Si creyó que el golpe de timón hacia el neoliberalismo que puso en marcha tras la destitución de Dilma Rousseff alcanzaba para evitar la prisión, evidentemente Michel Temer hizo un mal cálculo. En la mañana de este jueves, un grupo de tareas de la policía federal irrumpió en su vivienda paulista y se lo llevó detenido por orden del juez Marcelo Bretas, bautizado por los medios como el «Sergio Moro carioca».

«Es una barbaridad», le dijo a un periodista cercano, Kennedy Alencar, cuando se lo llevaban detenido. Pero en el entorno del hombre que reemplazó a Rousseff mediante el golpe institucional de agosto de 2016 susurraron que desde hace semanas se la veía venir.

Junto con el ex presidente de facto fueron apresados también su ex ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y el ex jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) Eliseu Padilha. Los tres aparecen administrando un sistema de obtención de fondos no demasiado limpios y quedaron inmersos en una serie de acusaciones en el marco de la Operación Lava Jato, que ya dejó entre rejas a otro expresidente, Lula da Silva, y elevó condenas contra cerca de 130 dirigentes y empresarios por un total de unos 1900 años de prisión.

El PMDB, (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) acompañó al PT de Lula y Dilma en una alianza desde 2002 hasta que decidió traicionar los acuerdos. Acaba de emitir un comunicado en que dijo que «lamenta la postura de la Justicia en contra de la marcha de una investigación en la que se ha demostrado que no hay irregularidad por parte del ex presidente de la República, Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco. El MDB espera que la justicia restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia, el derecho al contradictorio y el derecho de defensa «.

No es la misma interpretación de los derechos civiles que sostuvo ante la detención del ex dirigente metalúrgico, preso en Curitiba desde hace casi un año sin sentencia firme, una maniobra pergeñada por el juez Moro que impidió la postulación a la presidencia y abrió las puertas del Planalto al ultraderechista Jair Bolsonaro. Moro, en premio a esta operación, fue invitado a ocupar el cargo Ministro de Justicia. Y no lo rechazó. El PMDB hizo silencio porque creyó que con Lula fuera de la cancha habría lugar para ellos.

Temer enfrenta diez diferentes acusaciones en la Justicia, que ya estaban sobre el tapete en el plazo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entre el 31 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pero las fue esquivando porque su destitución hubiera implicado un caos aún mayor en la política brasileña. Pero en su caso, hay pruebas contundentes de su participación en delitos, delaciones de implicados y hasta filmaciones.

Según detalla el portal de OGlobo -el mismo medio que fogoneó la destitución de Dilma y la detención de Lula- una de las imputaciones es por una coima de un millón de reales que dice haber pagado la constructora Engevix al ex ministro Moreira y a un amigo de Temer.

Hay un caso de lavado de dinero que se habría registrado con la reforma de un inmueble de la hija del golpista, Maristela, en San Pablo, costeada por la empresa Argeplan. Junto a este incidente figura la investigación por sobreprecios en contratos con esa firma en una obra junto a Concremat. Argeplan también aparece en otras investigaciones ligadas a Temer en obras públicas.

Otro «arrepentido» lo involucra en un contrato ficticio en el puerto de Santos con la empresa Përola. Un directivo de Odebrecht involucra al trío ahora detenido en una coima de 10 millones de reales y dio pruebas sobre la negociación. En esa misma línea tenía una causa abierta por el otorgamiento de los puertos a empresas privadas durante su gestión de forma presuntamente irregular.

Las más documentadas públicamente son, sin dudas, la valija con medio millón de reales que le encontraron a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, debidamente filmado cuando recibía el «aporte» de un ejecutivo del holding J&F en una pizzería.

Temer en persona apareció en una cámara oculta que le hizo el dueño del frigorífico JBS donde reconoce que tuvieron que pagar por el silencio de Eduardo Cunha, que fuera titular de la Cámara baja y que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff, pero terminó tras los barrotes porque le encontraron más de un millón y medio de dólares ocultos en una cuenta en Suiza. Recibió una sentencia de 15 años y 4 meses.

El juez Bretas, en tanto, es de fe evangélica, como gran parte del gabinete de Bolsonaro y de integrantes del Congreso brasileño. Asegura que sus creencias religiosas no interfieren para nada con su tarea profesional. Tiene 49 años, es esposo de una jueza federal y permaneció dos años en Washington, según su currículum, estudiando el sistema judicial estadounidense.

Entre sus casos más mediáticos, condenó a 30 años de prisión a Elke Batista, que fuera el empresario más rico de Brasil y uno de los 10 más acaudalados del mundo, por corrupción activa y levado de dinero.

También impuso una pena de 22 años y 8 meses a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro por el mismo partido que Temer, a la esposa y a funcionarios de su gobierno, por coimas.

Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento