El gobierno nacional presiona nuevamente para lograr la salida de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó luego de que se conociera el procesamiento a la jefa de los fiscales por una supuesta administración fraudulenta en la compra de un edificio.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró «lógico» que la procuradora pida licencia «mientras resuelva su situación judicial» ya que «se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina».

Lo sostuvo durante una entrevista con radio Mitre, donde recordó que el gobierno nacional tiene «serios cuestionamientos por su desempeño», particularmente en «la lucha contra el narcotráfico y la corrupción» «más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer por su militancia y su cercanía con la ex presidenta (Cristina Kirchner)».

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«Es la persona más importante en la persecución penal para combatir el delito en Argentina pero esto no ha sucedido», sostuvo el ministro de Justicia al explicar que el Ministerio Público Fiscal «tuvo un incremento enorme en el presupuesto y recursos con más de 1.500 personas nombradas pero que no fueron asignadas» y aseguró que no se sabe «qué funciones ocupan».

«Los fiscales federales que investigan la corrupción siguen siendo los mismos del año pasado, como la fiscal de Esquel (Silvina Ávila) que investiga el caso Maldonado y que sigue teniendo cuatro colaboradores», añadió.

Garavano insistió en que «se necesita una persona que tenga otro liderazgo» y que cuestionar a Gils Carbó «es una cuestión básicamente institucional».

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió directamente la renuncia de la Procuradora. «Una jefa de fiscales procesada por corrupción le hace más daño a la Justicia y al país», señaló en Twitter y agregó: «Su mejor opción es renunciar».

Mientras el gobierno vuelve a la carga con su intensión de reemplazar a Gils Carbó, la defensa de la Procuradora aseguró que se trata de un “delito imaginario”. Así lo sostuvo su abogado, León Arslanián, en un breve comunicado.

«No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando. Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública», sostuvo.

Señaló que el edificio adquirido tiene “condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales”, y agregó que la compra del inmueble se realizó “sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquélla».