El nuevo proyecto de Ley Bases que el gobierno enviará en las próximas horas al Congreso incluye un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que garantiza la actualización por la inflación. Sin embargo, propone un mecanismo de empalme que implica un recorte de 10 por ciento en los haberes.

La metodología está explicitada en los primeros borradores de la iniciativa que se filtraron desde la Casa Rosada. El artículo 63 del proyecto establece que “los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) según la siguiente fórmula: mt = Var.mensual IPC t-2”, en la que m es el porcentaje de aumento y t es el mes de pago de los haberes.

De esa manera, en mayo, por ejemplo, el ajuste se hará según el índice de dos meses antes (la inflación de marzo), que el Indec publicará a mediados de abril.

Sin embargo, el artilugio a partir del cual se morderá una nueva fracción de los haberes de jubilados y pensionados figura en el artículo siguiente, el 64, que puntualiza que “en abril de 2024 la actualización se calculará en base a la siguiente fórmula: mt = Var.porcentual IPC t-2 + 10%”.

Este agregado busca subsanar la omisión del mes de enero, ya que la fórmula vigente (que pondera en un 50% la recaudación de la Anses y en un 50% la variación de los salarios registrados) sólo contempla los datos hasta diciembre y la nueva arrancaría con las cifras de febrero. Sin embargo, el primer mes del año arrojó una variación del índice de precios de 20,6%, por lo que de arranque los beneficiarios del sistema perderían diez puntos. Si se aplica la fórmula en esos términos, la fracción perdida ya no podría ser recuperada en futuros períodos.

El título V del nuevo proyecto de ley Ómnibus, denominado «Movilidad de las prestaciones previsionales», abarca apenas dos artículos de los 269 que componen el conjunto del texto que entrará a discusión. Es una cantidad muy inferior a los 664 que tenía la norma original que el gobierno envió a fines de diciembre al Congreso y que debió retirar por la falta de apoyo de los demás bloques. En aquella iniciativa se preveía simplemente la derogación de la fórmula de movilidad y se le daba plenos poderes al Ejecutivo para fijar los aumentos de haberes a su antojo. El último miércoles fracasó por falta de quórum una sesión especial de Diputados para implementar una medida como la que ahora impulsa el gobierno, pero reconociendo el 20,6% de enero.

Como explicó Tiempo en su edición impresa del último domingo, el sector previsional fue uno de los más perjudicados por la licuación de pagos que lleva adelante el Ministerio de Economía. Según cálculos privados, la erosión de sus haberes por la inflación (y la falta de medidas oficiales para suavizar ese perjuicio) significó para Hacienda un ahorro real en el bimestre enero-febrero de $ 1,68 billones de pesos, el 43% de los $ 3,87 billones de reducción total del gasto primario.

En cuanto al proyecto de la nueva Ley Bases, en un principio no incluye otras iniciativas fiscales como el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva y el adelantamiento de pago en otros tributos, como contenía la original. Se entiende que ese paquete estará en un proyecto aparte, al igual que la reimplantación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (trabajadores registrados).

La estrategia oficial prevé enviar normas más precisas y de alcance más reducido, que permitan una negociación más fácil con sectores de la oposición y sobre todo con los gobernadores. En la Casa Rosada creen que esa táctica evitará nuevos y estruendosos fracasos.