La exorganización guerrillera FARC suspendió el viernes en forma temporal su primera campaña electoral en Colombia, luego de abandonar las armas de medio siglo, hasta que se garantice la seguridad de sus candidatos para los comicios de 2018. 

«Vamos a suspender por un momento nuestra campaña», dijo el candidato presidencial y líder máximo de la otrora guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El excomandante guerrillero aseguró que el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) realizará «una evaluación muy serena» durante la interrupción de las actividades proselitistas, al tiempo que llamó a la «reconciliación» y a que cesen las agresiones contra sus candidatos.

La candidata a vicepresidenta, Imelda Daza, aseguró que la suspensión de la campaña se tomó «principalmente» por las «agresiones» y «saboteos» que sufrió Londoño en los últimos días. Timochenko, que tiene una intención de voto que sólo ronda el 1%, canceló visitas por motivos de seguridad y tuvo que ser protegido de personas que pretendían agredirlo durante actos proselitistas o a la salida de entrevistas con medios de comunicación.

«Cualquiera tiene el derecho a expresarse. El problema es cuando una persona se queda sin argumentos y acude a la agresión», agregó Londoño, quien llamó a sus militantes a mantener la calma y evitar responder las agresiones. FARC denunció en un comunicado ataques a sus candidatos en los departamentos de Quindío, Caquetá y Valle del Cauca, que dejaron «heridos y contusos, entre ellos dos menores, además de daños materiales a vehículos y una sede sindical». Esperamos «que el gobierno a través de los mecanismos que dispone nos garantice las condiciones mínimas para desarrollar nuestra labor y el derecho a exponer nuestras ideas», apuntó Daza.

En ese sentido, el presidente Juan Manuel Santos, que dejará el cargo en agosto tras dos períodos de cuatro años, pidió a los colombianos rechazar las agresiones de las que son víctimas los aspirantes de la FARC. 

Según la exguerrilla, los ataques no son reacciones espontáneas, sino «un plan coordinado, dirigido a impedir la participación política de un partido legalmente constituido, luego del acuerdo de paz». Daza responsabilizó de estos hechos a sectores que promovieron el No al pacto de paz en el plebiscito votado en octubre de 2016, que tuvo mayoría en las urnas y provocó la renegociación del pacto alcanzado con el gobierno tras cuatro años de diálogos en Cuba. «¿Quiénes son los que están detrás de esto? Pues los que no han podido aceptar que la guerra terminó», dijo Daza.

Al acuerdo se opusieron sectores de derecha liderados principalmente por el Centro Democrático, del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, y del exmandatario Andrés Pastrana. Estos consideran que lo acordado con la FARC garantiza impunidad a los guerrilleros que cometieron delitos graves. «Rechazamos incidentes violentos de los cuales también hemos sido víctimas», se limitó a escribir Uribe en Twitter.

La exguerrilla también llamó la atención por el asesinato de varios de sus excombatientes y de familiares de sus militantes desde la firma en noviembre de 2016 del pacto de paz con el gobierno. Temen que se repita la historia de la Unión Patriótica (UP), un partido de tendencia comunista surgido de unas fallidas negociaciones de paz en los ’80, cuyos principales integrantes fueron exterminados por paramilitares de extrema derecha en complicidad con agentes estatales. El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, dijo que desde la firma del convenio han sido asesinados 28 exguerrilleros y 12 familiares de excombatientes, mientras que Timochenko denunció el asesinato de 37 excombatientes tras la firma del convenio que permitió el desarme de 7000 hombres y mujeres. 

El pacto de paz les garantiza a los rebeldes diez escaños en el Congreso –cinco en cada Cámara– por dos períodos de cuatro años, pero para ello deberán participar en los comicios. Los colombianos elegirán en marzo a sus congresistas y en mayo a un nuevo presidente. «