Beltrán Benedit, diputado libertario que quedó en la mira tras la difusión de su visita al represor Alfredo Astiz en la cárcel, junto con otros seis miembros de su -por ahora- bloque, intentó lanzar a la arena política la habilitación del desmonte para uso inmobiliario. Beltrán entró como diputado en la boleta del candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Entre Ríos, Sebastián Etchevehere, y ahora, en medio del irrefrenable incendio en las sierras de Córdoba, quiere colar la agenda de la Sociedad Rural en medio de la definición de temas legislativos para el segundo semestre de gobierno. La ministra de ambiente bonaerense Daniela Vilar salió a cruzarlo y a advertir del peligro de la vuelta de las prácticas especulativas del uso del fuego.

Beltrán propone volver a incentivar los incendios intencionales de los terrenos para su posterior uso inmobiliario o destinado al agronegocio. Tras haber sido director de la SRA en Entre Ríos y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en esa provincia, como legislador sólo posee un proyecto de modificación de la Ley de Manejo de Fuego bajo el argumento de que «estas medidas penalizan injustamente a propietarios rurales y socavan el principio de inocencia en casos de incendios».

Beltrán fue el primer candidato a diputado nacional prendido a la boleta del excandidato libertario a gobernador Sebastián Etchevehere, hermano de Luis Miguel Etchevehere, -ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri. Ambos están procesados desde fin de junio por la Justicia por administración fraudulenta de la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná. Ahora, en representación de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR), el diputado oficialista considera que la norma no tiene «suficiente respaldo técnico». Atribuye al proyecto aprobado en diciembre de 2020 «contenido ideológico y prejuicios».

La respuesta técnica y política a Beltrán estuvo a cargo de Vilar, quien cuando era diputada fue una de las impulsoras de las modificaciones de la ley en medio de los incendios que se sucedían en la Patagonia, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

“Logramos hacer un cambio para desincentivar el uso de fuego, ni siguiera fue para prohibirlo, ya que es muy común la práctica para hacer cambio de temporada en el campo. Pero, producto de la crisis climática, en medio de una sequía sin antecedentes en el país, el uso del fuego se daba en el peor de los escenarios posibles. Nosotros planteamos que cuando hay un terreno, un servicio ecosistémico, afectado por el fuego lo que se limita es el cambio de uso del suelo. Lo que se detectaba es que se incendiaba al terreno y luego lo vendían para hacer emprendimientos inmobiliarios”, explica la funcionaria.

“Ahora no se puede cambiar el uso del suelo. No quiere decir que el propietario de esa tierra no quiera seguir con la producción que venía llevando adelante. Esta ley no es de carácter punitivo, no busca sancionar sino preservar y recomponer el terreno y el servicio ecosistémico para que se pueda restaurar la biodiversidad”, desarrolla Vilar.

En este contexto de ofensiva legislativa del oficialismo, tras la sanción de las leyes que pidió, que incluyó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la ministra sostiene que “la participación ciudadana es clave para dirimir estos conflictos”. “El gobierno nacional no puede pasar por encima de la competencia de las provincias. Es correr el límite constitucional que tienen los gobiernos provinciales de cuidar, proteger y también explotar los bienes comunes naturales. Los gobiernos provinciales, junto con las comunidades, como representantes de los derechos de nuestros conciudadanos, en mi caso del gobierno de Axel Kicillof, cuando recibimos la declaración de impacto ambiental en nuestros ministerios, la evaluamos. Se analiza el impacto en la biodiversidad y la licencia social, se aprueba o no, y a partir de eso se puede desarrollar el proyecto. Planteamos que es falsa la dicotomía que pretenden plantear entre producción y ambiente. Se complementan. Hay que construir un concepto desde el ambientalismo popular de que la producción será sustentable o no será. De lo contrario, se entrega de la soberanía”, sintetizó.

Vilar destaca que, durante los dos años de jefatura del bloque del Frente de Todos de Máximo Kirchner, en el gobierno de Alberto “se avanzó en una cantidad inédita de iniciativas y proyectos de ley”. “Hasta ese momento nunca se había abordado de esta manera la cuestión ambiental. Uno de esos grandes proyectos fue la modificatoria de la ley del manejo del fuego”, recuerda. Otro de los más importantes de esa época fue la ley de etiquetado claro y la que no pudo salir fue la de envases. Ambas fueron muy resistidas por la cámara argentino-estadounidense de comercio (Amcham). Y quedó sin tratamiento la Ley de Humedales que el expresidente había prometido en la campaña de 2019, por resistencia de los propios gobernadores peronistas.

Ahora, sin cuidado ni protección a esas grandes esponjas que absorben y mantienen la humedad, los incendios e inundaciones se replican cada vez más en todo el territorio argentino. En este contexto, el visitante de Astiz pretende volver a incentivar los incendios del suelo.  «