El dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, confirmó a este medio la presentación formal del pedido de recusación al fiscal Gerardo Pollicita de la causa que se le sigue junto con una quincena de delegados y dirigentes por “coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública”.
La solicitud se sustanció en el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello quien está a cargo de la causa cuya elevación a juicio oral espera fecha de concreción tal como adelantó este medio.
Para la abogada defensora de Eduardo Belliboni y el resto de los dirigentes del Polo Obrero, Liliana Alaniz “estamos pidiendo la recusación del Fiscal Gerardo Pollicita porque es evidente que la entrega de parte del pedido de elevación a juicio a los periodistas a sueldo del gobierno de Milei muestra una parcialidad que es incompatible con su rol como Fiscal de la causa”.
A la vez, la contraofensiva de la organización piquetera va más a fondo en tanto no se agota en el pedido de apartamiento de la causa sino en la presentación como querellantes en una causa penal contra el fiscal. Por eso, Alaniz explicó que “presentamos una denuncia penal y le planteamos a la Jueza (en lo criminal y correccional, María Eugenia) Capuchetti que se investigue a fondo el tema y que sea citado a indagatoria para que dé explicaciones sobre el tema”.
Persecución política al Polo Obrero
En el plano político la letrada opinó que “los insultos permanentes de Luis Majul contra el Polo Obrero, Eduardo Belliboni y el resto de los compañeros, que contrastan con su servilismo con gobierno nacional, muestran a las claras que el objetivo de brindarle información antes de que fuera subida al expediente era armar una opereta para perjudicar al Polo. Pero este accionar es incompatible con la objetividad elemental que debe guardar un funcionario público en un proceso penal”.
Desde el comienzo de la causa la defensa de los acusados sostiene que se trata de una persecución política y que, una y otra vez, tanto el juez como el fiscal violaron el derecho de defensa de los acusados. Según los letrados agrupados en la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), lo hicieron negando la incorporación de testigos a la causa en el período de instrucción, desconociendo los peritajes de parte que demostraban que las máquinas e insumos adquiridos con los fondos indagados se encuentran en los locales de las cooperativas y que fueron omitidos por los peritajes oficiales y, entre otros abusos, no dando a conocer a la parte acusada las identidades y declaraciones de los “testigos reservados” presentados por la fiscalía.
Las filtraciones a la prensa de fragmentos de la causa a los que no había accedido la defensa se suceden desde la primera etapa del proceso de instrucción y, para la defensa, persiguen el objetivo de prejuzgar y estigmatizar a los acusados frente a la opinión pública ratificando el carácter político de la acción judicial.
La gota que rebalsó el vaso
La recusación se produce como resultado de lo que califican de “grave infiltración” a la prensa de los fundamentos del pedido de elevación a juicio en favor del periodista Luis Gasulla que habría hecho uso del mismo en un informe especial elaborado para el programa conducido por Luis Majul. Esa información llegó a manos de la prensa antes incluso que, en términos formales, hubiera ingresado al despacho del juez Sebastián Casanello para su consideración y, claro, que la defensa hubiera podido acceder al mismo.
El texto presentado a la justicia al que pudo acceder Tiempo Argentino, señala que “es evidente entonces que para la promoción de la justicia y esclarecimiento de la verdad real (fin último del proceso penal) no cabe otra alternativa que V.S. ordene la recusación del fiscal Gerardo Pollicita en virtud del inc. 11 art 55 del Código Procesal Penal Nacional por aplicación del artículo 71 del mismo cuerpo normativo”. Allí se establece que, un fiscal puede ser recusado “si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.
En la presentación, la defensa señala que “más allá de la continua exposición de nuestra posición respecto a lo errado y malicioso de esta infame acusación, reviste gravedad institucional el hecho que una etapa procesal tan importante en el fuero penal (como el requerimiento de elevación a juicio) este primero en manos de la prensa que del juez interviniente en la causa y las defensas”.
Recule
La letrada de la defensa explicó que “después de nuestra denuncia, y para cubrir estas acciones ilegales, Pollicita pidió una nueva prórroga y no presentó el requerimiento de elevación, con el objetivo propósito de disimular su responsabilidad en el operativo ilegal de entrega de documentación al periodismo antes que la tenga la defensa. Y Majul, que salió a decir bravuconadas, levantó el informe de su programa. Estas maniobras lo único que buscan es encubrir la maniobra ilegal. Por eso Pollicita debe ser apartado de la causa”, concluyó.
Por su parte, el principal acusado que podría tener una pena con hasta 15 años de prisión efectiva, Eduardo Belliboni, sostuvo que “(Luis) Majul, diciendo que nosotros lo espiamos, reconoció la filtración. Evidentemente actúan con una enorme impunidad porque se sienten protegidos por un gobierno nacional que impulsa una política de persecución contra las organizaciones sociales. Sin ir más lejos, denunciamos también a Sandra Pettovello porque miente abiertamente en el expediente diciendo que no rendimos parte de los convenios que están presentados al Ministerio y también en el expediente judicial”. El dirigente aportó que, por ese motivo, además, “hemos pedido que aparten de la querella al ministerio de Capital Humano. Estas maniobras y mentiras por parte del gobierno, para ensuciar a las organizaciones de lucha, no nos sorprenden, viniendo de un gobierno que ataca abiertamente con denuncias falsas a todo aquel que no piense como él”.
Pero, para Belliboni, “en este caso, la gravedad del tema es que nos persiguen para mantener cerrados los comedores populares que Pettovello se niega a asistir desde el inicio de la presidencia de Milei, violando abiertamente los fallos judiciales”. Por eso, el dirigente adelantó que “llamamos a la población a rechazar esta política de persecución y apoyar el reclamo de los barrios por los alimentos para los comedores y en defensa de quienes todos los días los ponen en pie”.
