La participación argentina en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), celebrada en Toronto dos semanas atrás, contó con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, gobernadores y empresarios del sector. La misión fue buscar inversiones bajo el discurso de que “la industria minera es sinónimo de trabajo, desarrollo federal y crecimiento económico”, según expresó Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en sus redes sociales.
“El viaje del gobierno fue una acción de marketing, algo que hacen todas las gestiones. Es un discurso parcial sobre la realidad del sector”, expresa Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La secretaria de Presidencia y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, mantuvieron encuentros con empresarios y financistas. Buscaron mostrar una gestión sólida y brindar certidumbre sobre la pregunta de todo el sector privado, la quita del cepo cambiario.
A contramano de la visión oficial, Marchegiani subraya: “En Argentina no está garantizada la licencia social en relación a todos los proyectos mineros. Ni los gobiernos ni las empresas trabajan adecuadamente con las comunidades. Por lo tanto, la minería se convierte en una inversión de riesgo”.
La mayoría de los proyectos presentados al RIGI corresponden a iniciativas mineras. Este régimen se superpone a la Ley Minera sancionada en 1993, que otorgó beneficios fiscales a las empresas desde hace tres décadas. “El problema es que en no hay ningún organismo que evalúe cómo funcionan estos regímenes, si son beneficiosos o no. En concreto, son un gasto tributario porque son recursos que el gobierno deja de percibir en función de dar este beneficio”, remarca la investigadora.
Litio y cobre: una disputa geopolítica
El “oro blanco” y el “metal rojo” son minerales de alta demanda mundial por la transición energética. Materiales clave para las baterías que se utilizan en vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos como teléfonos o laptops y en sistemas de almacenamiento de energía renovable.
El crecimiento de la inteligencia artificial y de los centros de datos aumenta la demanda global de estos minerales. Las tensiones geopolíticas actuales complican las rutas de suministro y la cadena de abastecimiento. El gobierno de Javier Milei y las multinacionales del sector creen que se puede aprovechar esta situación para ganar terreno en el mercado.
China es uno de los principales jugadores en extracción y refinamiento minero en América Latina. En la Argentina, capitales chinos tienen inversiones en Salta, Catamarca y San Juan.
Se calcula que el 38% de las reservas mundiales de cobre, el 52% de litio, 22% de grafito y níquel, y el 17% de zinc, se encuentran entre Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, México y Perú. El rol de esta región en el abastecimiento mundial y en la cadena de suministro de estos recursos es fundamental.
“Lo que le falta a nuestro país es un consenso democrático amplio sobre la política minera. Por el contrario, se termina imponiendo por la fuerza y así no funciona”, reflexiona Marchegiani, y agrega: “El mundo está cambiando hacia la transición energética y si nosotros seguimos con el mismo esquema vamos a volver a vender naturaleza barata y a comprar, en este caso, autos eléctricos carísimos hechos afuera. Lo que queda cada vez más claro es que el modelo minero actual es negativo”. «
Bajo La Alumbrera: una historia de resistencia
En plena década de 1990, en Catamarca se comenzó a desarrollar la primera explotación minera a cielo abierto de la Argentina. “Esta actividad llegó con el relato del crecimiento económico para zonas postergadas del interior. Sin embargo, pasaron los años y ni los 6.000 puestos de trabajo anunciados llegaban, ni el hospital de alta complejidad, ni la reactivación de los trenes se volvían realidad” relató Sergio Martínez, un activista clave de la asamblea El Algarrobo.
Ubicado al este de la Cordillera de los Andes, el yacimiento consume enormes volúmenes de agua, afectando tanto a las ciudades cercanas como a la actividad agropecuaria, la principal iniciativa económica de la región. Además, comenzaron a replicarse los casos de enfermedades graves, como diferentes tipos de cáncer que sumaron alertas a la población local sobre los reales efectos de esta explotación.
“Nunca la empresa nos mostró las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Por nuestra cuenta nos informamos sobre los efectos de la mega minería en otros países, como Chile, y decidimos organizarnos para evitar que otras explotaciones, como la de Agua Rica, se inicien en la zona”, expresó Martínez.
Este proceso estuvo marcado por episodios de represión y violencia. En 2010, la comunidad obtuvo un fallo favorable que impuso una cautelar para frenar la actividad minera «hasta que se restablezca la paz social en Andalgalá». Sin embargo, la extracción continuó. En 2016, tras una movilización frente al Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de la Nación falló a favor de los vecinos de Andalgalá, ordenando que la justicia de Catamarca admitiera el amparo presentado.
“En nuestra experiencia, los diferentes gobiernos se empecinaron en llevar adelante la actividad minera violando todas las normas vigentes y sin establecer diálogos con la población. Nos seguimos movilizando para mostrar que en Andalgalá no hay licencia social para esta actividad y denunciamos que el proyecto Maras es la misma iniciativa que Agua Rica, solo que con otro nombre societario. Nosotros demostramos que permitir esa actividad es un acto de corrupción”, sentenció Martínez.
El debate sobre la minería en Argentina sigue abierto. Mientras el gobierno la presenta como clave para el desarrollo, las comunidades y ambientalistas denuncian sus impactos negativos. Sin licencia social ni un marco regulatorio claro, el futuro del sector sigue siendo incierto.
