Bajo un férreo dispositivo de la Policía Federal, transcurrió la movilización del 27 de diciembre en el predio de la ex ESMA y también la misa ofrecida allí, una semana después, por el cura Lorenzo de Vedia para apoyar a los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), ante su proceso de disolución.
Ambos actos tuvieron un denominador común: las tareas de inteligencia realizadas por efectivos de civil, quienes con sus teléfonos celulares filmaban a los presentes sin un ápice de disimulo. Ello, claro, no fue un descuido sino una demostración de fuerza.
Ya se sabe que, durante ese lapso, fue cerrado el Centro Cultural Haroldo Conti. En tanto, debido al despido masivo del personal y la falta de presupuesto, terminaron inactivas sus principales áreas, como la de Leyes Reparatorias y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM).
En fin, nada que cause demasiado asombro.
En este punto es necesario retroceder al 4 de septiembre de 2023, cuando, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, la aún candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, organizó un acto en apoyo a los militares presos por crímenes de lesa humanidad. Aquella puesta en escena fue el anticipo de la política que, a partir del 10 de diciembre de ese año, aplicaría al respecto el régimen libertario con un “gradualismo” implacable y sostenido.
Tanto es así que, a los tres meses y medio, en paralelo a la multitudinaria marcha del 24 de marzo, el nuevo gobierno difundía por las redes sociales un cortometraje para celebrar (sí, este es el verbo correcto) el cuatrigésimo octavo aniversario del último golpe de Estado.
Pero sus hacedores pasaron por alto que aquel registro audiovisual será, seguramente, un documento de época para enseñar a las futuras generaciones la brutal cosmovisión de quienes acababan de llegar a la Casa Rosada para erigirse en una (tardía) continuidad civil de esa vieja dictadura.
A tal efecto, en apenas trece minutos no escatimaron un puñetazo en el bajo vientre de la conciencia democrática (el testimonio de la hija del capitán Humberto Viola y hermana de María, muertos durante un ataque del ERP), ni el humor involuntario (la palabra de Luis Labraña, un ex montonero quebrado que se hizo amigo de la “gorra”), ni el eco de homilía laica (la declamación de Juan Bautista “Tata” Yofre, un dinosaurio de pura cepa).
Dicho sea de paso, la presencia de estos dos últimos le confiere al video un valor periodístico excepcional. Porque, ya se sabe que la estrategia de los apologistas del terrorismo de Estado consiste en escamotear la cifra de 30 mil desaparecidos. Y en su “bolo”, el bueno de Labraña se adjudica, sin ninguna prueba ni pudor, la invención de ese conteo, mientras Yofre también recita un par de frases para poner tal contabilidad en duda, cuando, en rigor, se trata de un número estimativo, y convertido en consigna por todos los organismos de Derechos Humanos, pero con una base nada antojadiza.
Quizás, ahora, al reverdecer la polémica sobre la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado, cobre importancia algo que voltearía de un plumazo los argumentos negacionistas: un paper, enviado desde Buenos Aires al cuartel general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) pinochetista por su delegado en Argentina, Enrique Arancibia Clavel (quien lo rubrica con su nombre de cobertura, “Luis Felipe Alamparte Díaz”). Aquella hoja, escrita el 4 de julio de 1978, informa: “Se tienen computados 22.000, entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha”. Era el saldo, calculado por el Ejército, cuando aún faltaban cinco años y medio para el fin del ciclo militar. De hecho, en otro párrafo quedó asentado que tal dato “se pudo conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia”.
Liquidada esta cuestión, bien vale repasar otro hito del oficialismo en la epopeya por lo que sus referentes denominan “memoria completa”: la intención de reabrir causas que involucren a integrantes de organizaciones guerrilleras en los ’70. Aquella también fue una propuesta de Villarruel, quien, en agosto, supo exigir que antiguos militantes de Montoneros “estén presos por ensangrentar al país”, cuando aquellos expedientes se encuentran debidamente prescriptos.
Lo cierto es que la de Villarruel fue una plegaria atendida, puesto que un reciente fallo de la Cámara Federal porteña –conformada por Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– ordenó que se investigue el bombazo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) colocada en julio de 1976 por Montoneros, ya bajo la dictadura.
