Preside la organización que agrupa a los abogados laboralistas que han sido el foco de un fuerte ataque del gobierno nacional que, además, apuntó a los jueces del fuero que hubieran fallado a favor de demandas de trabajadores.

En esta entrevista con Tiempo analizó los mecanismos a los que podría apelar el gobierno nacional para impedir las protestas que se producirán en esta nueva fase del ajuste en base a la actitud que los funcionarios han adoptado con relación a las protestas de los trabajadores del Subte de la última semana.

–¿Qué lectura hace de los acontecimientos que ocurrieron esta semana con los Metrodelegados?

–Es evidente que el gobierno tiene la certeza de las consecuencias que sus políticas económicas generarán por parte de los trabajadores. La reacción se producirá inevitablemente y para eso tienen como herramienta la huelga y la acción directa. Desde el gobierno harán un esfuerzo por ilegalizarla. Las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, en las que aseguró que el del Subte es un sindicato ilegal, son absolutamente falaces. El fallo Orellano de la Corte, que fue restrictivo en materia del derecho de huelga, no dejó ninguna duda acerca de que es un derecho al que pueden recurrir los sindicatos que sin tener la personería gremial están simplemente inscriptos; esa es la situación actual del sindicato del Subte, la AGTSyP. Quedó claro cuál va a ser la política respecto del derecho de huelga.

–¿Es posible que para eso declaren el Subte como un servicio esencial y limiten el derecho a huelga?

–El transporte no es un servicio público esencial. Ni en los términos de la ley vigente ni de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al contrario, dejan en claro que no lo es. En Córdoba la Legislatura provincial sancionó una norma que determinó que el transporte público era un servicio esencial. Pero es una norma evidentemente inconstitucional, porque el único que puede legislar en materia del derecho al trabajo es el Congreso Nacional y, además, contradice a la Constitución Nacional y a la OIT que establece explícitamente que no lo es.

–¿Incluso si lo hiciera el Congreso?

–La única forma de que sea servicio esencial es que el Congreso Nacional sancione una norma, pero incluso sería inconstitucional porque sería contraria a lo que establece la OIT.

–¿Esperan que en esta etapa de ajuste se dé comienzo a una nueva ofensiva contra el fuero laboral?

–Quien viene jugando un papel importante en apoyo al gobierno en materia laboral es la Corte Suprema. Están tocando la música que el gobierno quiere escuchar. En su momento restringió el derecho de huelga con el fallo Orellano y hace poco con el fallo contra el médico Rica, en el que desconoció su relación laboral con el Hospital Alemán por ser monotributista. Muy preocupante es, por ejemplo, la reunión de Ricardo Lorenzetti con empresarios en el Jockey Club, donde les garantizó su apoyo en los juicios laborales y aseguró que lo importante es defender el derecho a la propiedad. «