El Gobierno nacional disolvió este martes, por decreto, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi). El decreto es la estocada final a un organismo que desde el inicio de la gestión libertaria recibió ataques, masivos despidos y, en febrero pasado, el cierre de las dependencias del organismo en todo el país.

El decreto 696/2024, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispone: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.

Con el cierre del Inadi, la totalidad de los recursos que le eran destinados pasarán a la órbita del Ministerio de Justicia, que será el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

Una muerte anunciada

Si bien el desguace ya estaba en marcha, en las últimas horas dos funcionarios se habían pronunciado al respecto. Durante este lunes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anticipó por las redes sociales el “cierre definitivo” de ese organismo. Más tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en sus redes sociales: “Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre”. Este martes a primera hora, el vocero posteó en X una foto del decreto con la leyenda: “Fin”.

Las justificaciones del decreto 696/2024

Los considerandos del decreto que disolvió el INADI expresa los motivos de los que se valió la gestión de Milei para eliminar un organismo histórico de defensa de los derechos de todas las personas, en especial, las más vulnerables. Según el Gobierno, de las revisiones practicadas por la gestión actual y de las anteriores se “demuestra que el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”.

Asimismo, el decreto afirma que realizó medidas para “ordenar y equilibrar las cuentas públicas transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan”. No obstante, a su parecer, se encontraron supuestas irregularidades en la contratación de personas del INADI, uso de recursos y, en especial un “sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional”. En este sentido, se refiere a la planta de 431 agentes que existían en ese organismo al momento del cambio de gestión de gobierno, un número ya diezmado con más de 160 despidos que afectaron, incluso, a personas que ocupaban su puesto como parte de la ley de cupo laboral travesti trans o discapacidad. Cabe mencionar que ya en febrero, el Gobierno definió el cierre de las 44 sedes del organismo en todo el país.

Es de destacar que esta decisión tomada por el Ejecutivo se encuentra avalada en las facultades que le fueron delegadas por el Congreso de la Nación por medio de la Ley Bases y Puntos de Partida N° 27.742.

Casi 30 años de historia

El INADI, según recordó Página 12, fue creado en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, luego de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. El organismo fue pionero en la generación de políticas a favor de los derechos de toda la población.

Promovió denuncias y acciones contra la discriminación por nacionalidad, orientación sexual, referencia ideológica y abusos contra las minorías, entre otras iniciativas. Tuvo también a su cargo la capacitación del personal de instituciones públicas y privadas a favor del pluralismo.

Por su intermedio se realizaron investigaciones contra grupos y personas que llevaban a cabo prácticas discriminatorias; desplegó por todo el país campañas de concientización a favor de la integración, tolerancia y respeto; brindó asesoramiento gratuito a víctimas, y activó legislaciones a favor de la integración.