El gobierno de Javier Milei no necesitaba una denuncia por violencia contra el expresidente para destruir las políticas estatales de género: ya lo estaba haciendo, y se vanagloriaba de ello. Pero el horror de los golpes a la ex primera dama le calza a la perfección para coronar el proceso. Para terminar de desacreditar todo lo hecho por los derechos de mujeres y disidencias, como si esos derechos hubieran dependido de Alberto Fernández y no de una lucha en las calles que lo precedió por años.
“El movimiento feminista de nuestro país fue orientación e inspiración en el mundo entero, inaugurando un ciclo de movilización transnacional. Durante la pandemia, gracias a esa fortaleza, se sostuvieron las calles al punto de conquistar el aborto en 2020. La memoria feminista de las redes que nos sostuvieron entonces son clave. Quienes no tienen una lectura de proceso, solo miran fotos estáticas”, escribieron en este diario Luci Cavallero y Verónica Gago, de Ni Una Menos. No ahora, sino en noviembre del año pasado, tras el triunfo electoral de la ultraderecha en la Argentina. Aunque la alusión a las fotos parezca premonitoria. (Fotos que, como se dijo acá, Tiempo decidió no mostrar: porque revictimizan, porque vulneran los principios básicos de cómo abordar la violencia).
Destrucción y cinismo
“La línea 144 está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando la denuncia de Fabiola Yáñez ya era un hecho. Amnistía le respondió con datos: le recordó que esa línea –que atendió entre 2019 y 2023 más de 1.200.000 llamadas y realizó más de 93.000 intervenciones- quedó reducida por la actual gestión a dos trabajadoras por turno.
“Actualmente, hay 7 mil víctimas de violencia de género en situación de riesgo alto sin respuesta y a la espera de recibir la prestación financiera del Programa Acompañar. El Ministerio de Justicia disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género. Es la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. Esto sucede en mientras en Argentina se registra 1 femicidio cada 32 horas”, detalló la organización internacional.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), apuntó también que la línea 144 recibió 10 mil comunicaciones en lo que va del año consultando por el Programa Acompañar, una ayuda económica para mujeres que la necesitan para salir de un vínculo violento. “En el primer trimestre del 2023 lo habían recibido 34.023 personas, mientras que en primero de 2024 sólo 434 lo recibieron. Es decir, un 98.63% menos”, contrastaron, y se preguntaron: “Si se elimina la Subsecretaría y se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la 144 para acompañarlas realmente?”
“Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres y hayan hecho un uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia y trascendencia al movimiento feminista y nuestras reivindicaciones. No invalida el trabajo que muchas personas hicieron antes, durante y después de su mandato, con o sin identificación político partidaria”, concluyó ELA, en tiempos de decir lo que parecía obvio.
Modus operandi
“Creo que la postura del Gobierno es una muestra más del modus operandi cínico, que trata de culpabilizar y atacar las reservas de luchas más importantes de nuestro pueblo. La escena es perversa: se nos culpa aun si las luchas feministas son la condición de posibilidad de que exista audibilidad para una denuncia”, sostiene Luci Cavallero, feminista y socióloga. “Sería imposible que un caso como el de Fabiola tenga condiciones de audibilidad sin luchas feministas previas”, resalta.
El combo del desmantelamiento de políticas de prevención y abordaje de violencias de género, apunta la investigadora, “se suma a la eliminación de políticas que buscaban reducir brechas salariales y de ingresos, o a las políticas de prevención del embarazo adolescente como el Plan Enia. Todo eso combinado con allanamientos a comedores populares y persecución de la protesta social que tratan de generar un clima represivo frente al ajuste brutal”. Cuyos efectos quedan opacados en los medios por estos días, casi exclusivamente volcados a las filtraciones de videos y las opiniones de repentinos escandalizados ante la violencia machista.
Como quedó opacado el escándalo de la visita de legisladores oficialistas a genocidas. Entre quienes, paradójicamente, hay responsables de la violencia de género en su máxima expresión, ejercida sobre los cuerpos de mujeres ilegalmente detenidas en centros clandestinos. Como el expolicía Mario Marcote, uno de los represores presos que posó para la foto, condenado por violaciones a personas secuestradas en Rosario. Pasó de largo en el tamiz de la indignación selectiva.
Apunten contra el Ministerio de Mujeres
“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia”, escribió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a fines de junio.
Tras la denuncia contra el expresidente, celebró la puesta en venta del edificio donde funcionó ese ministerio: “Abandonado y en peligro de derrumbe, refleja irónicamente la gestión de Alberto Fernández”, chicaneó por redes.
“Lo que vinieron a hacer con el ex ministerio es cumplir la promesa de campaña de destrozarlo”, lamenta Fernanda Fuentealba, secretaria general de ATE en esa cartera. Mientras sigue en la lucha por la situación de trabajadoras despedidas, advierte que hubo reincorporaciones “a cuentagotas, que no alcanzan para reactivar políticas. Dejaron una o dos personas por programa. Pasaron de decir que no existe la violencia de género y que todo es violencia, a decir ‘existe y nos ocupamos’, pero no dan estructura institucional para hacerlo. Es un cinismo inigualable”.
