El gobierno nacional salió a asistir a sectores medios afectados por la crisis económica pandémica general, pero que en los próximos días de cuarentena estricta estarán imposibilitados de trabajar. Gastronomía y monotributistas, el universo caracterizado por la autonomía y precariedad, propio de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, recibirán ayuda económica en mano. En tanto, en Provincia también se lanzó una batería de ayuda. De esta manera, el oficialismo se diferenció de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

La estrategia del gobierno de Alberto Fernández, ante la imperativa necesidad de frenar la circulación de personas, en medio de una pobreza que ronda el 40%, fue salir a sostener a los sectores más afectados con dos tipos de ayuda: social y económica. Este viernes, el gobierno amplió el programa REPRO a los sectores gastronómicos y monotributistas, en mayor parte ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca destacó que la particularidad de esta herramienta es que permite sostener a flote a comercios o empresas y no cortar el tejido productivo. “Está conversado con el ministro de Economía, tenemos fondos para sostener el REPRO”, sostuvo la funcionaria y explicó que la iniciativa fue del ministro de Trabajo Claudio Moroni.

La decisión de ampliar el listado de actividades consideradas “críticas” incorporó a comercios de rubros no esenciales como indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos. Además, para los comercios ya esenciales pero que en los últimos meses se vieron afectados por la caída de la circulación, como kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio y para los locales de los shoppings del AMBA, se aumenta el monto de 18 a 22 mil pesos a pagar a la empresa por trabajador o trabajadora. En detalle, alcanza a los sectores principales de la actividad económica de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, como gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, peluquerías y centros de belleza.

Axel Kicillof ya había anunciado este viernes un paquete de medidas de asistencia económica directa para las empresas de su distrito. El gobernador sostuvo que “no se aplicarán retenciones de ingresos brutos” a sectores afectados por la pandemia. Indicó que se suspenden los embargos judiciales de junio a agosto y que habrá una ampliación del Programa Preservar Trabajo. Pero, además de no cobrar impuestos a los sectores más afectados, la Provincia también bajó dos mil millones de pesos destinados al entramado comercial del conurbano, en su mayor parte compuesto por gimnasios; jardines maternales; transporte escolar; salones de fiesta y calesitas; restaurantes, bares y clubes nocturnos a través del Programa de Sostenimiento Económico destinado a Micro y Pequeñas unidades productivas de hasta 80 trabajadores, que pertenecen a los sectores más afectados por la pandemia.

Hasta el momento, la ayuda económica del gobierno del PRO no fue plata en mano. El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta logró la sanción en la Legislatura de dos leyes de eximición de pago del impuesto a los ingresos brutos para clínicas y sanatorios privados en mayo y junio por los servicios de internación, y a los comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas, ya sea con servicios de mesa, al mostrador o al paso por los meses de mayo, por junio y julio.

En la Casa Rosada destacan el volumen de dinero invertido desde el Estado nacional también en políticas asistenciales a través de la Tarjeta Alimentar, las becas Progresar y el Potenciar Trabajo para las cooperativas de la economía popular. “Las nuevas medidas para las familias son persistentes en el tiempo, a diferencia del IFE. La ampliación de la tarjeta Alimentar hasta los 14 años hace que lleguemos a 4 millones de niños y niñas”, sostuvo Todesca.

Algunos funcionarios en modo chicana preguntan cuánto es el monto que destina la ciudad más rica del país a ayudar a los empresarios y comerciantes porteños. También dan cuenta de la poca visibilidad que empezó a tener la ministra de Educación Soledad Acuña, defensora de la presencialidad, y hasta el propio Rodríguez Larreta, que limitó sus apariciones públicas a dar cuenta de las medidas sanitarias acordadas con el Gobierno nacional. Fue el propio presidente quien en pleno anuncio del confinamiento estricto señaló a Larreta por haber desorganizado la implementación de las medidas anteriores con la judicialización del DNU. Los funcionarios de Casa Rosada, que no dejan pasar el dato del crecimiento de los casos, sostienen que es el propio fallo de la Corte Suprema que funciona como foco sobre Larreta. «