Por si hacen falta más señales de que la «casta» a la que apunta el Gobierno dista de ser la de los más poderosos, se sigue sumando evidencia. En las últimas horas, el Ejecutivo nacional publicó el Decreto 55/2025 a través del cual disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Entre las justificaciones, sostuvieron que el programa creado en 2014 por la Ley 26.993 solo concilió «4.000» casos. Sin embargo, de acuerdo a la información oficial, apenas en 2021 superaron los 31 mil casos.

La decisión de La Libertad Avanza se basa en las facultades delegadas por la Ley Bases. El objetivo original de la norma era el de acortar los plazos de las demandas de usuarios y consumidores contra las empresas, las cuales pagaban los resarcimientos sin ir a una instancia judicial más extensa y con mayores costos. El decreto publicado este lunes habla de avanzar «hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos». 

El COPREC implicaba la capacitación de «conciliadores«, encargados de resolver las demandas presentadas por las y los consumidores en una instancia previa al Poder Judicial, más expeditiva. Los mediadores se inscribían en un registro dependiente del Ministerio de Justicia y su capacitación estaba a cargo de la Secretaría de Comercio.

El decreto también disuelve el «Registro Nacional de Conciliadores» y elimina el “Fondo de Financiamiento” creado dentro del Ministerio de Economía para amortizar los costos de los honorarios de los conciliadores. A su vez, aseguran que se finalizarían las mediaciones que aún permanecen en curso (admitiendo, en fin, que el programa funciona y tiene casos activos). 

Las justificaciones y «el Mercado» 

En sus fundamentos, el Gobierno sostuvo que el Coprec «en la práctica, ha operado exclusivamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires mediante la celebración de audiencias de conciliación entre proveedores y consumidores» y que la Ciudad ya cuenta con «otros ámbitos e instancias que tienen sustancialmente la misma finalidad». 

Subraya que «la coexistencia de organismos con facultades y atribuciones superpuestas, así como la existencia de instancias burocráticas con misiones y funciones similares en jurisdicciones geográficas coincidentes, ha generado, en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios».

Los consumidores ahora deberán volver a presentar las demandas en los organismos locales de Defensa al Consumidor y ante la falta de respuesta o de no ser satisfactoria, sin posibilidad de conseguir una instancia de mediación previa, avanzarían en una demanda judicial, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor. 

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida: «Nuestra visión es que en el mercado la gente está para servir, no para engañar al prójimo. Y no necesariamente por un tema moral, sino porque es la manera de ser exitoso en un mercado de transacciones voluntarias». 

Y aseguró que la creación de un espacio de mediación para los consumidores fue solo el uso de «un supuesto objetivo ‘noble’ (proteger al consumidor) para armar una capa duplicada de Estado, armar puestos para una militancia rentada o simplemente desviar recursos para darle poder a sus funcionarios».

Incluso felicitó al subsecretario de Defensa de los Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien «alertó de esta duplicación» de tareas para así avanzar en la eliminación del sistema de mediaciones. Justamente, el subsecretario que debía defender a los consumidores.

Y sostuvo que con «el kircherismo, esta capa de Estado implicaba crear un Registro de Conciliadores (¡afuera!), diseñar complejos procesos de homologación (¡afuera!), y escuchen esto: designar a un conjunto de Auditores de las Relaciones de Consumo -la duplicación de la duplicación-, (¡afuera!)», se regocijó Sturzenegger. 

Las mentiras del ministro

El perfil en redes «Abogado del Consumidor» alertó en X que se trata de «una pésima noticia para todos los consumidores».

«Más allá de que cada uno tendrá su experiencia personal con el sistema, en general funcionaba bien. A todos nos tocó un conciliador que no respondía, que no hacía nada, empresas que no se presentaban, pero el árbol no tapa el bosque: en general se resolvían los temas «menores» que no ameritaba ir a juicio. Cuestiones que, por ejemplo, implicaban montos de 3 mil pesos, significaba que el consumidor no tenía que pagar abogado, la empresa demandada tampoco (iban con apoderado)», explicó.

