Con un récord de cuatro aprobaciones de semillas genéticamente modificadas (dos para maíz, una para soja y otra para algodón), el gobierno que encabeza Javier Milei se encamina a una liberalización extrema del agronegocio y el mercado de agrotóxicos.

Casi todos tienen una combinación de secuencias genéticas que vuelven a estas semillas resistentes al glifosato, el glufosinato de amonio y el 24D, todos ellos potentes herbicidas que generan daños a la salud y el ambiente.

“El principal riesgo de los transgénicos es que están directamente asociados a los agrotóxicos. Las modificaciones genéticas en las semillas buscan su tolerancia a estos químicos. Y no hay buenas prácticas agrícolas cuando estas tecnologías habilitan a un uso indiscriminado y exponencial de venenos”, dice Carla Poth, investigadora e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya!

“Hoy existe evidencia científica sobre el daño de los agrotóxicos no solo en las poblaciones fumigadas, sino también en la población urbana, porque llegan a nuestra mesa con los alimentos”, apunta Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Una historia que no es nueva

La historia de los transgénicos se inició en 1996 con la aprobación de la soja RR resistente al herbicida Roundup, tal el nombre comercial del glifosato. “Entró al país bajo falsas promesas, como la de aumentar la producción de alimentos, generar mejoras en los cultivos y en la alimentación”, comenta Guillermo Folguera, biólogo, investigador y activista ambiental. Pasaron casi 30 años y no sólo no se concretaron esas promesas sino que se incrementaron los problemas. Tenemos casi un 60% de la población bajo la línea de pobreza y eso tiene que ver con un proceso acelerado de concentración de la tierra que atenta contra la diversidad biológica y de la matriz productiva”.

Los casi 80 transgénicos aprobados desde el 96 hasta hoy generan alarma. Y cada evento transgénico que se presenta como un “avance tecnológico”, implica un retroceso en la salud y la biodiversidad. “El trigo HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, favorece la deforestación porque permite cultivar en zonas con estrés hídrico donde antes había bosques, pastizales o monte”, dice Folguera.

Esta variedad, desarrollada por la firma Bioceres junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue aprobada para cultivo en Argentina en octubre de 2020 y para su comercialización en 2022, pese a que diversas organizaciones ambientales y científicas advirtieron sobre los efectos de este herbicida para la salud y el ambiente, y los riesgos de contaminación cruzada entre el trigo convencional y el transgénico.

“Esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos de control, con medidas como el mega DNU, la Ley Bases y el Régimen para Grandes Inversores (RIGI), que profundizan el extractivismo y la destrucción del ambiente”, advierte el agrónomo Carlos Manessi, de la multisectorial “Paren de Fumigarnos”.

La carrera por la desregulación

La expansión del modelo extractivista que impulsa el agronegocio no es privativa del gobierno de Milei. Según registros del colectivo “Semillas Libres Ya!”, en la presidencia de (Carlos) Menem se liberaron 5 transgénicos (un promedio de 2,5 por año). Con De la Rúa 2 en 2001 (1 por año). Con Nestor Kirchner, 4 (1 por año). Con Cristina Fernández fueron 24 en sus dos presidencias (3 por año); En el gobierno de Macri 25 (6 por año); en el de Alberto Fernández 14 (3,5 por año) y con Javier Milei se liberaron 4 en los 8 primeros meses, lo que da una proyección de 7 por año.

Además de sus impactos en la salud y la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados (OGM) afectan la soberanía alimentaria ya que solo cuatro compañías dominan el mercado (Bayer-Monsanto; Syngenta; Dow-Dupont y BASF) y dicen qué cultivar, dónde y cómo; desarticulando a las economías regionales y campesinas, ya que los pequeños y medianos productores no acceden a la compra de insumos, o lo hacen a un precio que luego se traslada al consumidor”, señala Poth.

“Todas las medidas que está tomando el gobierno, desde el DNU a la Ley Bases y el RIGI, van en el sentido del desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, amenazando la salud humana y ambiental”, señala Ricardo Garzia, presidente de FECOFE e integrante de la Mesa Agroalimentaria, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y otras organizaciones de la agricultura campesina.

Este modelo de producción y comercialización concentrada tiene dos grandes perdedores: los productores en sus territorios, y los consumidores, porque les llegan al plato alimentos caros, y no saludables”, concluye.