La disputa entre el gobierno mexicano y el poder judicial escaló esta semana con la adhesión de los jueces al paro indefinido decretado para toda la semana, en protesta por las reformas que busca implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el Congreso trataría el próximo lunes.

Los integrantes administrativos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) habían frenado sus actividades desde el lunes, con protestas en al menos, cinco entidades del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, y dos días más tarde, se sumaron los jueces y magistrados.

Los únicos organismos que continúan con actividad son la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El paro es criticado por López Obrador, quien ha señalado que son actos ilegales frente a una iniciativa que busca erradicar la corrupción en todos los niveles de ese sector, propone la elección popular de jueces y reduce la escala salarial, que considera desmedida, entre otros.

Antecedentes del debate

Una posible reforma al Poder Judicial mexicano comenzó a aparecer en la agenda de AMLO durante su primer año al frente del Gobierno federal. En aquella época, el jefe de Estado del país latinoamericano consideraba que los ajustes dentro de ese ámbito debían ser impulsados desde el interior de sus organismos, esto después de escuchar las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Un año más tarde, López Obrador envió una iniciativa de reforma al Congreso mexicano sobre este Poder, pero se enfocaba solamente en incrementar la cartera de abogados de oficio para ayudar a la población.

Sin embargo, para mediados de 2021, el debate sobre las modificaciones al ámbito judicial mexicano comenzó a centrarse en los sueldos de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esa época, cuando la Corte mexicana era encabezada por el ministro Arturo Zaldívar, el presidente mexicano pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizar acciones para evitar privilegios.

De acuerdo con el Manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) de 2021, en esa temporada, los integrantes de la SCJN tenían un sueldo neto mensual de 205.599 pesos (cerca de 10.668 dólares), mientras que López Obrador recibía un salario de 112.122 pesos (5.817 dólares, aproximadamente).

El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó la propuesta de reforma, dentro de su paquete de iniciativas para diversos órdenes, que será discutida el 26 de agosto en la Cámara de Diputados nacional.

El proyecto del presidente mexicano tiene cuatro ejes:

1.Una nueva integración de la Corte mexicana, buscando mayor eficiencia, austeridad y transparencia.

2.Elección popular de ministros, magistrados y jueces, lo que, de acuerdo con López Obrador, brinda legitimidad a los impartidores de justicia.

3.Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración judiciales, que funcionarían de manera independiente.

4.Nuevas reglas procesales, donde se estipulan las reglas para la elección de jueces y magistrados, plazos máximos para resolver temas fiscales y penales (seis meses y un año, respectivamente), así como la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos y controversias constitucionales.

BB con Sputnik