A casi dos meses del incendio que calcinó una parte de la pequeña localidad cordillerana de Epuyén, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, abandonó definitivamente a las víctimas de la tragedia y las dejó libradas a su suerte con solo una pequeña asistencia básica de subsistencia que culminará en un mes, en abril, cuando el otoño patagónico ya comenzará a sentirse en toda su crudeza.
Aunque prometió una rápida reconstrucción de todo lo perdido, tal cual estaba antes del fuego, con los 7.000 millones de pesos que aportó el Gobierno nacional, el gobernador solo entregó una pequeña asistencia alimentaria por cuatro meses con un subsidio de alquiler por igual lapso, y un voucher por hasta 20 millones de pesos, con pocos beneficiarios, para comprar materiales de la construcción.
Torres no envió equipos de Desarrollo Social a fin de censar a las víctimas para conocer la real magnitud de sus necesidades y responder con políticas de atención acordes, ni llegó con grupos interdisciplinarios de salud para contener física y psicológicamente a los damnificados, ahora revictimizados por el abandono oficial.
Además, descargó sobre los afectados la responsabilidad de la gestión administrativa de la escuálida asistencia, al obligarlos a presentar presupuestos para las compras de materiales en plazos imposibles, liquidaciones de gastos en alimentos facturados al municipio y contratos de alquiler con exigencias incumplibles en la zona.
Simultáneamente, la gobernación decidió cerrar este año dos salas en el jardín de infantes 476 a las que debían asistir muchos de los niños y niñas afectados por el incendio, y que ahora o quedarán fuera del sistema o hacinados de a 20 en salas de 6 por 5 metros y mezclados en edades de 3, 4 y 5 años.
“El desamparo es muy angustiante. Casi todo lo que pudimos hacer es gracias a la solidaridad de la gente, porque el Estado no está respondiendo al contexto de emergencia y catástrofe que vivimos en Epuyén”, explica Azu Gatti Yapur, una de las víctimas del incendio que desde el 15 de enero arrasó con todo lo que tenía hasta ese instante.
Azu y su familia viven ahora en un pequeño domo precario que logró montar con ayuda de amigos y vecinos solidarios sobre las cenizas de su casa, mientras se sumerge en el laberinto de la reconstrucción y comienza a organizarse con otras víctimas, igual de abandonadas, para exigir a los estados nacional y provincial que cumplan su rol con responsabilidad y una condición de humanidad hasta ahora ausente.
Uno de los inconvenientes para la organización es la falta de información oficial confiable sobre la cantidad real de afectados. Hubo un trabajo de relevamiento inicial realizado por las “Trabajadoras Comunitarias de Salud” del hospital local (las únicas que llegaron con un abrazo inicial a las víctimas) pero el Municipio se niega a compartirlo con el argumento de preservar la privacidad.
Hay personas que todavía viven en carpas, algunos en pequeñísimas casas de turismo y otros hacinados entre dos o más familias de amigos o familiares.
A medida que van superando el estado de shock inicial y padeciendo la muralla burocrática de la indiferencia oficial, las víctimas del incendio comenzaron a tejer una red incipiente de organización que tuvo esta semana su primera aparición pública con un comunicado para explicar el estado de situación, y una carta al gobernador Torres y al intendente local José Contreras con los primeros enunciados de sus reclamos. Hasta el cierre de esta edición no había respuestas.
Tiempo accedió a todos esos documentos y dialogó con varios de los y las damnificadas, a través de cuyos testimonios pudo reconstruir los hechos que confirman la ausencia del Gobierno provincial, la crueldad de su indiferencia y la incapacidad del Municipio para dar respuestas a una tragedia que los supera por completo.
Alimentos: Pagos de 350.000 pesos mensuales de asistencia alimentaria hasta abril, con el poco feliz nombre de “Subsidio de Subsistencia”. Es un monto fijo por familia que no diferencia ni la cantidad de miembros ni las edades ni las necesidades especiales. Recién comenzaron a pagarlo en marzo y debe liquidarse por mes con facturas de cada compra a nombre del municipio.
Vivienda: Subsidio de Alquiler por 350.000 pesos hasta abril, con contrato de alquiler legalizado y sólo para quienes presenten el título de propiedad de la tierra que habitaban o el contrato de alquiler anterior. Cualquier otra variante de vivienda no está contemplada.
Reconstrucción: La provincia entrega un voucher de 20 millones de pesos para la compra de materiales que, según los afectados, en el mejor de los casos alcanza para pisos, paredes y techo en una edificación de 32 metros cuadrados, sin contemplar cañerías, artefactos, cableados, puertas, ventanas y la mano de obra que ronda los 25 millones de pesos. El voucher solo puede usarse en los tres corralones de El Bolsón, localidad distante a 25 kilómetros hacia el norte de Epuyén, una distancia muy difícil de salvar para quienes perdieron todo, incluida la movilidad propia.
Pero a ese beneficio solo accederán aquellas personas con título de propiedad de la tierra que habitaban, y nada más que para una casa por título cuando, en las zonas rurales, lo habitual es que en los campos haya muchas subdivisiones con casas de las familias que van conformando los hijos y las hijas (como mínimo) del propietario inicial.
Bajo ninguna de sus formas, la asistencia para la construcción contempla a las y los trabajadores independientes, artesanos, carpinteros, ceramistas, orfebres, ebanistas, luthiers, entre muchos otros, que además de sus casas y huertas, perdieron los talleres y herramientas que son su forma de sustento.
Tampoco a aquellos productores rurales que perdieron cultivos, acopios, animales y criaderos, ni tampoco a quienes salvaron la hacienda pero carecen de pasturas o granos para alimentarlos durante el crudo invierno patagónico.
Una de las víctimas, María Rosa Corbalán, contó a Tiempo que cobrará un voucher de 20 millones cuando en el incendio perdió su casa, las tres viviendas de alquiler que eran su medio de vida y una quinta edificación que habitaba su pareja, empleado municipal no registrado que percibe la mitad de un salario mínimo. “Lo que han hecho no son medidas tomadas con la verdadera conciencia que la situación requiere; son anuncios tirados solo para calmarnos” precisó María Rosa.
El Gobernador Torres visitó tres veces Epuyén desde el 15 de enero, acompañado siempre de funcionarios y equipos de camarógrafos: en la primera prometió ayuda y destinó la mayor parte de su discurso a culpar a las comunidades mapuches por el fuego; en la segunda prometió la reconstrucción total de cada casa tal y como se encontraba hasta el minuto anterior al incendio, y se comprometió a reponer los talleres, elementos de trabajo e insumos para continuar la producción rural. La tercera vez trajo consigo una decena de lotes de herramientas, se fotografió y filmó mientras visitaba los escombros de algunas casas, y ya no regresó más.
“El panorama que nos deja es desolador. Pero si bien la situación es dramática, la respuesta comunitaria es maravillosa, nadie ha quedado a la intemperie gracias al abrazo comunitario. Dentro de la tragedia que sufrimos, quedó claro que en lo comunitario hay algo hermoso y muy pero muy humano”, celebra Azu.
