El juez Juan María Ramos Padilla, padre del magistrado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pidió la destitución de su colega Claudio Bonadio y presentó un durísimo escrito en su juzgado solicitándole que se aparte de la causa denominada “operación Puf”, sendas denuncias del fiscal Carlos Stornelli y la diputada Elisa Carrió que sostienen que existe un “complot” para desbaratar la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Juan Ramos Padilla, quien a su vez es el abogado defensor de su hijo en el pedido de juicio político que tramita ante el Consejo de la Magistratura, destrató a Bonadio, a quien le exigió que lo convoque a declarar como imputado y lo invitó a que voluntariamente se excuse de seguir investigando esa causa.

Ocurre que la “operación puf” se cimenta en una serie de escuchas telefónicas a ex funcionarios kirchneristas detenidos, quienes sabían anticipadamente de la denuncia que se iba a presentar contra el falso abogado Marcelo D’Alessio por una presunta extorsión que terminó derivando en una asociación ilícita que salpica a servicios de inteligencia, dirigentes políticos, funcionarios judiciales y está todavía en pleno desarrollo.

Cuando estalló el escándalo D’Alessio, Carrió y Stornelli denunciaron que se trataba de una operación para “voltear” la causa de los cuadernos. En una de las escuchas, el ex embajador ante el Vaticano y dirigente kirchnerista Eduardo Valdés le dice a un ex funcionario detenido: “Stornelli puf, Bonadio puf”.

Las denuncias de Carrió y Stornelli se unificaron en el juzgado del propio Bonadio, quien pese a que podría ser una “víctima” de ese supuesto operativo, no se excusó, avanzó en la pesquisa y pidió medidas de prueba, entre ellas determinar si Ramos Padilla padre y Valdés coincidieron en una clínica de vida sana en Entre Ríos en el verano pasado, contemporáneamente al estallido de la Causa D’Alessio.

A partir de esa situación, Ramos Padilla padre pidió “la nulidad de todos los actos que se pudieren llevar a cabo por un juez que nunca debió asumir el conocimiento de estas actuaciones y cuya actuación se encuentra viciada desde sus inicios”.

Stornelli fue declarado “rebelde” en la causa que tramita en Dolores y Bonadio fue formalmente imputado. “Aquellos que aparecen involucrados en un proceso penal que se tramita en el Juzgado Federal de Dolores buscan su impunidad mediante mecanismos ilícitos, sus relaciones con la Agencia Federal de Inteligencia y el abuso de sus funciones”, embistió Ramos Padilla padre.

En el escrito presentado ante los tribunales de Comodoro Py 2002, le reprochó a Bonadio que hubiera pedido informes al Centro de Salud adventista Vida Sana, de Entre Ríos, sobre su estadía allí en el verano pasado. “Más allá de sus preocupaciones personales, no debería inmiscuirse en mi vida privada, ni en los lugares a los que concurro para atenderme, ni tampoco agregar constancias o citar testigos que digan si fui o no acompañado, cómo realicé los pagos, o hasta con quien hablé”.

“Para que le quede claro: si quiero conversar con el Dr. Eduardo Valdés no tengo que irme a una clínica en Entre Ríos, someterme a un tratamiento de salud, realizarme controles cardíacos o de otro tipo, que es lo que hago en ese lugar y que no debería despertar ningún interés para la investigación. Simplemente me alcanza con llamarlo por teléfono, reunirme con él, invitarlo a mi casa o lo que fuere”. Ramos Padilla padre advirtió además sobre la intromisión en la intimidad de “muchos de los que estaban internados en el mismo centro de salud e incluso para las autoridades de la clínica, ante el temor de violar el secreto médico por las eventuales demandas civiles que esto les podría generar”.

“Alcanza con esta breve descripción para dar cuenta de la irracionalidad que gobierna a esta investigación y a sus decisiones”. Ramos Padilla padre desafió: “En este tren de elucubraciones a partir de supuestas relaciones personales, bien podría traerse a colación las versiones que se han dado a conocer acerca de que Marcelo D’Alessio –otro de los implicados en el supuesto ‘complot’- se relacionaba con el juez  Bonadio y el fiscal Stornelli en la pieza de un hotel, para señalarle al juez que no es posible inmiscuirse arbitrariamente en la vida y la intimidad de las personas –tal como si me interné en una clínica o quién me acompañó-, si no existe siquiera una mínima propuesta racional de investigación”.

Además, recordó que hasta la Corte Suprema emitió “un severo pronunciamiento acerca del tratamiento que debían darle los tribunales al material obtenido (las escuchas telefónicas) de este modo”.

“Se observan por parte del Juez  Bonadio maniobras de fórum shopping, falta de excusación y la utilización de un proceso para eludir una investigación que lo compromete en igual medida que a aquellos que autoriza a actuar como parte querellante, quienes le aportaron las escuchas que recibieron de manera ilegal e impulsan el proceso, lo que constituye una clara maniobra de encubrimiento y auto-encubrimiento y un escándalo sin precedentes desde cualquiera de las ópticas que se lo quiera analizar. (…) Estamos frente a una gravísima maniobra de encubrimiento que por sus características puede asimilarse al célebre caso ‘Watergate’, a partir del cual terminó dimitiendo un presidente cuando se conocieron las escuchas llevadas a cabo sobre opositores políticos y las maniobras que desde el Poder Ejecutivo se perpetraron para encubrir esa actividad ilegal”.

Ramos Padilla padre presentó además un pedido de destitución contra Bonadio en el contexto de una denuncia que ya había formulado en julio pasado ante el Consejo de la Magistratura. En ese documento denunció que las escuchas telefónicas apuntaron a detenidos que “además de ser opositores políticos o ex funcionarios públicos, estaban presos, no había razón para que se los escuchara y un juez federal había ordenado destruir esas escuchas”.

“A través de anónimos que sin explicación recibieron fiscales y diputados -también oficialistas- cercanos a  Bonadio, que partían de una agencia de gobierno involucrada, se logró introducir o mejor dicho ‘blanquear’ en el circuito legal esas escuchas para intentar encubrir la conducta de los denunciantes y/o afectar de manera absurda una investigación que tramita en Dolores, y que involucra también a  Bonadio”.

El juez federal porteño –añadió- se apartó de una doctrina “que le impide a un magistrado entrometerse en la intimidad de aquellas personas que se encuentran detenidas a su disposición, afectar su intimidad y su derecho a la defensa”.