Tras el allanamiento contra su sede central el lunes, la conducción del Partido Obrero realizó una conferencia de prensa en el mediodía de este martes en la que aseguró que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la conferencia de prensa estuvieron presentes para manifestar su solidaridad dirigentes políticos, de organizaciones de DDHH, piqueteras y sindicales. También se recibieron adhesiones desde las provincias y del exterior.
Gabriel Solano, legislador porteño y dirigente nacional del PO, denunció que se está en presencia de «un atropello a las libertades políticas y democráticas» en Argentina y anunció que la organización presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que en Argentina no están garantizadas las libertades políticas y democráticas por ninguno de los tres poderes del Estado.
También informó que presentarán una denuncia judicial contra la ministra Sandra Pettovello por «fraude e incumplimiento de deberes de funcionaria pública» entre otros delitos, por su negativa de distribuir la comida en los comedores populares y por la contratación de ñoquis a un costo para el Estado de 120 millones de pesos.
En la conferencia, Solano alertó que «el allanamiento al local central del Partido Obrero es un hecho inédito y de una gravedad inusitada. A las medidas represivas que el gobierno viene aplicando contra las luchas populares, ahora se le suma la persecución política contra partidos opositores». Solano subrayó que «la medida fue claramente ilegal porque se hizo sin la orden correspondiente para allanar a nuestro partido. Como era previsible no encontraron ninguna información, pero a pesar de ello filmaron todas las instalaciones y realizaron un croquis de las instalaciones, lo cual constituye un trabajo de espionaje”.
Solano recordó que el Partido Obrero se presenta a elecciones desde 1983, hace 40 años, tiene personería electoral en todas las provincias, representación parlamentaria y ha presentado sus balances económicos a la Justicia, los que «siempre fueron aprobados». El dirigente explicó que “la decisión de presentar una denuncia internacional contra el Estado argentino ante la CIDH se debe a que ninguno de los poderes del Estado garantiza la vigencia de las libertades democráticas. Lo prueba la vigencia del DNU 70/23 y del Protocolo represivo de (Patricia) Bullrich, que en ambos casos atropellan la Constitución Nacional de manera evidente. En ese sentido forma parte de la miserable campaña de persecución, represión y estigmatización de las organizaciones populares y piqueteras, que se lleva adelante para poder avanzar en el plan de ajuste».
En relación con la presentación contra la ministra Pettovello, el PO detalló que la acusación apuntará a la comisión de diversos delitos: fraude contra la administración pública, incumplimiento de deberes, cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo, soborno transaccional y malversación de los caudales públicos.
Por su parte, la diputada nacional Romina Del Plá señaló que el bloque del FIT-U presentó un pedido de interpelación a la ministra Pettovello en el Congreso. «Se roban el alimento, se roban la plata mientras el pueblo se muere de hambre. El crecimiento de la pobreza y la indigencia en estos meses es responsabilidad completa de este gobierno”, dijo Del Plá.
