Mientras intenta reponerse de las fallidas negociaciones para aprobar la Ley Bases en el Senado, que le impedirán tener su estrambótico Pacto de Mayo junto a gobernadores el sábado 25, la mesa chica del gobierno nacional analiza avanzar con la modificación del Régimen de Coparticipación.

En este marco, un importante funcionario de la mesa chica de Javier Milei confirmó ante este medio que el oficialismo planea modificar el régimen de distribución en los próximos meses sin contar con el apoyo conjunto de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que violaría lo dispuesto por la Constitución Nacional, cuyo texto incluye entre sus artículos la obligatoriedad del régimen.

«La mitad de la biblioteca de juristas sostiene que la Coparticipación puede modificarse sin el apoyo explícito de todas las provincias», dijo convencido el mismo colaborador, quien adelantó que desde el gobierno se «agarrarán» de esta jurisprudencia para concretar la modificación. Con la decisión tomada, la mesa chica del oficialismo bajó la orden a su equipo legal y técnico para que confeccione el marco jurídico que permita avanzar con este nuevo cambio.

La expectativa de los funcionarios más puros del gobierno es que todos los territorios sustenten sus cuentas sin ninguna intervención del Estado nacional. «En nuestro mundo ideal, los municipios, las provincias y la nación cobran sus propios impuestos y viven con eso sin necesidad de redistribuir nada», dicen cerca del presidente.

Con esta postura, desde la mesa chica del libertario se apuran a subir al ring al gobernador Axel Kicillof, quien sería uno de los mayores beneficiarios de esta eventual modificación del sistema de impuestos. En la actualidad, la provincia de Buenos Aires recibe 21,3% de la redistribución, mientras que su aporte a la masa total del índice coparticipable supera los 30 puntos porcentuales, una desigualdad considerable para el territorio más poblado del país.

«Kicillof debería ser el más interesado en esta reforma, ¿cómo les va a justificar a los bonaerenses que no va apoyar el cambio de régimen mientras le sigue subiendo los impuestos a la gente?», chicanean desde el oficialismo que, aunque dan por descartada una posible cercanía con el gobernador, reconocen que un cambio en la coparticipación podría ayudar en la construcción política del bonaerense.

La decisión del oficialismo de incomodar al gobernador se da en medio de las alianzas interprovinciales que está encabezando el exministro de Economía, quien en la última semana se reunió con sus pares Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para fortalecer los convenios de ayuda entre territorios.

Tal como sucede con cada una de las modificaciones del status quo que aspira conseguir, el oficialismo comenzó a preparar el terreno para lo que será su próxima gran batalla. El presidente de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, José Luis Espert, publicó esta semana una nota de opinión titulada «Hay que eliminar la coparticipación de impuestos», en la que hace una dura crítica al régimen de distribución a la que le adjudica la responsabilidad de que «Argentina sea hoy una gigantesca villa miseria».

La letra chica

Según explicó un integrante del equipo técnico que trabaja en la construcción del marco legal para la futura reforma, la eliminación absoluta de la coparticipación debería establecerse a través de una reforma constitucional, una instancia que desde las filas del oficialismo dan por descartada. «Hacer una reforma en este contexto es una locura», se sinceró.

Sin embargo, sostuvo que la redacción de la norma admite una interpretación que permitiría reducir al mínimo estas redistribuciones sin necesidad de eliminarlas ni ejecutar una acción inconstitucional. «Podemos disponer que se coparticipe el 0,001% de los impuestos. Eliminamos virtualmente la ley sin violar la Constitución», explicó el jurista.

El artículo 75 de la carta magna, en tanto, establece que la distribución de la Coparticipación sólo puede ser modificada con mayoría absoluta en ambas cámaras y no de manera unilateral –es decir, que se requiere el apoyo explícito de todas las provincias– una disposición que contradice de lleno los planes oficialistas.

En este sentido, en diálogo con Tiempo, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que «no hay ninguna forma de sancionar una nueva ley de coparticipación sin cumplir lo que establece la Constitución». Además, el letrado desmintió la existencia de las «dos bibliotecas» a las que hace referencia el gobierno que le permitirían modificar la ley sin acuerdos con las 24 jurisdicciones.

Esta decisión del oficialismo, además, abriría un nuevo frente con las provincias que se disponen como aliadas de la gestión libertaria en el Congreso y se comprometieron en aportar sus bancas para garantizar el primer triunfo parlamentario de esta gestión. Este es el caso de Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy y Chaco cuyas cuentas se mantienen casi exclusivamente gracias a los ingresos que reciben por Coparticipación.

A las posibles trabas políticas, el historial de casos más recientes que intentaron modificar el régimen ponen en jaque la ambición presidencial. En 2016, Mauricio Macri aumentó por decreto el índice que recibía la Ciudad de Buenos Aires -de 1,46% a 3,75%-, una disposición que fue nuevamente modificada en la gestión de Alberto Fernández, que le valió una batalla en la Corte Suprema de Justicia con el entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.