Una nueva «Triple Alianza» regional opera esta vez contra Venezuela, según la apreciación del gobierno de ese país. Formada principalmente por los gobiernos de Paraguay y Brasil y acompañada por el argentino, está llevando su negativa a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur por razones que fluctúan entre políticas y administrativas, a un nivel de conflicto que pone en riesgo la propia integridad de bloque y su continuidad. Entremedio, Uruguay, único miembro pleno que sostiene el derecho de Venezuela de asumir, enfrenta debates internos y externos, que casi le cuestan las relaciones diplomáticas con su hermano del Norte.

Una hipotética ruptura del bloque que incorporó a Venezuela en 2006 como Estado Parte, traería consecuencias políticas y económicas, además de allanar el camino al ingreso de otros tratados alentados por las naciones centrales, como el Acuerdo del Transpacífico (TTP).

«Nunca había pasado que hubiera un desacuerdo en torno a la presidencia del Mercosur en estos 25 años de existencia. Esto plantea un escenario cierto de paralización de su funcionamiento lo que en sí mismo es muy grave. En todos los países hay sectores políticos y económicos que han buscado desalentar al Mercosur o han sido contrarios a su avance como proceso de integración regional», dijo a Tiempo el ex canciller argentino Jorge Taiana, presidente del Parlasur, cuerpo legislativo del bloque. Esta semana, Taiana encabezó una reunión de un grupo de «Alto Nivel», constituido para intentar destrabar la crisis. El miércoles se reunió, junto con los vicepresidentes legislativos Arlindo Chinaglia, por Brasil, y Daniel Caggiani, por Uruguay; con el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa. Según supo Tiempo, la mayor preocupación en ese encuentro fue evitar la ruptura del bloque.

Nin Novoa protagonizó esta semana un escándalo que motivó al gobierno brasileño a convocar al embajador uruguayo. En una reunión con una comisión parlamentaria, el uruguayo afirmó que su par de Brasil, José Serra, lo tentó con «comprar el voto» de Uruguay contra Venezuela a cambio de un lugar preferencial en un viaje comercial por África. El plenario era cerrado, pero el diario El País difundió días después la versión taquigráfica con la denuncia de Nin Novoa. Las aguas se aquietaron cuando el canciller uruguayo afirmó que había malentendido a Serra. No pudo negar su propia denuncia.

Nin Novoa lleva la voz del gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, pero el sector interno que representa no es el más afín al chavismo. Sólo porque es el vocero de la posición uruguaya es que los integrantes de su círculo no hacen campaña en contra. Tabaré respira aliviado por esto, si no debería enfrentar un nuevo conflicto. En el frente interno, el gobierno del FA lidia con la oposición, que le critica una alianza con el «régimen» de Nicolás Maduro. Hacia fuera, Uruguay quedó en medio de dos fuegos y aspira a que la situación se resuelva sin resentir su lugar en el Mercosur, que presidió hasta ahora, ni quebrar relaciones con sus pares. «El programa del FA plantea que Uruguay alienta a defender y profundizar el Mercosur, y debe sostener eso», recuerda el periodista uruguayo Fabián Cardozo.

Pero hasta ahora las declaraciones en defensa del pase de la presidencia a Venezuela fueron jurídicas y no políticas. Al país bolivariano le corresponde presidir el bloque según lo establecido en la carta orgánica, por orden alfabético, después de Uruguay. Las negativas surgieron enfáticamente desde el gobierno paraguayo de Horacio Cartes, luego apoyadas por el interinato golpista de Michel Temer en Brasil, y hoy con más energía, por la administración macrista en Argentina. Tras meses de argumentación política contra «la falta de democracia en Venezuela» y con los plazos cumplidos e incluso todas las secretarías traspasadas y los equipos formados, los cancilleres negadores adujeron problemas en la adecuación de cuestiones aduaneras y arancelarias. La Cancillería argentina abonó a este argumento, pidiendo una evaluación técnica para determinar si Venezuela incumplió las condiciones de adhesión.

«El argumento no tiene validez, en ese aspecto estamos inclusive por delante de algunos países fundadores», dice el embajador venezolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. El diplomático señaló que desde el 29 de julio «la presidencia está en plenas funciones, ya está instalada la sede, incluso ya se había empezado a trabajar en el tema social». Sin embargo, a fines de esta semana, Serra volvió a su vieja argumentación política. «Eso demuestra una vez más que no hay argumento», evaluó Martínez Mendoza. «Vemos con preocupación que unos asuntos tan domésticos traben el funcionamiento del bloque, parece ser que el objetivo no es Venezuela, sino el Mercosur», asume el embajador.
Su jefa, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, había emitido un comunicado días atrás en que rechaza «categóricamente las maniobras y falsarias antijurídicas de los gobiernos de Argentina, Paraguay e interino de Brasil, la Triple Alianza, que pretenden vender la infame especie sobre el incumplimiento de Venezuela en los compromisos asumidos» y «atentan contra la existencia» del bloque. El grupo de Alto Nivel de Taiana tiene previsto reunirse con Rodríguez, así como con otros cancilleres, para buscar una solución que destrabe el conflicto.

Marcha por el revocatorio

La oposición venezolana quiere marchar hacia Caracas el 1 de septiembre para exigir al poder electoral que defina la fecha de recolección de las cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. «Ya están activados en casi todo el país los comandos por el cambio a nivel municipal y estadual», declaró Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Bajo el lema #TomadeCaracas, la MUD llama a sus simpatizantes a movilizarse hasta la capital para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que llame a la recolección de las firmas del 20% del padrón electoral.

El pasado 9 de agosto, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que la recolección de las firmas se completará a fines de octubre, lo que aleja la posibilidad de que la consulta se realice en 2016, ya que faltarían aún las etapas de recuento de las firmas y de organización del referendo que requieren un máximo de tres meses.

La oposición exige que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017, ya que en caso de que Maduro pierda deben convocarse elecciones. Pero si es revocado después de esa fecha, el mandato lo completará su vicepresidente. El chavismo descarta que la consulta se celebre este año, porque que la MUD la inició tardíamente, dicen.