Todavía sin lograr recuperarse del escándalo por el acopio de alimentos del Ministerio de Capital Humano, el gobierno continúa con su agenda diaria para consolidar el apoyo que negoció durante meses para conseguir la aprobación de la Ley Bases este miércoles en el Senado. Por la tarde, mientras en varios despachos terminaban de retocar las planillas de Excel que alojan el poroteo fino de bancas, el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, llegó a Balcarce 50 para reunirse con el asesor todoterreno, Santiago Caputo. La cumbre se extendió por más de 40 minutos en total reserva.
Sin intermediarios, el encuentro entre los pesos pesados de la Casa Rosada y el Congreso tuvo como eje principal la inminente vuelta del proyecto de Ley Bases a Diputados. Producto de las negociaciones que el oficialismo mantuvo con la oposición dialoguista, el texto, que será tratado desde las 10 de la mañana de este miércoles en una sesión maratónica en el Senado, sufrió varias modificaciones que la cámara baja deberá aceptar en su totalidad para que el proyecto sea aprobado.
Según pudo reconstruir este medio, en caso que el panorama sea favorable para el oficialismo, los responsables de coordinar la estrategia parlamentaria del gobierno y los bloques aliados entienden que la próxima semana podría haber sesión en la cámara baja para terminar de aprobar la ley. La fecha estimada sería el miércoles 19.
A pesar de admitir una votación ajustada -fuentes cercanas al presidente hablan de 37 bancas a su favor-, en el gobierno no dudan en hacer trascender que la ley será aprobada en general. El optimismo, sin embargo, se evapora en el tratamiento en particular de ciertos artículos. Tal como ocurrió desde el principio de las negociaciones, la vuelta del Impuesto a las Ganancias, el RIGI, la privatización de Aerolíneas Argentinas y las facultades delegadas no cuentan con el suficiente apoyo por parte de algunos dialoguistas, que aún no terminan de confirmar su postura.
El senador fueguino, Pablo Blanco, adelantó en más de una ocasión que no apoyará la entrega de superpoderes al presidente, mismo artículo que elimina en su dictamen de minoría el porteño Martín Lousteau, que en las sombras empieza a tejer alianzas con Unión por la Patria, otro cisne negro que el gobierno no vio venir. Lo mismo podría ocurrir con los votos de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, representantes de Claudio Vidal en el Congreso.
A horas del inicio del debate confirma que continuará con las negociaciones a contrarreloj para lograr la aprobación del deseado proyecto. Con este escenario incierto, en el edificio de gobierno empiezan a encomendarse a algo más que las fuerzas del cielo. “Que sea lo que Dios quiera”, dijo con fatiga uno de los encargados de llevar las riendas de las negociaciones a Tiempo.
Siguen las obras
Este martes, en tanto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió al gobernador Gustavo Sáenz (Salta) en el marco de la entrega de obras públicas que la nación decidió ceder a las provincias.
Estos acuerdos establecen un marco para la distribución de responsabilidades financieras y de ejecución entre la Nación y las provincias. Esto, según explican desde el círculo del jefe de gabinete, con el objetivo de optimizar la gestión y el desarrollo de las obras públicas que se encuentran iniciadas.
Tal como contó este medio la semana pasada, la bandera de la autonomía y el federalismo volvió a ser levantada en Balcarce 50 durante las largas rondas de negociaciones que mantuvieron los agentes del oficialismo con las provincias dialoguistas. Con guiños disfrazados de desfinanciamiento por parte del estado nacional, los gobernadores reticentes empezaron a dar muestras de apoyo a medida a la par que el gobierno dejara trascender por sus agentes que estaría dispuesto a reactivar las obras con estos mecanismos.
Mañana, en tanto, será el turno del cordobés Martín Llaryora quien llegará cerca del mediodía a Casa Rosada para hacer lo propio. De esta forma, el gobierno puso la firma en los boletos de cesión de obras con nueve provincias: Chaco, Entre Ríos, Salta, Chubut, Neuquén, Jujuy, Tucumán y Córdoba. Próximamente, podrían sumarse La Rioja y otras jurisdicciones.
