El paisaje es desolador. Miles de hectáreas de bosques quemados por los arrasadores incendios del último verano. La comarca andina recibió el embate del fuego dejando a cientos de familias sin hogar y una naturaleza que tardará décadas en empezar a recuperarse. En ese contexto avanza un mega proyecto inmobiliario, vinculado al magnate inglés Joe Lewis, que amenaza la salud de los humedales de alta montaña y, en consecuencia, el acceso al agua de la población de Mallín Ahogado, Rio Negro. Comunidades de esta zona, aledaña a El Bolsón y en pleno proceso de reconstrucción tras el incendio más grave de su historia, se encuentran en estado de alerta.

El 17 de agosto, el Ministerio de Producción de la provincia aprobó, de manera inconstitucional, el Plan de Uso de Suelo presentado por la empresa Laderas de Perito Moreno SA, de vínculos estrechos con Lewis, para intervenir 287 hectáreas  con fines inmobiliarios y turísticos al pie del Cerro Perito Moreno. Por el momento, la Justicia local paralizó esa resolución en el marco de la acción de amparo llevada adelante por las comunidades locales que protege las vertientes de agua del Mallín Ahogado. Este loteo se localiza sobre una zona de bosque nativo protegido por la Ley Nacional de Bosques que cumple una función ecosistémica: demora y retiene el flujo hídrico que desciende desde otros afluentes y de la zona periglacial de mayor altura. La decisión de la Cámara judicial de Bariloche ocurrió hace un mes y medio, tras dos masivas movilizaciones populares en las calles de El Bolsón donde, entre otros puntos, denunciaron que el proyecto no cuenta con licencia social.

La empresa Laderas SA está acusada de ocultar los impactos de realizar un proyecto de esta magnitud sobre un humedal de alta montaña, a 900 metros de altura, cuya función es fundamental para la salud de la cuenca hídrica de la zona. Las nacientes de los ríos proveen de agua y salud a cerca de 2 mil familias en la zona de Mallín Ahogado, a unos 21 kilómetros de la ciudad de El Bolsón, cuyo intendente, Bruno Pogliano, fue el contador de la empresa. En estas tierras todo queda en famiglia.

El propio Departamento Provincial de Aguas aseguró que actualmente hay un 50% menos de caudal de ríos y arroyos y que el proyecto inmobiliario agravaría este proceso profundizando la emergencia hídrica. El panorama se agrava con los incendios forestales que ya afectaron de manera sustancial bosques, animales y más de 400 hogares en toda la comarca.

Las comunidades y organizaciones ambientales rechazan el avance de la iniciativa de Laderas SA (apoyada por el gobierno de Arabela Carreras), considerándola parte de «un modelo de maldesarrollo que concentra la propiedad privada, privatiza a la naturaleza y deposita en manos corporativas el control y uso soberano del acceso al agua».

Hace pocos años, el magnate Lewis -una de las 300 personas más ricas del mundo-, quiso construir ahí mismo un aeropuerto que fue rechazado masivamente por la población. En la misma zona tiene “secuestrado” el Lago Escondido, a pesar de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia que le ordenó que permita el acceso libre e irrestricto a ese bien público.

En un contexto de sequía nacional y de crisis climática a nivel global, la legislación y jurisprudencia en materia ambiental e hídrica suele incumplirse en todo el territorio nacional. Por eso se reclama que estos proyectos inmobiliarios no puedan ser aprobados sin la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y sin estudios de Impacto Ambiental que garanticen que los ecosistemas y las funciones que proveen a la sociedad serán preservados. Entidades y comunidades hacen responsable al gobierno provincial por desconocer la vigencia de la orden judicial de no innovar frente a los riesgos de realizar un mega proyecto inmobiliario de esta envergadura sin informar ni prever la afectación a acuíferos subterráneos y el peligro de contaminación por residuos de todo tipo.

Es la misma zona donde se construyen imaginarios sociales negativos sobre las comunidades indígenas que reclaman y recuperan (ínfimos) territorios amparados por la propia Constitución Nacional. El mismo lugar donde se disparan mensajes anti indígenas, racistas y discriminatorios. En esa misma zona pretenden que, luego de destruir ecosistemas y naturaleza, los magnates puedan tener su Nordelta patagónico.

Amigos

El magnate inglés Joe Lewis tiene vínculos estrechos con el poder político hace años. Uno de los más cercanos es con el ex presidente Mauricio Macri.

En más de una oportunidad lo invitó a vacacionar a sus propiedades en el sur, donde Lewis afronta denuncias.

Lago Escondido está judicializado porque las comunidades reclaman que no permite el acceso público al lago.

La empresa Hidden Lake SA (propiedad de Lewis), argumenta que el acceso al Lago se logra por un camino de montaña.

Para llegar por esa vía hay que transitar 33 kilómetros en altura y a caballo. La travesía dura en promedio cuatro días.

Según un informe de la Universidad Nacional de Río Negro y la Legislatura provincial, la empresa de Lewis tiene 11.285 hectáreas, un 7% de las tierras de San Carlos de Bariloche.

En su primera conferencia de prensa en 2017, Macri defendió a su amigo: “El Lago (Escondido) tiene mejor acceso que el que tenía antes de que Joe Lewis compre esa propiedad”.

Preescribieron la causa

Hace un mes la justicia federal prescribió, por el paso del tiempo, la causa por la supuesta “compra fraudulenta» de dos estancias en zonas de frontera de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996 usurpa el Lago Escondido, que debería ser de acceso público. La principal beneficiada es la familia Lewis. El hijo de Joe, llamado Charles Barrington, era uno de los imputados.