La situación no da para más. Sólo un 13% de los edificios, considerados patrimonio arquitectónico, son “protegidos” por el ejecutivo porteño. El 87% restante están en vías de un proceso de demolición y muchos de ellos ya fueron arrasados  por las topadoras. Según afirman diferentes organizaciones sociales y juntas vecinales de los distintos barrios porteños, nucleadas en Se Va BS AS: “De un universo de 141.000 edificios que deberían haberse declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, tan sólo el 13 %, (18.500 edificios históricos) fueron supuestamente “protegidos”. Incluso este porcentaje insignificante está en un limbo legal sin protección efectiva. Los otros 122,500 esperan su demolición”.

Por esta razón, más de 50 agrupaciones movilizan durante este sábado frente a la Legislatura Porteña, para reclamar “control vecinal sobre los organismos que deciden sobre el patrimonio porteño y la planificación de la ciudad como está previsto en el Art. 1 de la Constitución de CABA y la Ley de Comunas”.

“Con esta movilización las organizaciones no gubernamentales y vecinos, esperamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comience por acatar los fallos judiciales para luego atender los diferentes reclamos. Eso es republicanismo y transparencia”, afirma en diálogo con Tiempo. Mauro Sbarbati, integrante de la ONG Basta de Demoler. «La demolición del patrimonio es una problemática histórica en Buenos Aires, pero en las últimas décadas la destrucción se aceleró a un ritmo alarmante. Por eso nos movilizamos», agregaron desde la ONG.

Varias de las asociaciones iniciaron una campaña de recolección de firmas en la plataforma Chance.org para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo suspendan el Código Urbanístico que fue aprobado en el año 2018, y que habilita la destrucción de la identidad de los barrios residenciales de casas bajas e impulsa la sobre construcción en otros barrios ya consolidados».

Diferentes colectivos de vecinos y vecinas se conformaron en los últimos meses. Durante la semana, Tiempo, dialogó con una agrupación joven que tiene apenas dos meses de vida, gestada a partir del avance de la demolición de casas bajas en el barrio de Núñez. “Nos conformamos como colectivo vecinal cuando vimos como avanzaban las obras en lo profundo del barrio. En Las lomitas de Núñez hay tres o cuatro generaciones de familias que viven allí que vieron afectadas sus vidas, pero no solamente por la dinámica de las construcciones, sino que ven afectado al barrio desde lo patrimonial, su identidad”, contó a éste medio Marina Tallarico, integrante del colectivo “Vecinos Unidos de Núñez” y de la Red de Organizaciones Barriales.

Durante la movilización, se exigirá la participación ciudadana sobre las dependencias del Gobierno de la Ciudad que evalúan las construcciones que puede ser demolida y las que permanecen en pie. En un duro comunicado, las organizaciones que convocan, afirman que «Buenos Aires está gobernada por la especulación inmobiliaria» ya que «pese a que la población de la Ciudad no aumenta desde mitad del siglo XX, cada vez se permite construir más y a mayor altura sin respetar el entorno barrial, los edificios patrimoniales ni mejorar la infraestructura de los servicios».

El Playón Ferroviario de Colegiales, es el último gran pulmón verde  que tiene aproximadamente  6,9 ha que pertenecían a la Nación. Un barrio cuya densidad de población es de 22.800 habitantes por km2, y supera ampliamente la media de la ciudad de Buenos Aires, donde el espacio verde público no alcanza los 0.7 m2/habitantes, una de los más bajas de la ciudad. “Mientras los vecinos, desde 2016, venimos pidiendo por un Parque, el GCBA impulsa, desconociendo el reclamo ciudadano, un proyecto urbanístico en el Playón que, rezonificado por la Legislatura, permite construir 80.000 m2 de obra distribuidos en 9 torres, de 30 m de altura”, afirma a Tiempo Daniel Giglio, Arquitecto, del Colectivo vecinal “Colegiales Participa y Decide”. “De estos 9 lotes Larreta logra subastar irregularmente 5 y los 4 no vendidos son cubiertos por un amparo presentado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Gobierno de Alberto Fernández) en marzo de 2021 y por presión de los vecinos. En 3 de los 5 primeros ya iniciaron las obras. Hoy, nuestro Colectivo, continúa la lucha para que todas las parcelas vuelvan a la Nación como espacio verde público”, remata.

Entre las organizaciones que movilizan se encuentran: Argentina Demolida; Asociación Amigos del Lago de Palermo; Ciudadanía por los Derechos Humanos; la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano; Vecinos del Bajo Belgrano, y más de 50 organizaciones. “El año pasado durante la pandemia se votó la Ley 6361 que modificó el código urbanístico, y los vecinos que vinieron a vivir al barrio en busca de un lugar tranquilo hoy se encontraron con todo lo contrario”, expresa en diálogo con Tiempo, Héctor Ponce de León, Secretario de la Asociación Civil Vecinos del Bajo Belgrano. “Todo se ha visto desdibujado por esta Ley, porque no solo se ha cambiado la posibilidad de construir viviendas multifamiliares, sino que ahora pueden haber diferentes comercios, restaurantes, cervecerías, oficinas”, remata.

La Ley 6361, entró en vigencia el 4 de febrero de éste año e introdujo profundas modificaciones desde el análisis del emprendimiento de nuevos negocios. Esto habilitó la conformación de diferentes convenios urbanísticos firmados entre la administración porteña con distintos desarrolladores urbanos para, por ejemplo, levantar once nuevas torres en diferentes barrios porteños que ya cuenta con una primera sanción legislativa.