El fallo que puso en jaque a la independencia del Ministerio Público Fiscal al establecer que el gobierno puede cesar por decreto al procurador general de la Nación fue dictado por un juez que llegó a su cargo en 2009 tras un concurso cuestionado por varias entidades relacionadas con la Justicia y de la mano de influyentes abogados, de antes y de ahora.

El magistrado Pablo Cayssials estaba ternado en segundo lugar para el Juzgado Federal con competencia en lo Civil y Comercial número cuatro de La Plata. Pero también se había presentado en otro concurso para juez en lo Contencioso Administrativo Federal porteño. La ex presidenta Cristina Fernández lo propuso al Senado para ese último cargo y así liberó un cupo en la terna del juzgado de La Plata, para el que propuso a Alberto Recondo. Cayssials llegó a su cargo en julio de 2009; Recondo, al suyo, dos años más tarde.
No está claro por qué en el pasado Cayssials era conocido con el apodo de “el cafetero”. Acaso se remonte a sus primeras armas en la abogacía. Gran parte de los actuales jueces comenzaron como “meritorios” en tribunales.

Su postulación contó con el aval de, entre otros, los abogados Javier Fernández y Darío Richarte. Ambos estuvieron en algún momento muy cerca del anterior gobierno; hoy la relación es distante. Richarte conserva excelentes relaciones con sectores históricos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, señalado por la diputada oficialista Elisa Carrió como el “operador” del gobierno de Cambiemos en la Justicia.

Cayssials llegó al juzgado con una impronta cercana al gobierno anterior. Pero si tal cosa hubiera sido real, definitivamente viró hacia el otro extremo con dos fallos trascendentes: declaró inconstitucional la denominada “democratización de la justicia” que intentó el kirchnerismo y concedió una medida cautelar a pedido de periodistas del Grupo Clarín (Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Eduardo van der Kooy y el fallecido José Eliaschev) para frenar la adecuación de oficio que imponía la Ley de Medios Audiovisuales, convertida en letra muerta por el actual gobierno.

Hoy, los fallos de Cayssials aparecen en sintonía con los criterios del gobierno. En las últimas semanas pidió la inhibitoria del fuero laboral en varios expedientes en los que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Jorge Rizzo, planteó la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de ART. Cayssials sostiene que debe ser él y no los jueces laborales (que hasta ahora venían dándole la razón a los abogados) quien deba resolver en definitiva si la ley es válida o no.

Cayssials es, también, el juez que declaró el año pasado la inconstitucionalidad de una parte de la reforma de la ley de Educación Superior que descartaba los exámenes de ingreso en las universidades públicas.

Como juez de primera instancia se presentó a concurso para ascender a camarista dentro del fuero. Fue en el marco del concurso número 282, en el que atravesó con éxito todas las etapas y había quedado muy bien posicionado: tercero en el orden de mérito inicial, con 171,15 puntos, apenas por debajo de los 177,75 que habían obtenido quienes le precedían en la postulación, Esteban Carlos Furnari y Santiago Ricardo Carrillo. Sin embargo, a finales del año pasado y poco antes de que se confeccionara la terna definitiva de candidatos, renunció a la posibilidad del ascenso y prefirió seguir en el cargo de juez de primera instancia. «