El gobierno nacional tomó la decisión de privatizar la hidrovía casi sin consulta con los gobernadores que dirigen territorios con orillas sobre el río Paraná. Los interesados crearon en septiembre pasado la Región Litoral con el mandato expreso de presionar a la administración del presidente Javier Milei para lograr un espacio de intervención en la redacción del pliego de licitación, pero no tuvieron éxito en esa pretensión, aunque consideran que el tema aún no está cerrado y hay espacio para algún tipo de injerencia. En la Casa Rosada lo relativizan.

Se trata de los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Formosa, Gildo Insfrán; Misiones, Hugo Passalacqua; y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La provincia de Buenos Aires, que no integra la Región Litoral, también quedó al margen de las decisiones a pesar de que buena parte del recorrido de la Vía Navegable Troncal (el nombre oficial de la hidrovía) discurre por sus costas.

A pesar de las diferencias partidistas, los seis gobernadores litoraleños se reunieron en Bella Vista, Corrientes, el 19 de septiembre, para lanzar la Región Litoral con el objetivo de “luchar juntos” para lograr “la participación de nuestras provincias en la delimitación y los intereses de la navegación”.

La preocupación de los mandatarios por “la navegación” tiene un sentido concreto: que “nuestros productos” -según dijo Valdés en el acto de inauguración de la Región- puedan salir al menor costo posible hacia el mercado mundial. Al ritmo de la desindustrialización, las provincias del litoral se han convertido en exportadores absolutos de materias primas, especialmente granos, y productos primarios ligeramente modificados (aceite de soja y girasol, carne, madera, fibra de algodón, etc).

Se trata de commodities cuyos valores están sujetos a una especulación internacional permanente vinculada a la oferta y demanda globales y donde el exportador hace la diferencia en la baja de precios, tanto en lo que adquiere para exportar como en la cadena logística.

De allí que esos exportadores, dentro de los cuales pesan de manera desproporcionada las 10 cerealeras que controlan el 40% del valor de las exportaciones de Argentina, sean los principales interesados económicos en que la hidrovía les ahorre esos costos logísticos.

El pliego de los gobernadores aborda la participación de las provincias en algunas definiciones técnicas, como la definición de las zonas en las que se realizará el dragado y la profundidad que tendrá; el costo del dragado de acceso a los puertos; la tarifa que cobrará el concesionario y la posibilidad de que reciban regalías por el uso del río.

Los gobernadores querían impulsar algunas de las iniciativas que se tomaron en el Consejo Federal que creó el gobierno de Alberto Fernández. En 2022, ese Consejo resolvió entregar la administración de la hidrovía a la Administración General de Puertos y habilitar que el peaje que se cobrase a las embarcaciones que surcaran al norte de Santa Fe fuese para obras secundarias.

Pero los mandatarios de la Región Litoral no lograron torcerle el brazo al gobierno, el que no se dignó a convocarlos a una reunión a discutir el tema. Igual no puedo evitar que estuviera presente en los diferentes encuentros que Milei mantuvo con gobernadores agrupados según su afinidad política, rutina de la que excluyó a los identificados con Unión por la Patria.

En la reunión con los radicales, Milei se comprometió a aceptar una cierta “injerencia” de las provincias en las decisiones que se tomaran con la licitación de la hidrovía, que el gobierno ya preparaba en ese momento. Pero al igual que en tantos otros casos, el gobierno no cumplió y no los consultó para la redacción de los aspectos centrales del pliego.

Entre los mandatarios aseguran que «aún hay posibilidades de intervención». Pero los tiempos se agotan.