El gobierno neoliberal de Javier Milei se presenta como un enemigo de las regulaciones y de los controles del Estado. Sin embargo, en los hechos, lo que propone es un avance conservador, con la restricción de libertades y derechos ya adquiridos. Pueden dar cuenta los usuarios de cannabis medicinal y la incipiente industria del cáñamo, cuya legislación, como parte de una política de Estado tanto del peronismo como del macrismo, puso al país a la vanguardia regional en materia de investigación y de su aplicación en el ámbito público y privado.
Días atrás, el vocero Manuel Adorni realizó una especie de diagnóstico del área de Salud y justificó el recorte de unos 140 mil millones de pesos. En ese marco, el funcionario adelantó que “se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como REPROCANN, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”.
“Se ponen en duda todos los avances en materia de cannabis medicinal por ser de la gestión anterior. Sin entrar en una discusión partidaria, el vocero comete muchos errores desde la desinformación. Primero, el REPROCANN no es un registro de productores sino de pacientes; y segundo, sobra la evidencia científica. Basta escarbar un poquito”, explica a Tiempo el abogado Juan Palomino, especializado en derecho cannábico.
Cuesta entender
En esta tesitura, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, propuso en la última reunión del Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Programa de Cannabis la modificación de la resolución 800 de la Ley 27.350 para restringir las patologías (trascendió que a nueve) por las cuales los profesionales de la salud pueden indicar el uso del cannabis medicinal.
Según se informó al CCH, se reciben cerca de 1000 solicitudes por día y sólo están aprobando 40 trámites. El embudo que se generó es insostenible. «Están colapsados de prontos despachos y de amparos de pacientes. Hay 450 ONG’s o más que están esperando el alta para poder utilizar el sistema. Frente a esto realmente me cuesta entender cómo fue que analizaron y establecieron que no hay evidencia científica en más de 90.000 inscripciones”, insiste el abogado.
Como relata Sebastián Basalo, referente del movimiento cannábico, organizador de la Expo Cannabis y director de la revista THC, desde el Ministerio de Salud indicaron que este retraso se debe a que buscan auditar el proceso, «lo cual sería positivo si redunda en una mayor agilidad y eficiencia, pero a la vez informaron que también pretenden limitar el número de patologías por las cuales puede prescribirse cannabis medicinal, algo que va en contra de la evidencia científica y de la misma Ley 27.350 que afirma que basta con la indicación de un médico». Un mecanismo similar al ajuste a las universidades: la excusa de auditar mientras avanzan en un recorte efectivo.
La Sociedad Argentina de Endocannabinología y Terapéutica Cannábica, integrada por profesionales y especialistas en el uso terapéutico de la planta, denunció que el gobierno «desconoce el alcance real» del cannabis medicinal en la medicina actual que “viene a desafiar el quehacer médico convencional siendo, en la mayoría de los casos, los mismos pacientes quienes concurren con la terapéutica instaurada en busca de acompañamiento y validación del uso de la planta para paliar sus dolencias”.
Salud, industria y regulación
Basalo destaca que el REPROCANN casi no representa un costo económico para el Estado: «vino funcionando muy bien estos años y de él depende la salud y la calidad de vida de casi 300 mil personas que ya se inscribieron y otras cientos de miles que están esperando”. Las leyes 27.350 y 27.669 no solo “blanquearon” una situación cotidiana para los usuarios, sino que también amplían la aplicación de la planta, extendiendo su uso para la construcción, los textiles, la celulosa y productos de consumo humano como los comestibles.
En esa visión conservadora contra el cannabis, el gobierno atenta contra la generación de divisas de una industria en alza, que podría ayudar a paliar el déficit, una bandera mileísta. Lo ideológico prima por sobre lo económico y la salud. “Se trata de una industria regulada porque es una excepción a la Ley de estupefacciones y las autoridades son federales porque se trata de un delito penal bajo su competencia, que está regulada en Argentina y en el mundo”, explica Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y director de Pampa Hemp, firma pionera en obtener como emprendimiento privado la autorización del Ministerio de Salud para desarrollar un cultivo con fines productivos y de investigación.
