos”.
En virtud de lo expresado por el titular del Poder Ejecutivo emerge otra diferencia de fondo entre una y otra modalidad. El bono que, según lo expresado, alcanzaría solo a los trabajadores con salarios, digamos, por debajo de la línea de pobreza, podría ser financiado con el presupuesto nacional o con fondos de la seguridad social evitando generar una imposición sobre el sector privado que conllevaría una suma fija que deberían pagar las patronales.
La ganancias empresarias, dicho sea de paso, explican el 49,2% del valor agregado de la economía cuando en 2016, hace apenas seis años, se ubicaban, en el promedio anual, en un 40,2%.