¿Acaso el plan consiste en terminar esta novela con un indulto para unos y otros?
Cabe destacar que todos estos acontecimientos tuvieron por trasfondo la visita de legisladores oficialistas a genocidas encarcelados.
Un evento (organizado por Villarruel) que, a su vez, posee otro trasfondo.
El color del dinero
Ya desde enero pasado, el cura de la Santa Iglesia, Javier Olivera Ravasi (hijo del represor Jorge Olivera), junto con varios integrantes de la Cámara de Diputados y algunos abogados de represores; entre ellos, Ricardo Saint Jean (primogénito del gobernador bonaerense durante la última dictadura, Ibérico Saint Jean), y el ex integrante de la Cámara Federal de Casación, Eduardo Riggi, pergeñan en el mayor de los sigilos un plan para excarcelar a genocidas presos. Y con la tutela de la vicepresidenta.
Desde entonces, las visitas de semejante grupo a los penales de Ezeiza y Campo de Mayo fueron moneda corriente.
Pero todo saltó a la luz tras la excursión de seis diputados del bloque de LLA al penal de Ezeiza, efectuada el 11 de julio.
Tal visita tuvo derivaciones escandalosas y causó un cisma entre ellos, al punto que dos integrantes de esa comitiva, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, retrocedieran –diríase– en chancletas.
Se trata, por demás, de una situación incómoda para el espacio liderado por el presidente Javier Milei, debido a que, en las hendijas de dicha trama, se desliza la posible existencia de una cuantiosa suma de dinero aportada por los represores presos para la campaña electoral, a cambio, justamente, del indulto.
Según una fuente libertaria, las negociaciones habrían comenzado a fines de 2022 en la base naval de Zárate. Sus protagonistas serían Villarruel y los marinos Alfredo Astiz y Alberto González (a) “el Gato”. Este último, dicho sea de paso, es el “mentor intelectual” de Villarruel, y –según Cecilia Pando– hasta sería el ghost writer del libro Los llaman jóvenes idealistas, publicado en 2009 con la firma de ella.
En esos cónclaves también participaba quien fuera el jerarca máximo de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta, el biógrafo presidencial, Nicolás Marquez, y el propio Yofre, tal como lo especificó el informante.
Pues bien, ya transcurrido más de un año desde que se habría efectivizado tal aporte, los tipos siguen “engayolados”. El hecho es que Villarruel atribuye eso a la inacción de Milei.
Esa, precisamente, sería la piedra angular de las desavenencias que, en la actualidad, desembocaron en la ruptura (al parecer, irreversible) entre ellos. Aunque parece haber un acuerdo tácito: mantener esta causa bajo un riguroso secreto. Desde LLA se desestima tal rumor con el siguiente argumento: “Esos pobres ancianos no tienen un mango”.
¿Es realmente así? Porque ello no cuaja con los “ahorros” que durante los años de plomo supieron acumular los hacedores del terrorismo de Estado, en calidad de “botines de guerra”.
Al respecto, no está de más refrescar tres casos testigos: los 11 millones de dólares que el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2 de la ESMA le arrebató al abogado Conrado Gómez, al empresario Horacio Mario Palma y al bodeguero Victorio Cerrutti (secuestrados y asesinados); el millón de dólares –que era parte del rescate cobrado por Montoneros en el secuestro de los hermanos juan y Jorge Born–, hurtados por el “Gato” González y el teniente Miguel Ángel Benazzi en una caja de seguridad en Zúrich, y los diez millones de dólares rapiñados por la banda de Aníbal Gordon, al servicio de la SIDE, en el secuestro y asesinato del uruguayo Alberto Mechoso Méndez, quien en su país lideraba el Partido por la Victoria del Pueblo y, ya exiliado en Buenos Aires, custodiaba sus fondos.
No hace falta aclarar que semejante flujo económico, sumado al despojo de propiedades, empresas y acciones a incontables víctimas, fueron ingresados a circuitos financieros globales mediante triangulaciones de firmas off shore y cuentas en paraísos fiscales.
Quizás alguna vez se investiguen los fondos que solventaron parte de la llegada libertaria al poder. «
