Cada diciembre las comunidades educativas de Mendoza viven con incertidumbre su continuidad. Este año esa regla se cumple con especial énfasis en los establecimientos del nivel secundario de Gestión Social (CENS), ante la decisión del gobierno de Rodolfo Suárez de rescindir los contratos. Pero el 2020 no es un año más, y recortar en educación es contribuir a las angustias y el desamparo. Que la educación de gestión social sea producto de una cogestión entre el Estado y las organizaciones agiganta la tijera. Y anunciarlo en la última semana del año –sostienen las comunidades educativas– fue aumentar la crueldad.
El 28 de diciembre de 2020, la Directora de Gestión Social y Cooperativa, Beatriz Della Savia, comunicó la decisión de rescindir los convenios con los tres CENS de Gestión Social de Mendoza: la “Escuela Campesina en Agroecología” de Lavalle, el “Bachillerato Popular Violeta Parra”, del Barrio La Favorita de Mendoza Capital, y el CENS “Alejandra Soto” de las Comunidades Trinitarias en el kilómetro 11 de Guaymallén.
¿Qué significa rescindir un convenio entre la Dirección General de Escuelas y los centros de Gestión Social? En la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de Mendoza, similar a gran parte del país, conviven actualmente tres tipos de gestiones: la estatal, la privada y la social. En ésta última se da un tipo de administración coordinada entre el Estado y una organización comunitaria. Es el caso de la Escuela Campesina, donde la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST) y familias de Lavalle llevan adelante desde hace once años un proyecto que integra producción, trabajo y educación. El Estado hace al CENS un aporte ínfimo (25 horas cátedra y un cargo equivalente a 10 horas cátedra), sin embargo con el accionar de la organización social se logra “el acceso a una educación integral, de calidad y pertinente para el contexto rural”, tal como afirma el comunicado emitido por la UST, en el que remarcan que más de cien jóvenes y adultos mendocinos pudieron completar sus estudios desde 2011: “La creación de la Escuela Campesina de Agroecología significó una conquista histórica para las familias rurales. Un gobierno que cierra escuelas es un gobierno neoliberal, y un gobierno que cierra escuelas rurales es un gobierno que discrimina a la población rural”.
En 2020 la matrícula alcanzó a 65 estudiantes, respondiendo a una demanda concreta de las comunidades y cooperativas organizadas, luego de un largo trabajo de análisis de las causas y dificultades que en las zonas rurales impedían el acceso a la educación, que según la UST “a partir de ahora interrumpen su proceso educativo, quedando a la deriva su certificación”. Y acotan: “Anunciar esta medida, luego de un año de pandemia y a pocos días de fin de año, constituye una desafortunada muestra de mala intencionalidad o absoluta torpeza”.
Para la supervisora Sandra Lonigro, esta experiencia pedagógica “se ha transformado en una referencia para la formación docente y el debate educativo logrando un gran reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional”.
El cierre de estas instituciones se enmarca en un 2020 con falta de políticas públicas para que el sector educativo de Mendoza pueda afrontar una pandemia. El listado del “debe” incluye una remuneración que se encuentra entre las más bajas del país, persecución a docentes y directivos (en consonancia con los grandes medios mendocinos), y falta de soluciones en un tema clave como es la conectividad. La enumeración concluye ahora con el cierre de las tres escuelas de Gestión Social.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) repudió la situación. Subrayaron que este cierre “no puede leerse aislado del gran golpe que viene sufriendo la educación pública en general, con un intento de reforma de la ley provincial de educación, con el no reconocimiento de la tarea realizada por trabajadores y trabajadoras de la educación y estudiantes en medio de una pandemia que puso al descubierto la profunda desigualdad educativa que gestiona este gobierno, y con una paritaria a la baja.”
Similar a lo que sucede con el macrismo en CABA, los gremios enfatizan que en Mendoza la política educativa transcurre acorde con los lineamientos mercantilistas de los organismos internacionales de crédito, centrándose en un modelo tecnocrático que fue debilitando la educación pública. Este paradigma relegó particularmente a las modalidades educativas menos tradicionales y más horizontales (educación hospitalaria, campesina, de gestión social), como espacios de abordaje educativo de sectores populares en toda la diversidad que entrecruza a los sujetos y sus contextos, entre ellos a la permanencia de jóvenes y adultos dentro del sistema.
Un día antes de que termine el 2020, las comunidades educativas marcharon en el Nudo Vial en defensa de estos espacios educativos vitales para los sectores populares. Durante la marcha, docentes y alumnos remarcaron que, con su decisión intempestiva, el gobierno de Mendoza desconoce la Ley Nacional N° 26.206 cuyos artículos 4 y 13 constituyen el marco legal de la educación de gestión social, al abogar por “una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias”.
