Los 68 años del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria hablan de un futuro incierto. El organismo los cumplió el 4 de diciembre, una semana antes del primer aniversario de Javier Milei en el poder. La gestión comenzó con el cordobés Juan Cruz Molina Hafford como titular. Renunció porque no estaba de acuerdo con la venta de una parte de su patrimonio y de un ambioso plan de desguace. Lo sucedió Nicolás Bronzovich, cuya conducción quedó enredada en una confusa reunión de directorio. Ahora está bajo la lupa de la Justicia, especialmente por la venta  del edificio ubicado en Palermo, comprado en 1967 por su primer presidente, Gastón Bordelois, para uso exclusivo del INTA. Tres denuncias anónimas y otra impulsada por el coordinador nacional de la UTT, Nahuel Levaggi, originaron una investigación judicial que sumó la confirmación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Admministrativas, (FNIA).

El dictamen lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez y hace una minuciosa reconstrucción de los actos administrativos que empujó el Gobierno para justificar la subasta del edificio ubicado en Cerviño 3101 por un valor inicial de 6.378.968 dólares, para una propiedad que tiene una valuación de 9.945.885 dólares. Lo vendieron en 18,5 millones de la misma moneda estadounidense.

El argumento principal fue sostener que las instalaciones estaban subocupadas, es decir, que no estaban siendo bien usadas. Ese punto es clave, porque abrió la puerta para disponer de la enajenación del inmueble, pero como el INTA es un organismo autárquico, el Poder Ejecutivo, a través de la secretaría de Agricultura, tiene poco margen para ordenar la venta de algun bien mueble o inmueble sin la aprobación del directorio. La operación estuvo impulsada desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, conducida por Nicolás Pakgojz. Es, junto a Bronzovich, destinatario de las denuncias por presunta venta fraudulenta.

Cuando se conocieron las primeras denuncias, la AABE salió a bajarle el precio. Sus voceros sostuvieron que el procedimiento no es nulo porque había una carta de Bronzovich para decidir la venta del edificio. Se aferraron a la presunta subutilización de inmueble. El mismo argumento aparece en una serie de estudios realizados por la AABE, pero son incongruentes. Los investigadores de la FNIA concluyeron que hay «un inexplicable “apuro” en el trámite del procedimiento, que conspira contra la regularidad del mismo».

Explicaciones que no cierran

En mayo de este año la dirección de Despliegue Territorial de la AABE concluyó que el edificio estaba en perfectas condiciones y no mencionó subocupación alguna. En octubre apareció un «segundo informe, titulado Ficha de Relevamiento, confeccionado por la Dirección Nacional de Gerenciamiento de Activos Físicos de la AABE». El estudio «muestra que el inmueble tiene un cien por ciento (100%) de superficie en uso y plantea una posible estrategia: disminuir el m2 por persona (de 28,73 m2/p a 6,02 m2/p) para poder sumar otros ciento treinta y nueve (139) puestos de trabajo».

Con ese ardid nació la idea de la subocupación del edificio para posibilitar el intento de venta. Ese documento vuelve a aparecer en el expediente iniciado para la enajenación. «El expediente administrativo no permite advertir razones fundadas que justifiquen las diferentes interpretaciones realizadas por la Dirección Nacional de Gerenciamiento de Activos Físicos, respecto del estado de un mismo inmueble y en tan breve tiempo de diferencia. Aclarando, además, que en ambas oportunidades llevó la firma de su Director Nacional: agente Pedro Javier Paz», sostiene la FNIA.

Para impulsar la venta, se basaron en el decreto 769/24, firmado por Milei. Sostiene que la «AABE considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido, subutilización o estado de innecesariedad a aquellos inmuebles propiedad del Estado Nacional que no sean necesarios para la gestión específica del servicio al que están afectados«.

La FNIA derribó ese argumento. «La falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente», sostuvo.  El dictamen aclara que «la subutilización, encuentra fundamento únicamente en la Ficha de Relevamiento confeccionada por la Dirección Nacional de Gerenciamiento de Activos Físicos. Que fue agregada en dos oportunidades, con un breve plazo entre una y otra y sin que surja de manera evidente por qué el mismo funcionario presentó un informe casi idéntico con conclusiones distintas».

