A través del decreto 727, el gobierno nacional derogó este miércoles el decreto 715 de 2004, a través del que Néstor Kirchner creó la Unidad Especial de Investigación de la Comisión nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para dar asistencia en las investigaciones sobre niños apropiados durante la última dictadura.
Con la firma del presidente Javier Milei y de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo eliminó así la Unidad que funcionaba con auxiliar de la Justicia para dar inicio a las investigaciones por posible robo de bebés en el terrorismo de Estado.
“Este gobierno está cerrando un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda (de personas apropiadas durante la última dictadura), que es un derecho humano universal, no solo una cosa nuestra. Es aberrante que se quiera borrar la historia para que no se hable más”, cuestionó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con El Destape.
Los argumentos para hacerlo son los mismos que difundió en su momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bloquear el trabajo de la Unidad y rechazar el acceso a los legajos de las Fuerzas de Seguridad: que se viola el derecho a la intimidad de los miembros de esas fuerzas y que la tarea de investigar corresponde del Ministerio Público Fiscal.
“Las facultades de investigación que por decreto le fueron otorgadas a la “UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado” contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias”, señaló el decreto publicado este miércoles.
“No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del ESTADO NACIONAL en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, añadió.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido sobre esta situación cuando a fines de junio se conoció que el gobierno nacional trabajaba en este decreto. “La búsqueda de los nietos y nietas no se puede frenar por decreto”, aseguró la organización a través de un comunicado y aseguró que esta medida “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”.
La Unidad de Investigación fue creada en 2004 para obtener información en una instancia prejudicial al realiza una investigación. Como auxiliar de la Justicia, evita la citación en sede judicial y asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad para así evitar que se inicien causas improcedentes.
Abuelas informó que cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y que ahora deberían presentarse ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con esas denuncias. “Algo absolutamente ineficaz e inviable”, explicó la institución.
“La disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años. Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo”, dijo Abuelas meses atrás.
