Tras la masiva movilización que encabezó la CGT en la plaza de los dos Congresos en el marco del paro general, el gobierno nacional criticó la convocatoria y apuntó contra la cúpula sindical a cuyos dirigentes calificó como “mafiosos”. A pesar de advertir que no cederá ante la presión de la multitud, y de «bajarle el precio» a la masiva protesta, el miércoles por la tarde el oficialismo decidió posponer para el próximo martes el tratamiento del dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus que obtuvo a contrarreloj y que buscaba llevar al recinto a partir de este viernes en la Cámara de Diputados.
Desde el oficialismo advirtieron que el paro no tuvo el nivel de movilización esperado puesto que “hubo mucha gente que fue a trabajar.” Este mismo discurso fue utilizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hizo una recorrida por el barrio porteño de Flores, a más de cinco kilómetros de donde se concentró el grueso de los manifestantes, para mostrar que esa zona comercial permanecía activa. En un video que difundió por sus redes sostuvo que “al país se lo hace trabajando.”
Con ánimo de confrontación, otra fuente advirtió que el paro fue “un acto político” que no logró capturar la misma esencia que la central trabajadora imprimía “en sus épocas doradas” de reclamos. En la misma línea, desde Casa Rosada cuestionaron la inacción de la CGT durante el gobierno del ex Frente de Todos. “Le hacen un paro a un gobierno que empezó a gestionar hace cuarenta días, pero la gente está pasando mal desde hace dos años. ¿Dónde estuvieron durante el gobierno de Alberto”, preguntó retórico un vocero con despacho en Balcarce 50.
Luego de la movilización, la ministra de Seguridad se encargó de comandar la vocería del gobierno. La ex candidata presidencial dijo a través de sus voceros que la convocatoria fue de 40.000 personas. “De 21 millones de trabajadores, solo el 0,19 % se movilizó, si consideramos entre los trabajadores a La Cámpora y las organizaciones sociales. 40 mil personas. Un fracaso”, sostuvo la ministra decidida a confrontar con el sector del peronismo ligado a Cristina Fernández de Kirchner.
Por la tarde, la ministra se dirigió a la quinta presidencial en Olivos para “presentar un amplio informe al presidente”, quien durante la jornada se limitó a repostear las publicaciones en la red X del ministro de Economía Luis «Toto» Caputo. En un mensaje dirigido a los gobernadores, el ministro de Economía advirtió desde su cuenta de Twitter: «Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias.” A pesar del tono, el funcionario advirtió que no se trataba de un mensaje amenazante.
Tanto la decisión de postergar el debate de la Ley Ómnibus como la presión de Caputo a los gobernadores provinciales contrastaron con el discurso oficial que intentó minimizar la potencia de la convocatoria.
Los próximos días el gobierno continuará con su exhaustiva agenda de reuniones para lograr la aprobación del desguazado proyecto de ley. Si bien desde la comunicación oficial del presidente insisten en que no aceptarán más cambios, puertas adentro reconocen que aún las negociaciones no están cerradas y que podrían reformular la iniciativa. Sucede que el sector de la oposición que le aportó las firmas al dictamen firmado en la madrugada del miércoles advirtió que el texto acordado no coincidía con el escrito que llegó a sus manos , lo que derivó en un fuerte intercambio entre Caputo y el diputado Miguel Ángel Pichetto, quién funcionó como nexo entre el oficialismo y la oposición dialoguista que garantizó el dictamen.
Además, la masividad de las movilizaciones realizadas en casi todas las provincias, funcionó como un alerta para los gobernadores y legisladores provinciales que habían facilitado firmas para emitir el polémico dictamen.
Otra consecuencia del desentendimiento entre los interesados en sancionar la Ley Ómnibus y del contundente mensaje de los gremios y organizaciones sociales en las calles fue el pedido de los senadores nacionales de Unión por la Patria a la vicepresidenta Victoria Villarruel de convocar a una sesión especial para el 1 de febrero para tratar el DNU 70/2023.