Era un sistema que si bien se pensó para CABA, luego de la pandemia, al ser «virtual», prácticamente podías denunciar en cualquier lugar del país a las empresas «grandes», y te tomaban el reclamo: «Si no llegabas a nada, podías conseguirte un abogado e ir a la Justicia Nacional».

Y enúmero «las mentiras» del ministro: COPREC se creó en 2014, durante la gestión del Kircherismo, y funcionó hasta ayer. Fueron 11 años, tres gobiernos: «El Gobierno de Mauricio Macri, en el que el Ministro fue parte, lo mantuvo porque funcionaba bien».

Y acotó: «Hay una profunda ignorancia de cómo funciona COPREC y cómo se financia. Los conciliadores NO cobran del Estado, cobran de las empresas demandas si hay un acuerdo nada más. COPREC contaba con 26 empleados de planta permanente (van a seguir cobrando); ocupaban una oficina dentro del Ministerio de Economía. En caso de acuerdo, la empresa demandada pagaba un 2% al Estado. Y si no asistía y no justificaba, COPREC podía cobrar multa (cosa que casi nunca hizo). Es decir que tenía ingresos propios».

El ministro dijo que en 10 años se conciliaron «4.000» casos. Pero solo entrando a la web de Mi Argentina se pueden ver las estadísticas. Por ejemplo, en 2021 se cerraron con acuerdo más de 31 mil expedientes. Y el año anterior fueron 17.407 sobre un total de 27.169 expedientes abiertos.

El abogado del consumidor continúa: «Menciona el Ministro que la superposición de funciones generaba «excesivos» costos en las empresas. Mentira. Primero, incomprobable. Luego, al ser un sistema NACIONAL, si por ejemplo una persona de Formosa compraba una Tv en un local de CABA, y se la enviaban, esa Pyme debía contar con abogados o corresponsales en todas las jurisdicciones de Argentina a donde enviara sus productos. Con COPREC, eso no sucedía y abarataba mucho los costos para las PYMES porque asistían a un solo lugar. Imaginate no presentarte en Formosa y que la autoridad te aplique multa y tengas que o pagarla o recurrirla… los costos, mamita».

Y concluye: «Finalmente se mencionan los ‘Auditores’ de Consumo. Figura que fue creada por la Ley 26.993 pero al igual que los Tribunales de Consumo que esa misma ley prevé, nunca se llevaron a la práctica, o sea, gasto cero«.

Alerta por el impacto

En diálogo con Ámbito Financiero, el abogado Patricio Ferrazzano (matrícula t149 f388) explicó que la decisión del Gobierno «implica una herramienta menos para el consumidor, gratuita, que tenía una tasa altísima de resolución del conflicto».

«Se está argumentando que hay duplicidad de sistemas, pero lo cierto es que no todas las jurisdicciones tienen implementado un servicio de conciliación de consumo. En la Ciudad de Buenos Aires podría pasar que algunos ciudadanos van a ir al Consejo de la Magistratura -que es el nuevo sistema de servicio de conciliación- pero algunos no van a poder entrar dentro de esos parámetros y se van a quedar sin jurisdicción».

«Más allá de si hubiese duplicidad de sistemas, cosa que no ocurre, en definitiva la medida beneficiaba al consumidor que podía elegir entre un camino u otro para elevar sus reclamo», señaló.

Con COPREC muchas personas podían acceder desde sus jurisdicciones, independientemente de si tenían servicio conciliatorio en las relaciones de consumo: «COPREC tomaba la audiencia a distancia y citaba a la empresa para resolver el conflicto».

Además, está el tema de los costos que ahora deberán afrontar los consumidores: «Siempre se presume que las cuestiones que tienen que ver con consumidores son gratuitas, pero ahora ¿quién va a afrontar los costos si elegimos la mediación? Si va a ser el consumidor se está rompiendo algo bastante básico y consensuado por todos», advirtió Ferrazzano.