“Es cierto –acota el empresario–, hay que fiscalizar, pero hoy no tenemos interlocutores oficiales. Apenas tuvimos reuniones sensoriales, porque nos quedamos solo con la sensación, quizá equivocadamente, de que el gobierno sospecha que hubo ciertos desvíos con el REPROCANN y que quieren ordenar los permisos que otorga el INASE (Instituto Nacional de Semillas), además de auditar a todas las organizaciones ya sean clubes, ONG’s o cultivadores solidarios”.
Semanas atrás, la INASE emitió la Resolución 81/2024 en la que suspendieron temporalmente las inscripciones de nuevos operadores al Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas que desarrollen su actividad con Cannabis sativa L. (cannabis psicoactivo). A esto, se suma que buena parte de las autoridades de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal renunciaron y los cargos continúan acéfalos. La persecución ideológica tiene sus efectos en la calle: hace unos días se realizó un operativo en Martínez por una denuncia de la municipalidad de San Isidro. Irrumpieron en el predio de la ONG Superfly Cannabis Medicinal, decomisaron cientos de plantas. “Este tipo de acciones vulneran el acceso a la salud y generan temor en los usuarios –resume Palomino–. Por desconocimiento, o de manera adrede, se está retrocediendo”.
Una industria de vanguardia que hoy está frenada
La investigación y producción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en Argentina alcanzó su punto máximo con la reglamentación de la Ley 27.669 en agosto de 2023 que involucró el trabajo interdisciplinario de diferentes ministerios, universidades públicas, provincias, asociaciones civiles y empresarios de los más variados rubros. Un negocio de U$S 500 millones y 10 mil empleos en una primera etapa, sólo en el mercado interno. El impulso se concretó en zonas diversas como La Rioja (con la Provincia, el sector privado y la universidad), Rosario, con la UNR al frente; o municipios de vanguardia, como Castelli.
Pero la iniciativa entró hace meses en una meseta. “Hace dos semanas se publicó en el Boletín Oficial que la ARICCAME queda en manos de la Secretaría de Industria, en el ámbito de Economía. Todavía no hubo designaciones, pero sí adelantaron que estaban revisando algunas cuestiones del pasado”, precisa Pablo Fazio, al frente de la cámara ArgenCann que reúne a más de 80 emprendimientos.
“Llevamos 18 meses de incertidumbre –alerta Fazio– y estos últimos cuatro ni si quiera tenemos autoridades en la Agencia. Las empresas están pagando sueldos, sin generar ingresos y sin producción. Hay mucha angustia e incertidumbre. Los inversores que pusieron dinero están a punto de retirarse y es muy difícil buscar nuevos jugadores”.
El director de Pampa Hemp advierte que “aunque nombren mañana a las autoridades, todo el proceso regulatorio va a ser muy lento porque involucra a muchas áreas del Estado. Vencer un montón de prejuicios que están dentro del funcionariado va a demorar”; y reconoce que quienes están una situación peor son aquellos “empresarios que ya arrancaron, muchos de los cuales están esperando los procesos de homologación de sus proyectos productivos al amparo de la ley 27.669”.
Numerosos inversores habían visto en el rubro la posibilidad de hacer un negocio, pero hoy con una inflación en dólares, y un Estado ausente, este sueño está cada vez más lejano. “Hace unos meses con 100 mil o 150 mil dólares podías pensar en montar un emprendimiento. Hoy sería el doble”, concluye Fazio.
Un fallo a favor de la legalidad
A contramano de las dudas que busca imponer el gobierno sobre el cannabis medicinal, esta semana la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dio vuelta un fallo de primera instancia que había puesto tras las rejas a siete personas por los delitos de “tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia con fines de comercialización y comercio con plantas o semillas, utilizables para producir estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”.
Tras pasar más de cuatro años detenidos, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma absolvieron a los sospechosos al considerar que si bien habían vendido semillas de cannabis por Facebook, estaban dirigidas “a personas que realizaban autocultivo y que el objeto procuraba satisfacer la demanda para consumo medicinal, terapéutico y paliativo, lo que evidencia un propósito legítimo”.
Slokar llegó a esta conclusión tras un análisis de la evolución legislativa, los decretos regulatorios y resoluciones oficiales del Ministerio de Salud y del Instituto de Semillas, que terminaron por regular el acceso del cannabis medicinal a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