Los fiscales también apuntaron al presunto «estado de innecesariedad». Porque «sólo encuentra sustento en la nota inicial del subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar», adviertieron.

Dudas sobre una eterna reunión de directorio

Además de los trámites nulos, las razones sostenidas vagamente con actos administrativos sin validez, también están las presiones sobre los integrantes del directorio para que aceptaran la decisión del Ejecutivo de vender el edificio. Se reunieron desde el jueves 28 de noviembre y siguieron el 29. El acta data de ese día, y se pueden leer las objeciones de tres consejeros: Alejandro Conci (AACREA), Pablo Paillole (Federación Agraria Argentina) y Guillermo Bernardes, representante de las facultades de veterinaria de las universidades nacionales. «Ninguna objeción tuvo respuesta en la sesión», concluyó la FNIA.

«Pese al tenor de las objeciones, no existió intercambio de opiniones entre el resto de los presentes e igual se avanzó al unísono hacia la convalidación de la venta del inmueble». Ahora esa reunión es parte de las sospechas sobre el rol que tuvo la conducción del INTA para forzar el resultado: «El Consejo Directivo del INTA resolvió declarar la no objeción al procedimiento de desafectación del inmueble. Podría interpretarse como una suerte de subsanación efectuada por el órgano competente para iniciar el procedimiento de desafectación. Pero esto no legitima la tramitación irregular del expediente administrativo, que además contiene notorias inconsistencias en su motivación». Es decir, que a pesar de los esfuerzos, el acto sería nulo.

Los dedos del Real Estate en pliego de subasta

La pieza que falta tiene que ver con el dinero que le pueden sacar a ese edificio si usan su terreno para el negocio inmobiliario. Está ubicado en el sector más caro de Palermo y su superficia es codiciada.

La sospecha vuelve a estar presente en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la subasta. Plantea un «cargo de construcción» para «una obra de carácter permanente de, al menos, el 75% de la uperficie cubierta, de conformidad a las condiciones normativas vigentes a nivel local». «Ese porcentaje – advierte la FNIA- aplicado a la capacidad constructiva del inmueble -incluso sin tener en cuenta posibles excepciones normativas-, significa un edificio de varios pisos de altura».

En ese hallazgo radica otra de las conclusiones de los fiscales. «Es decir, para poder participar de la subasta, los interesados deben tener la capacidad económica no sólo para adquirir el inmueble, sino para comprometerse a la posterior construcción de un edificio». Por eso el «cargo de construcción» les resultó llamativo, porque estaban buscando vender un edificio declarado innecesario para reducir costos, pero «si el objetivo es reducir los costos generados por un bien innecesario, alcanza para satisfacer esa necesidad la sola venta del inmueble, sin importar el destino que el particular adquirente quiera darle».

En ese punto laten otras incógnitas. La FNIA considera que los funcionarios investigados «incorporaron una condición para participar -cargo de construcción- que conlleva una fuerte limitación en las posibles ofertas». Estiman que «estuvo fundamentado en un criterio de desarrollo inmobiliario totalmente ajeno a los motivos originalmente esgrimidos para desafectar y vender el inmueble (innecesariedad y reducción de gastos)».

Las conclusiones son preliminares, luego de un rápido análisis que recibió documentación hasta la semana pasada. Todavía no pudieron estudiar el estudio de trámite de tasación, los fiscales remitieron el dictamen antes del 23 de diciembre la fecha de subasta. «Se ponen las conclusiones en conocimiento de las autoridades a cargo de la actividad estatal para que analicen la pertinencia o no de continuar con el trámite del procedimiento que podría estar afectado por vicios de imposible subsanación ulterior, propiciando un escenario fértil para posibles hechos de corrupción administrativa con relevancia jurídico penal y/o patrimonial», advirtió la FNIA.

El edificio fue subastado el 23 de diciembre y tuvo 17 oferentes. Fue vendido por 18,5 millones de dólares. La advertencia que dejaron los fiscales administrativos anticipa que el caso no está cerrado, pero Bronzovich consideró la venta como un éxito.