El gobierno nacional confirmó en la noche de este jueves que emitirá un decreto de necesidad y urgencia para darle cauce legal a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Anunció, además, que enviará ese DNU al Congreso para obtener su “apoyo”.
Según el comunicado oficial emanado de la Oficina del Presidente, “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
Según esa dependencia, Milei estaría así cumpliendo su compromiso asumido en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la semana pasada: “Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
El tema ya generó polémica. Primero, porque se esperaba que el Poder Ejecutivo mandara un proyecto de Ley, incluso dentro del mismo gobierno existía esa posición. El DNU es, en ese contexto, una vía de escape respecto de la ley 27.612, también conocida como ley Guzmán, y que pone un límite a la emisión de títulos de deuda en moneda extranjera.
En segundo lugar, porque el DNU 846 del año pasado ya permite al gobierno renegociar los términos de la deuda pública en forma totalmente negativa para los intereses del país, sea porque el resultado es un mayor pago de intereses o plazos más prolongados o se sostiene el total del capital o se cambia de moneda más favorable para el acreedor. O todo eso junto.
El temor de quienes cuestionan el DNU es que si el Congreso lo deja pasar, se le estaría dejando libres las manos al gobierno para firmar un convenio que podría afectar gravemente los intereses nacionales, es decir, de la población del país.
El gobierno intentará escapar a esos planteos con el argumento de que se trata de una baja de la deuda. “Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”.
En tercer lugar, el gobierno le pega un cachetazo al Congreso al emitir un DNU y no ir con un proyecto de ley, situación en la que debería presentar los detalles del acuerdo. Días atrás, desde la Casa Rosada probaron la posibilidad de enviar un proyecto sin la parte técnica, lo que fue rechazado tanto en el ámbito legislativo como empresarial.
A esto se le agrega la innecesaria acción de «remitir» al Congreso del DNU porque ese movimiento formal no existe. El Congreso está facultado para tomar un DNU y tratarlo para derogarlo, como sucedió con el DNU 70/2023, que fue derogado por el Senado pero que Diputados nunca lo trató, por lo que sigue vigente.
