El presidente Luis Arce afronta este lunes su primer paro nacional convocado contra un proyecto de ley que combate el blanqueo de las ganancias ilícitas y contra la «persecución política» que denuncia la oposición, una medida que el Gobierno ve como un intento de desestabilización que espera revertir mañana con marchas oficialistas. En septiembre, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que pretende evitar el blanqueo de dinero considerado como proveniente de «ganancias ilícitas», la oposición y otros sectores sociales anunciaron un paro nacional.

La semana pasada, el denominado Bloque de Unidad -conformado por los comités cívicos del país, políticos de la oposición, Conade y activistas- determinó sumarse a la medida que también protesta contra la “persecución política” que le adjudica al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los primeros puntos de bloqueo se registraron en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que el personal de la institución estaba desde las 4 de la mañana “en los puntos considerados neurálgicos”.

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el paro se cumplía esta mañana con mayor contundencia en la capital cruceña, la región más opositora gobernada por Luis Fernando Camacho, uno de los mayores artífices del golpe de Estado de noviembre 2019 contra Evo Morales. Santa Cruz amaneció sin circulación de transporte público ni privado, al menos en sus principales vías.

Cochabamba también registraba hoy algunos puntos de bloqueo en los puentes que unen esa ciudad con Quillacollo, indicó Aguilera, citado por el medio local La Razón. El jefe policial explicó que en la capital La Paz inicialmente se detectó a unas 15 personas bloqueando la avenida Illimani de la zona de Miraflores y a otro grupo en el puente Pasoskanki. Pero “en este momento están siendo retirados”, precisó. En la zona Sur también se instalaron algunos puntos de bloqueo, como en Irpavi y San Miguel.

El paro, que cosechó algunos respaldos en distintos sectores de al menos siete departamentos, no tuvo mucho eco en Oruro y Chuquisaca. Sólo cuatro autoridades subnacionales, un gobernador y tres alcaldes, anunciaron que asumirán la medida de presión. “En este momento, desde el aeropuerto hasta (la zona de) Chasquipampa, no hay un solo punto donde la población se encuentre con restricción. Estamos evitando cualquier situación de aglomeración de personas que quieran generar bloqueos”, aseveró en referencia a La Paz el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, en entrevista con Bolivia TV. Cox agregó que el panorama es igual en el caso de Cochabamba, donde por la madrugada existían personas que se encontraban en dos puntos de bloqueo y que al final abandonaron la actividad.

Reportes de BTV mostraban que en La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro, Beni, Pando y Tarija las actividades eran normales, informó la agencia estatal de noticias ABI. La protesta se da nuevamente en octubre, como en 2019, con las movilizaciones poselectorales que denunciaban un fraude en los comicios jamás probado y que terminó con la salida del Gobierno de Morales, y en 2020, cuando hubo tensión previa a los comicios generales en los que el MAS se impuso con comodidad. El Gobierno calificó la medida como política, en beneficio de “algunas élites”.

Sectores afines al MAS como la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), las Bartolinas, entre otros, anunciaron una movilización para mañana. El senador del MAS Félix Ajpi indicó que con el paro se pretende afectar la economía del país y desestabilizar al Gobierno. Agregó que la oposición aún no supera que el MAS haya recuperado el poder en las urnas. “Estos grupos de oposición han sido parte de los golpes de Estado. Están dolidos de que a menos de un año hemos vuelto al Gobierno. Ellos cuando estaban en el poder destruyeron el país y quisieron rifar nuevamente el Estado”, sostuvo.