En su intervención en el Latam Economic Forum, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró, con relación al contexto económico actual: “lo peor pasó y ya estamos en franca recuperación”. Luego cerró su discurso con expresiones que traen reminiscencias de otra época, cuando las promesas se esfumaron: “no los vamos a defraudar (…). Si el país arranca y empezamos a crecer vamos a bajar impuestos”.

Las estadísticas de la economía real no estarían refrendando las alentadoras palabras del ministro Caputo. La actividad industrial durante el primer cuatrimestre del año tuvo un mal desempeño, al punto que el acumulado de ese periodo la sitúa en valores muy cercanos a los niveles de la pandemia sanitaria. En particular, el Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de abril, publicado por el Indec, marcó una caída interanual del 16,6 por ciento. Si bien en el mes hubo una leve variación mensual positiva del 1,8%, es un dato puntual y no se recupera la fuerte caída de marzo (-4,1%).

El sector de la construcción sigue la misma tendencia. La fortísima caída interanual de abril (-37%) ubica al nivel acumulado de actividad del sector durante los primeros cuatro meses como el peor de la serie estadística, junto con el 2020 de la pandemia. El mal desempeño de los insumos más relacionados con la obra pública (asfalto, hierro y acero) da cuenta de la importante incidencia negativa que tuvo su paralización por parte del gobierno nacional.

A diferencia del año pasado, en el que la sequía afectó de lleno al sector agropecuario y fue este el que contribuyó negativamente a la actividad económica, este año son la industria y la construcción junto con la actividad comercial los que incidieron en la caída. Pasamos de un factor climático adverso y exógeno en 2023, a la clara consecuencia de la aplicación de políticas económicas en 2024.

En este contexto, la Cámara de Diputados dio media sanción a una nueva fórmula previsional con 160 votos afirmativos, un acuerdo de magnitud impensada tiempo atrás. Me interesa comenzar resaltando la importancia de lo que ocurrió, ya que en tiempos donde la política sufre duros embates, se logró trabajar en la construcción de consensos y reivindicar el rol del Parlamento como un ámbito deliberativo por excelencia, en representación de los intereses del conjunto de la sociedad.

La dinámica legislativa funcionó en toda su dimensión. Se requirió una gran capacidad de trabajo, de coordinación, y de búsqueda de acuerdos y metodologías para alcanzar los objetivos compartidos. Para llegar a estos acuerdos, recordemos, antes se desarrolló una plenaria de comisiones donde el debate fue fundamental.

Lo primero que se sometió a votación fue el proyecto de Unión por la Patria (UP), que no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Luego se trató el de la primera minoría, que terminó siendo aprobado con cambios en su contenido debido a la postura del bloque del que formo parte. UP no aceptaba, por ejemplo, que las deudas de la Nación con las cajas previsionales provinciales y por los juicios con sentencia firme a favor de jubilados se saldaran con lo producido por los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se acordó entonces que la ANSES lo haría con recursos tributarios que cuentan con asignación específica.

Si se termina sancionando, la iniciativa representará una mejora efectiva para los jubilados y las jubiladas. Eso es lo más importante.

Se establece un pago extra compensatorio del 8,1% a aplicarse desde el mes de abril, para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero. El gobierno había otorgado sólo un 12,5 por ciento.

El proyecto estipula que el haber mínimo no podrá ser inferior al valor de una canasta básica total de adulto, multiplicada por 1,09. Si el Senado aprueba esta iniciativa (y se promulga antes del 15 de junio), la jubilación mínima en julio podría ser algo mayor a $ 306 mil.

La fórmula de movilidad seguirá ajustándose mensualmente por la inflación. A su vez, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50% de la variación anual de los salarios (RIPTE) por sobre la variación del IPC, siempre y cuando esta diferencia haya sido positiva. De esta forma, los haberes recibirán otro incremento ante una eventual mejora de los salarios reales.

En la madrugada del miércoles, el presidente Javier Milei posteó: “les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”. El veto, una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, tiene sus límites. Si se consiguen dos tercios de los votos presentes, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, el presidente tiene que respetar la voluntad del Poder Legislativo.

Adelantándose a esta situación, funcionarios del gobierno señalaron que “no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no tiene los recursos” y que si se insiste con el proyecto, para mantener el equilibrio fiscal “habrá que recortar otras partidas presupuestarias”.

Hay que tener en cuenta que la iniciativa implicaría una erogación adicional de entre 0,43 puntos y 0,45 puntos del PBI. Para poner las cosas en perspectiva, podríamos hacer la comparación con los dos puntos de más del PBI que el gobierno ajustó, según dijo el presidente. También con el costo de las modificaciones en Bienes Personales que forman parte del paquete fiscal a tratar en el Senado. En este caso, para los contribuyentes cumplidores, la reducción de las alícuotas más altas conlleva una reducción de recaudación del 0,41% del PBI en 2024, aumentando gradualmente hasta el 0,61% en 2027.

No es que no haya recursos, existen otras prioridades. A diferencia de otros procesos, en los cuales los gobernantes llevaban adelante un ajuste pero lo negaban, Javier Milei lo presenta como un motivo de orgullo. Un ajuste que, está claro, no recae en la supuesta “casta” sino en el conjunto de la ciudadanía.

En su intervención en la conferencia “Abordando la crisis de deuda en el Sur Global” –en la que no hubo representantes del gobierno argentino– el Papa Francisco destacó que “ningún gobierno puede exigir moralmente a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana”, en un discurso que tuvo como eje el fuerte endeudamiento que padecen ciertos países.

Las encuestas van dando cuenta de que las principales preocupaciones de los argentinos y las argentinas empiezan a ser el desempleo y la falta de ingresos, algo bien típico de los años noventa. En este marco, la media sanción en Diputados es un paso muy importante, que además revaloriza el rol de la política. El Parlamento tiene una gran responsabilidad en que el gobierno no siga avanzando con un esquema económico y social que resulta insostenible por donde se lo mire y que será muy difícil de revertir si se aprueban la Ley Bases y el paquete fiscal.