El nuevo obispo castrense Santiago Olivera asumió en el cargo hace apenas dos semanas y fue recibido con una carta que firmaron 93 organismos y Secretarías de Derechos Humanos, organizaciones y personalidades. Todo el espacio le advirtió sobre una deuda histórica pendiente, la de «admitir la responsabilidad institucional que tuvo el obispado en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983)». Además, exigieron la apertura y puesta a disposición de la Justicia y los organismos de los archivos del Vicariato Castrense; que los capellanes durante la dictadura testimonien y que digan lo que saben sobre los desaparecidos y los bebés apropiados, y exigieron un pronunciamiento público sobre el accionar de esa institución en la dictadura.

«El principal planteo de los organismos fue decirle al obispo cuál fue el rol de la Iglesia Católica en la dictadura como una de las instituciones que hicieron posible el terrorismo de Estado en Argentina», explicó el sociólogo Ariel Lede, autor junto con el historiador Lucas Bilbao del libro de investigación Profeta del genocidio. El Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, que recopila las anotaciones del jefe de los capellanes en la dictadura que permitieron correr el velo sobre la presencia de sacerdotes en los centros clandestinos de detención y su rol de legitimación religiosa de la tortura.

En la información de esa investigación se sustenta la carta que lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS, APDH, LADH, Serpaj, HIJOS, Secretarías y Direcciones de una decena de municipios bonaerenses, entre otros organismos y personalidades.

–Los organismos piden abrir archivos porque lo poco que se sabe surge del diario de Bonamín. ¿Cuál es esa información?

–Los diarios, que estaban en guarda de la Comisión Provincial por la Memoria, contienen anotaciones de Bonamín de los años 1975, 1976 y 1978, y ante el vacío documental que generó la propia institución en los años posteriores a la dictadura viene a ser revelador. A eso se le suma el boletín trimestral del Vicariato Castrense, que pudimos consultarlo aunque no por vía del Obispado, sino por colaboradores.

–¿Qué documentos puede aportar el Obispado?

–Es posible que pueda haber actas de reuniones, cartas, otras comunicaciones entre los capellanes. Había una comunicación muy fluida. Los organismos marcan que la dictadura fue cívico-militar y eclesiástica, que es la misma idea de nuestra investigación, que se basa principalmente en la información que ofrecen las anotaciones de los diarios del obispo Bonamín para reconstruir la organización y la funcionalidad del Vicariato Castrense, su despliegue en el territorio, la legitimación de la tortura. La Iglesia fue la pata católica. Y el rol fundamental lo ocupó el Obispado Castrense que lo que hizo fue legitimar con argumentos teológicos las distintas metodologías del terrorismo de Estado.

–La carta dice que «entre 1975 y 1982 al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral» en unidades militares con centros clandestinos de detención. ¿Ahí radica la relación iglesia-represión ilegal?

–Demuestra que la relación fue muy directa. Lo que se puede probar documentalmente es el trabajo de al menos cien capellanes en unidades militares en las que funcionaron centros. Y un poco más que trabajaban en unidades que tenían a su cargo centros. Es un número elevado que quizá no sea definitivo. Se supone que el Obispado tiene que tener más información porque en los legajos administrativos que están en el Ministerio de Defensa aparecen cartas que enviaban los sacerdotes de distintos puntos del país que iban dirigidas al Obispado y a la Iglesia Stella Maris.

–¿Cuál es el impacto simbólico de la designación de un obispo en un puesto que estaba vacante desde la jubilación de Antonio Baseotto en 2006?

–El nombramiento es un retroceso. Pasaron diez años con un sacerdote interino en el cargo y el nombramiento de un nuevo obispo revitaliza esa institución que estaba un poco aplacada. Del retroceso tiene responsabilidad también el gobierno nacional porque el obispo castrense es el único cargo de la Iglesia que se decide por un acuerdo entre el Vaticano y el Estado. Es una decisión del gobierno revitalizarlo.

–¿Cómo cree que impacta en un marco de retroceso en materia de Derechos Humanos?

–El gobierno y la Iglesia en este momento han encontrado un punto de acuerdo en relación con sostener la idea de la reconciliación, el negacionismo y la crítica al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Pero la Iglesia es pionera y la reconciliación es la herramienta que encontraron a la salida de la dictadura para mantener la impunidad. Les sirvió para mantenerse al margen de las causas judiciales. La idea de la reconciliación busca también deslindarse de sus responsabilidades, de ubicarse por encima de una sociedad supuestamente dividida, por eso retoman la Teoría de los dos Demonios. «