Nadie puede dudar del perfil pro mercado del gobierno de La Libertad Avanza. Sin embargo, en los últimos días desde el empresariado se levantaron voces que cuestionaron aspectos puntuales del DNU 70/23 y de la ley Ómnibus, como la decisión de mantener los derechos de exportación (retenciones) como paso «necesario» para cumplir con el objetivo del déficit fiscal cero.
Un día después de la masiva marcha con la que gremios, organizaciones sociales y ciudadanos independientes llevaron su rechazo a las dos medidas a las puertas del Congreso Nacional, y después de varios pronunciamientos judiciales sobre aspectos de las medidas oficiales, el gobierno salió este jueves a contener la incomodidad de los empresarios con una reunión en la que volvió a defender la necesidad de las retenciones y a pedir expresamente respaldo de los hombres de negocios al mega decreto y al proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento.
Tras el encuentro, las autoridades difundieron un comunicado en el que reconocieron que “se convocó a los empresarios a respaldar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos y el DNU al sostener que permitirán que en el mediano y largo plazo crezcan exponencialmente todos los sectores y se genere empleo genuino”.
Según la versión oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el camino político de La Libertad Avanza al expresar a los invitados: “Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos”.
El ministro también remarcó que «la mitad del déficit está en las provincias” que, consideró, “tienen que entender que deben ser parte de la solución”.
Esta expresión resultó significativa porque horas antes el funcionario amenazó con recortar las partidas a las provincias, salvo que se apruebe el proyecto de ley.
El mensaje es para los gobernadores, que resisten con diferentes niveles de intensidad el avance legislativo de la norma que impulsa el Ejecutivo; pero, en el contexto de la reunión con las cámaras empresariales, resultó un virtual llamado a los hombres de negocios para que se sumen a los esfuerzos para convencer a los jefes de gobiernos provinciales.
Según se pudo averiguar, la reunión en Casa Rosada tuvo una parte estrictamente privada entre los funcionarios y los referentes del empresariado, de la que no pudieron participar los colaboradores.
Los invitados fueron el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; el de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Claudio Ipolitti; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; y el de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Pablo Fiuza.
También fueron parte el líder la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; su par de de las Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Carlos Castagnani; de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Martín Berrade; y de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel Dessein.
Por último se presentó el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Mario Raiter; y su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; además del Coordinador General del Consejo Agroindustrial Argentino, José Carlos Martins. También participó Federico Sturzenegger, quien no es funcionario ni empresario, pero se le adjudica la autoría intelectual del DNU y la ley Ómnibus.
Tras la reunión, Funes de Rioja consignó que la UIA planteó a Caputo la preocupación del sector por el aumento de las retenciones: “Entendemos que serían medidas transitorias. Confiamos en que el gobierno encontrará un camino para no poner en riesgo las exportaciones industriales”.
